Presión de la izquierda ante la supresión de partidas para la Memoria Histórica

 En el Congreso y en el Senado los grupos parlamentarios de la izquierda intentan que la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no quede definitivamente como papel mojado. La partida presupuestaria de 2012 descendió un 60% con respecto al año anterior y la previsión para 2013 es de su total supresión, como se aprecia en el anteproyecto de presupuestos para el próximo año. No obstante, también la de 2012 ha quedado congelada, es decir, no se ha autorizado su disponibilidad. El Senado debate una moción del Grupo Socialista por la que insta al Gobierno a que incluya una partida presupuestaria que permita “el apoyo del Estado a la localización y exhumación de las víctimas y la retirada de los símbolos franquistas”. Los socialistas aseguran su comprensión absoluta respecto a las dificultades presupuestarias pero reducir “a cero” el apoyo a la Memoria Histórica no lo pueden aceptar, según ha señalado Ramón Jáuregui, portavoz Constitucional en el Congreso y el último impulsor de la ley desde su puesto hasta diciembre de 2011 como Ministro de la Presidencia.

La Comisión Constitucional de la Cámara Alta será el marco en el que se vuelva a hablar de las víctimas del franquismo y de los símbolos de la guerra y de la dictadura. La primera parte instada por el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Francesc Antich, y la segunda a instancias del grupo Entesa pel Progrés de Catalunya. Las dos pretenden reavivar, y que no mueran definitivamente, medidas que se acordaron en virtud de la ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 y las recomendaciones de una comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos aprobadas el 29 de noviembre de 2011.

Desde el Ministerio de la Presidencia, con el socialista Ramón Jáuregui como ministro, se dispuso una dotación presupuestaria para el período 2006-2011 una dotación presupuestaria de cerca de ocho millones de euros. La tarea que se emprendió llevó a la exhumación de 348 fosas y al hallazgo de 6.420 esqueletos, en su mayoría correspondían a ejecuciones extrajudiciales de españoles republicanos. Desde entonces las partidas empezaron a languidecer con la reducción en 2012 de un 60%, que fue de 6,25 millones de Euros, a 2,5. Aunque ha habido exhumaciones recientes, en Aranda de Duero y en Montenegro de Cameros, y en otros lugares, los socialistas aseguran que proceden de las subvenciones de 2011 que distribuyó el gobierno socialista.

En el PSOE, tanto Jáuregui como el portavoz en el Senado ante la Comisión Constitucional. Francesc Antich, apelan, entre otros argumentos, a una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012, en la que estableció que es “inobjetable desde cualquier punto de vista –por imperativo del respecto debido a la dignidad de todas las personas y, hasta por razones de política sanitaria mortuoria – que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento”. En el mismo texto se afirma que “tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles". Todo ello conduce a establecer “deberes para las administraciones”. Se trata, por tanto, de facilitar la identificación de los restos para poder darles “digno enterramiento”.

No se mete el PSOE en otros asuntos sobre la guerra que sí va a abordar Entesa pel Progrés con su moción sobre la paralización de las resoluciones de una comisión de expertos sobre qué hacer con el Valle de los Caídos y todos los símbolos de la dictadura. Esta comisión abogó por convertirlo en un monumento a la “reconciliación” para lo que recomendaban exhumar los restos del dictador Francisco Franco y llevarlos a un lugar que estimara su familia. Nada se ha hecho en ningún sentido