Defensa pide a Hacienda 1.000 millones más al año para pagar deudas en armas

Entre 800 y 1.000 millones más al año. Esa es la cantidad que reclama Defensa para pagar la factura de los grandes programas de armas, al menos hasta 2015. Ya el año pasado el ministro Pedro Morenés arrancó a su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, un crédito extraordinario de 1.782 millones para abonar las “deudas pendientes” desde 2010 y poner “el contador a cero”. Con esa fórmula o con otra, Defensa pedirá este año otro suplemento porque, a juicio del secretario de Estado, Pedro Argüelles, financiar los grandes programas al margen del presupuesto ordinario “no es hurtar el debate público, más bien al contrario”. Lo cierto es que con el presupuesto anual de su departamento (casi 6.000 millones este año) es imposible digerir una factura tan abultada.

En los últimos meses, Argüelles ha negociado con la industria para reducir los pedidos o, al menos, dilatar los plazos de entrega; y, por tanto, el calendario de pagos. En algunos casos llega demasiado tarde: los 235 carros de combate Leopard, cuya necesidad operativa es muy discutible, ya han sido entregados al Ejército de Tierra y no hay posibilidad de devolverlos.

Otros programas responden a compromisos internacionales de los que España no puede desentenderse sin afrontar una dura negociación con sus socios y exponerse a posibles penalizaciones. El principal es el Eurofighter (EF-2000), el avión de combate fabricado por Alemania, Reino Unido, Italia y España.

Defensa ya ha anunciado que no firmará el contrato de la llamada Tranche 3B, la última pendiente, y que, en consecuencia, renuncia a 14 aparatos, por lo que el Ejército del Aire solo tendrá 73. Además, se ha aplazado hasta 2015 la entrega de 12 aviones (prevista para este año y el próximo) y se reducirá la flota operativa en un porcentaje aún por determinar. Según Argüelles, estas medidas supondrán un ahorro de 2.966 millones.

El otro gran programa europeo, el avión de transporte A400M, que se monta en Sevilla, sufrirá un recorte aún más drástico, ya que el Ejército del Aire reducirá su pedido de 27 unidades a solo 13. El problema es que España está obligada por contrato a pagar esos aparatos, aunque no los quiera. La solución será “poner a disposición” de la empresa fabricante (Airbus Military) 14 aviones para la exportación. Si se venden, el ahorro será de 2.360 millones; si no, solo de 800, pues se obviará el apoyo logístico y el mantenimiento.

El Ejército de Tierra mantendrá su encargo de 24 helicópteros de ataque Tigre (los tres primeros ya operan en Afganistán), pero se demorarán los pagos (igual que las entregas) y se renunciará a la reconversión de los primeros (HAP) a la versión de los últimos (HAD). Ello permitirá un ahorro de 33 millones.

Los programas que sufrirán recortes más drásticos son aquellos en los que no están implicados consorcios internacionales. La cifra de helicópteros NH-90, fabricados en Albacete, bajará de 45 a 22. Pese a ello, su coste no se reducirá, sino que aumentará en 190 millones, pues el contrato inicial no incluía elementos esenciales para que puedan ser operativos, como los equipos de misión o el sostenimiento.

El otro gran perjudicado es el Vehículo de Combate de Infantería (VCI) Pizarro, que pasa de 190 a 117 unidades y en cuyo contrato se quiere incluir el apoyo logístico durante cinco años con un ahorro de 163 millones.

Al margen se queda el submarino S-80. A la espera de tener un diagnóstico sobre su problema de sobrepeso —y el coste de su tratamiento—, Defensa mantiene en suspenso la obligada revisión del programa.