El fiscal reclama que Hacienda aclare si la Infanta cometió delito fiscal

El fiscal anticorrupción balear Pedro Horrach solicitó ayer al juez José Castro, que instruye el caso Nóos, una diligencia urgente y crucial para determinar si cabe imputar a la infanta Cristina por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

Pedro Horrach quiere que el juez pida de inmediato a la Agencia Tributaria un informe sobre si el delito fiscal que los expertos de Hacienda atribuyeron en enero pasado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, a través de su empresa Aizóon, es una imputación extensible a la infanta Cristina de Borbón, con quien compartía la propiedad de esta sociedad al 50%.

El fiscal justifica su petición en la resolución judicial que firmaron los magistrados de la Audiencia de Palma, que abría la puerta a la imputación de la infanta Cristina por un supuesto delito fiscal y otro posible de blanqueo de capitales.

En esa resolución, los magistrados rechazaban la imputación de la Infanta que había decidido el juez Castro por tráfico de influencias, al entender que no había suficientes indicios de la comisión de ese delito por parte de la hija del Rey.

Pero en el mismo pronunciamiento los magistrados de la Audiencia recordaban que el delito fiscal que la Agencia Tributaria atribuía a Urdangarin también podría imputarse a la infanta Cristina, dado que se había perpetrado con una empresa cuya propiedad compartían ambos a partes iguales.

En el fundamento séptimo de la resolución de la Audiencia de Palma, los magistrados sostenían que “no se puede descartar” que la Infanta pudiera ser autora de supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales cometidos a través de la empresa Aizóon.

Urdangarin utilizó Aizóon para recibir rentas de su actividad personal

El delito consistía en que su esposo, Iñaki Urdangarin, facturaba sus servicios de asesoramiento a distintas empresas privadas a través de la sociedad Aizóon, para de esa manera ahorrarse los impuestos que habría tenido que pagar si hubiera declarado esos ingresos a su nombre, según el informe del pasado enero que la Agencia Tributaria remitió al juzgado al considerar que podría tratarse de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

“Puede concluirse”, señalaban los inspectores fiscales en ese informe, “que, al margen de su actividad de arrendamiento de inmuebles, Aizóon ha sido utilizada por Ignacio Urdangarin Liebaert como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal, aprovechando no solo la diferencia entre los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades y el marginal del IRPF, sino la posibilidad de deducción de gastos personales así como la aplicación de una libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades a la que Aizóon no tenía derecho habida cuenta de su comprobada inactividad”.

La Agencia Tributaria atribuía en exclusiva los delitos fiscales descubiertos en la inspección de las cuentas de Aizóon a Iñaki Urdangarin. Se trataba de dinero ganado por Urdangarin y facturado irregularmente a la empresa Aizóon, cuya propiedad compartía con su mujer.

Pero los magistrados de la Audiencia de Palma, en su interpretación de ese informe, concluyeron que la infanta Cristina de Borbón podría haber sido “supuesta cooperadora omisiva de socio no administrador” de los delitos de su esposo en Aizóon.

Ante esas “líneas de investigación” insinuadas por la Audiencia de Palma sobre la nueva posible responsabilidad de la Infanta, el juez José Castro reclamó a las partes del caso Nóos que se pronunciaran.

El fiscal Pedro Horrach, principal impulsor de la investigación en el caso Nóos, rechazó la imputación de la Infanta por tráfico de influencias y recurrió la decisión del juez. Vista la resolución de la Audiencia de Palma, Horrach pide ahora que “el Delegado Especial de la Agencia Tributaria de Cataluña” aclare los aspectos que supuestamente podrían conducir a una nueva imputación de la infanta Cristina. “La propuesta de la Audiencia Provincial”, señala el escrito que el fiscal remitió ayer al juez Castro, “obedece a una secuencia lógica: aclaración por la Agencia Tributaria de las cuestiones planteadas en el auto, trámite de audiencia a las partes y decisión sobre posible imputación”.

Antes de imputar, Horrach quiere que se pronuncie la Agencia Tributaria

La Audiencia insistió en que antes de que el juez cite como imputada a la infanta Cristina es preciso que se “despejen las dudas e inconsistencias” y que los inspectores de Hacienda “den respuesta a las cuestiones tributarias que se suscitan y también referidas al posible blanqueo de capitales”.

Urdangarin cobró como consejero de diversas empresas privadas 645.000 euros en 2007 y 493.000 euros en 2008. Ese dinero lo ingresó tras emitir facturas a nombre de Aizóon y lo declaró a Hacienda como si correspondiera a rentas obtenidas por su sociedad, con lo que pagaba mucho menos por impuestos que si hubiera declarado ese dinero como retribuciones personales.

En esos ejercicios, Urdangarin se desgravó el pago del alquiler de una furgoneta familiar; gastos del pago de la plantilla de Aizóon por supuesto asesoramiento a su cargo de consejero de diversas empresas y otros gastos. Todos ellos, según la Agencia Tributaria, “no se compadecen con las actividades que decía realizar la empresa”. Estas prácticas fiscales, ilegales según Hacienda, sitúan a la Infanta al borde de una nueva imputación.