Cataluña presiona al Gobierno para evitar otro tijeretazo de 3.400 millones

El Ejecutivo de Artur Mas no quiere quedarse con el peor trozo de la tarta cuando se repartan de forma definitiva los objetivos de déficit. Y para ello, trata de cargarse de razones para lograr elevar, al menos para Cataluña, el listón del 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) dentro del cual, de momento, el conjunto de las comunidades deberá situar su déficit público este año. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, volvió a reclamar ayer para las autonomías un tercio del objetivo de déficit que se fije para todo el sector público español, del 6,3%, y recordó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya se lo daba en abril de 2011, cuando la meta acordada con Bruselas para 2013 era del 3% del PIB. En ese camino entre el 3% al 6,3%, dijo Homs, la Administración central ha ganado un margen de 33.000 millones (el 97% del total), mientras que las comunidades solo se han ahorrado unos ajustes de 1.000 millones.

En las negociaciones que el Gobierno de CiU mantiene con el de Mariano Rajoy, explican fuentes de la Generalitat, priman dos argumentos. El primero, que un ajuste de 3.400 millones de euros sigue siendo inédito e inasumible en plena recesión. Y el segundo, que el Estado sigue quedándose con la mayor parte del margen que está consiguiendo de Bruselas cuando las comunidades son quienes prestan los servicios básicos del Estado del Bienestar, que inevitablemente quedarán tocados con un ajuste que equivaldría al 15% del gasto no financiero de la Generalitat.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, cargó tras la reunión de ayer del Ejecutivo contra lo que desde el Palacio de la Generalitat se sigue considerando un “reparto injusto” de los objetivos. La reclamación sigue siendo un objetivo de déficit para Cataluña del 2% del PIB. Se trata de la cifra con la que la comunidad cerró 2012 pero que requeriría un ajuste de 1.800 millones de euros por el incremento de los gastos financieros.

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ya remitió una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, el pasado mes de enero en la que le exponía que la necesidad de que los déficits de las comunidades se fijaran en función del gasto de cada nivel de gobierno. De media, a la Administración central y la Seguridad Social les corresponde el 51% del gasto; a las comunidades, el 36%, y a las corporaciones locales, el 14% restante. Según lo anunciado en el Consejo de Ministros, el Gobierno central y la Seguridad Social tienen un objetivo del 5,1%, lo cual supone el 80% del total, mientras que las comunidades se quedarán con el 1,2%, equivalente al 20%, por debajo de ese tercio que reclama la Generalitat.

Homs comparó los objetivos de consolidación fiscal aprobados por el Gobierno de Rajoy el viernes con los que recogían los planes de Rodríguez Zapatero en abril de 2011. Entonces el objetivo para 2013 era cerrar el año con un desfase del 3% y ahora la meta es más del doble, el 6,3%. Sin embargo, el objetivo para las comunidades apenas ha variado: si en aquel momento era del 1,1% del PIB, ahora es solo una décima superior, del 1,2%. Es decir, entonces el esfuerzo de gasto de las autonomías era de un tercio del total, equivalente al gasto, y ahora es inferior.

Cataluña presiona al Gobierno para evitar otro tijeretazo de 3.400 millones

“Tomando la previsión inicial de 2013, el Estado ha pasado de un 3% de objetivo de déficit a un 6,3%, con lo que gana un margen de 33.000 millones de euros. Las autonomías han pasado del 1,1% al 1,2%, es decir, solo 1.000 millones, cuando son las administraciones que prestan los principales servicios”, argumentó Francesc Homs.

La Generalitat negocia con el Gobierno central con la convicción de que el déficit no será uniforme, sino asimétrico. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la mejora del déficit dependerá de la capacidad de Rajoy de aguantar las quejas de algunas comunidades de su color, pero confiaron en que Baleares y la Comunidad Valenciana se pondrán de su lado. Otras fuentes conocedoras de las negociaciones consideran que Rajoy ha sido “realista” con el escenario macroeconómico hasta 2015, por lo que esperan que también lo sea con los esfuerzos asumibles por las administraciones.