Máxima tensión de la oposición contra el Gobierno por la sanidad y las pensiones

La denuncia por los recortes de los servicios sociales y la negación del Gobierno de que tal situación ocurra en España es una constante en este primer año de legislatura del Gobierno del PP aunque en las últimas horas la oposición ha subido varios peldaños en la crítica y en la denuncia. La aprobación el pasado viernes de un decreto ley sobre las pensiones ha concitado la unidad de la crítica en la mayor parte de las fuerzas políticas, así como los datos últimos en materia de asistencia sanitaria. “La privatización de la sanidad está causando solo en la comunidad valenciana la muerte prematura de 2.400 personas”, ha proclamado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, acogiéndose a un informe de UGT, ante un sonoro murmullo de desaprobación del PP. “La reforma de las pensiones es el último crimen social; no lo vamos a consentir; prepárense para una rebelión democrática: o se van o les echamos”, ha advertido al Gobierno el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, han sido las más castigadas hoy en la sesión de control al Gobierno. Ambas han tenido que hacer frente a intervenciones muy duras, cargadas de indignación, tanto de la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, como de la diputada socialista Magdalena Valerio. Esta última a propósito del último decreto-ley sobre pensiones; asunto que también invocó el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares. “La reforma de las pensiones supone un crimen social que se suma al crimen de la reforma laboral; por lo que señora ministra, cómo es posible que aún no haya presentado su dimisión”, se preguntó Llamazares. La utilización de la palabra crimen le pareció excesiva al presidente del Congreso, Jesús Posada, pero Llamazares estaba preparado e informó a la Cámara que esa palabra significa “injusticia”, en una de sus acepciones, como puede comprobarse en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Entre ayer y hoy no menos de una docena de veces distintos diputados de la oposición han recordado al Gobierno que en poco más de un año de legislatura han aprobado 35 decretos – leyes. “Estamos ante un Estado de decreto” denunció Llamazares que junto con la diputada socialista Magdalena Valerio se prodigaron en reproches a la ministra Fátima Báñez por “este abuso”, que cercena el debate y la posibilidad de legislar con acuerdos. “ustedes recortan derechos a los mayores de 55 años, pero también pretenden que se compagine pensión, para pagar menos, y trabajo, de manera que ponen a los abuelos a trabajar y dejan a los nietos en el paro permanente”, ha señalado la parlamentaria socialista, que glosó desde su punto de vista el significado de la reforma de las pensiones.

Nada que ver con la perspectiva de la ministra para quien esta reforma “garantiza el futuro de las pensiones” y, al poner trabajas a las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas se pone freno a la tendencia de las empresas a expulsar a los mayores de 50 años en los despidos colectivos”. Imposible conciliar las visiones: un hachazo a los pensionistas y a los mayores de 55 años para la izquierda y toda una suerte de mejoras para la ministra.

La misma diferencia que se ha observado en relación a la sanidad. La carga dialéctica contra el Gobierno la emprendió a primera hora de la mañana la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, que invocó varios informes, pero con hincapié en uno de UGT en el que hace una previsión de muertes ocurridas en la comunidad valenciana por el cambio de la sanidad pública a empresas privadas con negocios en la sanidad. “Se hubieran podido evitar 2.400 muertes y ahora no vamos a consentir que eliminen las subvenciones para trasplantes de órganos a las comunidades que no cumplan el déficit; ¡Pero cómo se atreven!”. Hacía referencia Soraya Rodríguez a la información de la cadena Ser en ese sentido, de la que no hubo respuesta de la vicepresidenta en esta ocasión por mucho que la diputada socialista le preguntara si “no se había conmovido” ante ese “disparate”. No soltaba la presa de la sanidad esta portavoz al insistir en preguntas retóricas a Sáenz de Santamaría: “¿Pero quienes se creen que son ustedes para jugar con la salud de la gente ?". La respuesta fue de manual, en la línea de que el gobierno trabaja para garantizar los servicios públicos. Además, sobre las pensiones, fueron los socialistas quienes las congelaron.

Las referencias a la sanidad no terminaron en la sesión de control sino que los socialistas e Izquierda Plural se reunieron con el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, para suscribir un documento en defensa “de la sanidad pública, universal y de calidad”. Por el PSOE han firmado la responsable federal de Política Social, Trinidad Jiménez y el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, José Martínez Olmo; junto a Gaspar Llamazares por Izquierda Plural. El compromiso de plantar batalla política en el Parlamento y en la calle figura entre las prioridades de estas dos fuerzas políticas.