El Gobierno da un giro y recurrirá la declaración soberanista catalana

El conflicto con la Generalitat catalana amenaza con convertirse en una especie de Guadiana constante en la primera legislatura de Mariano Rajoy. El presidente ha optado cada vez con más claridad con jugar a dos velocidades, a dar una de cal y una de arena. Un día ofrece diálogo, unos días después aprueba una ley de Educación que es entendida por la Generalitat como una declaración de guerra. Un día se lanza en campaña electoral a la yugular de Artur Mas, otro le dice que está dispuesto a recibirle cuando quiera para buscar soluciones. Un día señala que el Gobierno va a actuar con mucha prudencia y que entiende que la declaración soberanista catalana tiene “efecto jurídico cero” y “no sirve para nada”, y dos semanas después, en pleno escándalo del caso Bárcenas, decide tomar la medida política más agresiva posible: un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa declaración soberanista.

Esto último es lo que anunció el viernes, en un claro giro de posición del Ejecutivo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En realidad, aún no se ha recurrido, pero se han dado todos los pasos para hacerlo. Ayer se estudió un informe de la Abogacía del Estado, una institución dependiente del Ejecutivo, que nombra a su máximo responsable, en el que se plantea que sí hay materia para recurrir porque esta declaración sí podría tener efectos jurídicos. El Gobierno pedirá al Consejo de Estado un informe, que no es vinculante —tampoco lo es el informe de la Abogacía del Estado, de forma que la decisión es puramente política— y todo indica, por lo que explicó la vicepresidenta, que el recurso llegará en un par de semanas. El Ejecutivo asume así el riesgo de que le pase como a José María Aznar con el plan Ibarretxe: que el Constitucional le diga que no acepta este recurso y le dé un varapalo jurídico.

Santamaría: "La Abogacía cree que sí se producen efectos jurídicos"

Hasta ahora, el Gobierno había dicho de manera directa o indirecta que no consideraba necesario recurrir esta primera iniciativa. Los planes del Ejecutivo pasaban por esperar a que la Generalitat o el Parlament tomaran alguna decisión de mayor calado. Se pensaba que podía ser una nueva ley de consultas en Cataluña que CiU y ERC han pactado promover o directamente esperar a que Artur Mas planteara el referéndum que tiene anunciado para 2014. Ese sí, sentenciaba en público y en privado el Gobierno, sería el momento de actuar y acudir al Constitucional.

Pero el Ejecutivo ha cambiado claramente de tercio. Tanto Sáenz de Santamaría en público como otros miembros del Gobierno en privado insistían ayer en desmentir que este giro, que admiten solo parcialmente, tenga que ver con el agobio del Ejecutivo con el caso Bárcenas y su necesidad de cambiar el foco de atención mediática. El asunto catalán ha sido hasta ahora un buen comodín para el PP en los momentos de mayor dificultad no solo por los escándalos, sino en especial por los malos datos económicos. Es una cuestión que anima mucho a su electorado, especialmente indignado, según las encuestas, por el escándalo del caso Bárcenas. Algunos medios de comunicación conservadores reclaman insistentemente a Rajoy mayor firmeza en el asunto catalán. Sin embargo, el Gobierno insiste en desmentir esta idea del movimiento político para desviar el tiro de Bárcenas.

Sáenz de Santamaría aseguró que si el Gobierno ahora se prepara para recurrir es porque así lo apunta la Abogacía del Estado, de la que habló con gran respeto entre otras cosas porque ella, como buena parte de los ministros y del equipo de Gobierno de Rajoy, pertenece a ese cuerpo.

“La Abogacía del Estado ha determinado que la declaración sí tiene efectos jurídicos. Ellos tienen mucha experiencia en estos asuntos y nosotros estamos cumpliendo con lo que siempre hemos dicho”, aseguró. Eso sí, después dejó muy claro que ni el informe de la abogacía ni el del Consejo de Estado son vinculantes.

Rajoy opta por la decisión más dura tras varios mensajes conciliadores

Sáenz de Santamaría fue contundente al hablar de la declaración soberanista que aprobó el Parlament con el apoyo de CiU, ERC e ICV y los votos en contra de PP, PSC —aunque una parte de sus diputados se ausentaron— y Ciutadans. La vicepresidenta no entregó el informe que había visto en el Consejo de Ministros, pero sí lo resumió. Primero, la inconstitucionalidad del contenido de la resolución, sobre el que no había muchas dudas: “La abogacía concluye que reconocer la soberanía del pueblo catalán vulnera el artículo 1.2 de la Constitución, que señala que la soberanía reside en el pueblo español: el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible: el artículo 9, que sujeta a todos los poderes públicos, con independencia de su ámbito; o el artículo 168. Esto es lo más claro”, sentenció la vicepresidenta.

Después, el informe justifica que sí tiene efectos jurídicos la declaración, sobre lo que había muchas más dudas, hasta el punto de que el presidente pensaba que no. “También fundamenta el informe si estamos o no ante una resolución recurrible. La abogacía cree que sí, de acuerdo con el artículo 161.2, porque produce efectos jurídicos ad extra, en tanto en cuanto busca dirigir a los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional”, aseguró Sáenz de Santamaría.

Se consuma así una nueva declaración de guerra política entre el Ejecutivo central y el catalán, en un conflicto que va para largo. Llegó así la de arena de Rajoy. Hace solo un mes, el presidente, al inaugurar el AVE Barcelona-Girona-frontera francesa con Mas, lanzó todo tipo de mensajes de acercamiento que el catalán obvió. Desde entonces las cosas parecen haber cambiado. Pocos días antes, el 28 de diciembre, Rajoy dijo que vería a Mas en La Moncloa en cuanto él quisiera, todo parecía un intento de apaciguar los ánimos. Un mes y medio después ni siquiera hay fecha para la cita, aunque en principio no debería tardar. Mas ya se ha visto con el Rey en La Zarzuela.

Rajoy también llamó a Mas tres días después de las elecciones catalanas para felicitarle por su victoria —perdió 12 escaños pero sacó casi 30 a ERC, el segundo partido más votado— en lo que La Moncloa vendió como un gesto de acercamiento. Pero no consta que haya habido ninguna otra llamada telefónica y ningún acercamiento. De hecho, la distancia es tan evidente que fue muy llamativa la semana pasada la diferencia de tono y relación con el lehendakari, el también nacionalista (PNV) Iñigo Urkullu, que se distanció de la línea rupturista catalana.