Frente a independencia, nuevo pacto

Después de las manifestaciones, los gritos y la campaña electoral, llega el momento de gestionar el desencuentro entre las fuerzas vivas de Cataluña y del resto de España. Las elecciones que abocaron a la victoria/derrota del presidente de la Generalitat, Artur Mas, dan paso a una etapa política marcada por el pacto entre CiU y ERC. En medio de ese proceso, y por si faltaba yesca en el fuego, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, arrimó una propuesta que las fuerzas vivas de Cataluña valoraron como un ataque al sistema de inmersión lingüística. En ese convulso contexto, EL PAÍS y la cadena Ser convocaron a personalidades de la vida política, económica y cultural en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el jueves pasado. Bajo el título de la jornada, Encuentro Cataluña-España, se debatía en realidad sobre la pregunta: què fem?, ¿qué hacemos?

Las respuestas evidenciaron la contundencia con que Artur Mas, Jordi Pujol, Josep Antoni Duran i Lleida o Joan Ridao dan por agotado el modelo de relación existente con el resto de España y la coincidencia en situar el punto de ruptura en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que anuló parte del Estatuto de 2006. Casi todos los participantes catalanes en esa jornada insistieron en que la sentencia fue una bofetada a la última propuesta de arreglar amistosamente los problemas con las instituciones españolas. Si alguna duda quedaba sobre la voluntad de poner rumbo al referéndum sobre la independencia, quedó despejada. Altos cargos del Gobierno central trataron de rebajar la virulencia y la urgencia del problema planteado. No lo hizo así el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien optó por un camino distinto: renovar el pacto constitucional para conseguir una España más federal y resolver por esa vía los fracasos derivados del recorte que la sentencia del Tribunal Constitucional aplicó al Estatuto catalán de 2006.

No era fácil que hubiera acuerdos. Los nacionalistas e independentistas reprocharon a las fuerzas políticas estatales haber cerrado las puertas, roto los puentes; la mayoría de ellos tampoco aceptaron que exista más de una voluntad en el seno del pueblo catalán, al menos en términos significativos. El catedrático y ensayista José Álvarez Junco apreció “dos discursos en paralelo que no llegan a encontrarse” y dejó ver la incomodidad que le causa ver reducido el problema Cataluña-España a un “nosotros” y un “vosotros”, como si no hubiera pluralismo ni diversidad. Nueve horas intensas de debates arrojaron un solo punto de acuerdo: la necesidad de seguir dialogando, tal y como lo reconoció el presidente de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, al término de las sesiones.

¿Nadie en España?

Tras la apertura del encuentro por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la primera parte del debate reunió a Jordi Pujol y Felipe González. El expresidente de la Generalitat confirmó su apuesta personal a favor de la independencia si se convoca un referéndum, argumentando que “en España no hay nadie” interesado en atender las propuestas de Cataluña.

González se resistió a dar por terminada la convivencia entre Cataluña y el resto de España: “Yo no me resigno”. Él y Pujol fueron contrincantes durante mucho tiempo —González ganaba las elecciones generales en Cataluña y Pujol las autonómicas—, pero también mantuvieron una buena relación de confianza mutua. El expresidente del Gobierno se mostró combativo: eso de que los catalanes se vayan de España afecta a todos los españoles, no solo a los catalanes. Introdujo así el problema de cuál es la comunidad política afectada por la eventual consulta: ¿Solo los catalanes? ¿Deberían ser consultados todos los españoles? González lo tiene claro: “Si alguna vez decidís”, le dijo a Pujol, “yo quiero votar”. El expresidente de la Generalitat lo ve exactamente al contrario: hay que consultar a los catalanes, que de acuerdo con su inveterado criterio son las personas “que viven y trabajan en Cataluña”. Todo ello sin perjuicio de admitir la difícil viabilidad de la independencia. A Felipe González le parece muy importante el respeto a las reglas del juego: “Hemos luchado durante muchísimo tiempo para tenerlas y las hemos pactado. Y nadie puede decir que se las salta si no le permiten que cambie”.

Pujol no es ni ha sido independentista, pero ahora votaría a favor de la independencia. “Por eso no hay que preguntar”, le dijo Felipe González

El director de EL PAÍS, Javier Moreno, preguntó si la desconfianza hacia el conjunto de España podía deberse a la ocupación de casi todo el poder de las instituciones españolas por un solo partido (el PP): a Pujol no se lo parece. Está convencido de que el anticatalanismo es “una actitud española muy general”. El director de EL PAÍS, que moderaba esta parte del debate, contó unas conversaciones mantenidas el día anterior con Pujol y con González. Y que el expresidente de la Generalitat le había dicho que nunca había sido independentista y ahora tampoco, pero que votará a favor de la independencia si hay un referéndum. En voz baja, apenas audible para el auditorio, Felipe González le dijo a Pujol: “Por eso no hay que preguntar”, como indicando que las consultas las carga el diablo. ¿Queda tiempo para encontrar soluciones? Pujol insistió en que no ve a nadie que quiera aprovecharlo. Y González: “El problema es que no tenemos otro remedio que entendernos: si no, va a ser un desastre para los unos y para los otros”. Y otra vez Jordi Pujol: “La iniciativa, para entendernos, debe ser de ustedes”.

Catalanismo herido

Los dos altos cargos del Gobierno central que asistieron al encuentro desmintieron que se haya roto algo irreparable. Para el subsecretario de Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales, “meterse en la deriva del referéndum sin saber adonde va puede generar frustración”. Recordó que lo que se plantea con ello es un cambio en la Constitución y que esta atribuye al conjunto de los españoles la capacidad para reformarla. Aseguró que hay cosas sobre las que ponerse de acuerdo —citó la reforma de la Administración o la reducción del gasto corriente—, sin ir a “soluciones maximalistas”.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, trató de rebatir una idea reiterada por otros asistentes: siempre ha habido alguien al otro lado de la puerta para escuchar sobre los problemas de Cataluña. A su juicio, la relación entre cultura e identidad tiene que ser inclusiva y no excluyente, y defendió un concepto de ciudadanía republicana. “No me gustan los conceptos de cultura basados en el romanticismo, porque excluyen la razón”. Y argumentó que la relación admirativa en el conjunto de España hacia Cataluña solo se perdió durante el periodo franquista.

Entre murmullos de reprobación a Lassalle en la sala, Álvarez Junco pidió que se le reconociera que lleva razón cuando dice que el catalán ha pervivido en “la Cataluña española”, mientras ha desaparecido en “la Cataluña francesa”, lo cual demuestra estrategias diferentes de los Estados español y francés respecto a la lengua catalana; aunque no por falta de voluntad aniquiladora por parte del Estado español —puntualizó— sino por debilidad.

Rubio Llorente propone regular la consulta sobre la independencia por una ley de las Cortes. “Una decisión así necesitaría una gran mayoría”

No paraban de saltar chispas en esta parte del debate dedicada a la lengua, que varios de los presentes resaltaron como la clave del catalanismo. Ni faltaron alusiones al reciente intento del Gobierno central para alterar algunas características del modelo de inmersión lingüística en la escuela. A la catedrática Victoria Camps le gustaría escuchar razones suficientes para mantener el “monolingüismo en la escuela pública”, cuando la sociedad catalana es perfectamente bilingüe. “¿Y por qué no trilingüe? ¿Por qué no fijarse en los modelos del País Vasco o de Galicia?”, insistió Victoria Camps. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, reaccionó a esas preguntas: ni la escuela catalana es monolingüe, ni hay razones para fijarse en lo que hacen vascos o gallegos, cuando el modelo educativo catalán se ha construido “de abajo arriba”, a partir de propuestas de la comunidad educativa. Albert Rivera, de Ciutadans, aprovechó para terciar a favor del modelo trilingüe, para el que “no hay voluntad política”.

Las alusiones al pasado y su influencia en la sensación actual de ruptura salpicaron toda la reunión. Ferran Mascarell intentó teorizarlo: “Sobre el pasado histórico, tenemos interpretaciones diferentes. Sobre el presente pactado, hemos de constatar que, después de cien años de hacer propuestas y proyectos para España, hemos fracasado. Y ahora somos ya muchos los que pensamos que no puede haber ya proyecto cooperativo con España; y si lo hay, será pactando de tú a tú”.

Pacto constitucional

Frente a las ideas nacionalistas, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, contraatacó con un proyecto para renovar el pacto constitucional. El líder del PSOE desarrolló algunos detalles de las ideas federalistas que el PSC y él mismo lanzaron a la arena de la campaña electoral catalana. “El debate del derecho a decidir no nos lleva a ninguna parte”, afirmó Rubalcaba en el encuentro de Barcelona. Reconoció que ese concepto es imbatible como eslogan político, “pero de la misma forma que Cataluña pide que España le acepte como es, el resto de España tiene su punto de vista sobre cómo debe ser España”.

No se trata de reabrir el mapa autonómico: hay 17 comunidades “y así va a ser”. Su propuesta de explorar una reforma constitucional consiste en deslindar las competencias del Estado federal, para que queden plasmadas de forma mucho más precisa en la Constitución y no a la intemperie de tantas interpretaciones conflictivas. Todo en el bien entendido de que el pacto debería ser leal, para no hacerse la vida imposible unos a otros. “Merece la pena seguir viviendo juntos”, insistió.

Sentado junto a Rubalcaba, el exsecretario general de ERC, Joan Ridao, admitió que el Estatuto catalán de 2006 “fue un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás, y fracasó”. Pero consideró “extemporánea” la idea de ponerse ahora a cambiar la Constitución, porque “el federalismo está pensado para aquellos que quieren unirse y en estos momentos Cataluña está en otra fase”. En ese debate les acompañaba el presidente de Uniò, Josep Antoni Duran i Lleida: “Yo defiendo el derecho a la autodeterminación”, advirtió, “pero soy muy consciente de que en Cataluña hay mucha gente para la que su nación es España. En el Parlament hay una mayoría para el derecho a decidir. Hay que saber si hay una mayoría para la independencia”. Eso sí, ni Felipe González ni los demás españoles no catalanes podrían votar en la consulta: “¿Por qué en España debería votar todo el mundo y en cambio en Escocia solo los escoceses o en Québec solo los quebequeses?”, preguntó.

Así pues, nacionalistas e independentistas no opinan de la misma forma sobre lo que cabe esperar de la consulta; pero todos ven claro que la nave catalana pone rumbo al “derecho a decidir”. ¿Y habría margen para hacerlo legalmente? A juicio de Francisco Rubio Llorente, conviene averiguar si existe una mayoría abrumadora de catalanes a favor de la independencia; porque tendría que ser una gran mayoría, dado que no se trata de una ley cualquiera, que otra mayoría parlamentaria podría cambiar. Para llevarla a cabo, Rubio Llorente propuso la intervención de las Cortes con una ley que regule la organización y alcance de la consulta. “Esto no es el plan Ibarretxe”, puntualizó el exmagistrado del Constitucional y expresidente del Consejo de Estado: se trata de una propuesta de procedimiento para salvar los escollos legales del proyecto esbozado. Otro constitucionalista presente entre el auditorio, Francesc de Carreras, también partidario de que se organice la consulta, se preguntó si los puntos de ruptura de los que se llevaba hablando todo el día no parten de haber elaborado un Estatuto equivocado.

¿Más crispación?

Tanto si se va hacia el referéndum de independencia como si se abre alguna oportunidad a la renovación del pacto constitucional, es probable que el resultado sea un mayor grado de crispación. Nadie lo dijo expresamente en el encuentro de Barcelona, pero un observador tiene que concluir que el pacto CiU-ERC solo puede funcionar sobre la base de acentuar el horizonte de la independencia como antídoto a la desaparición de Cataluña como nación. Porque la fuerza dominante, CiU, debilitada en relación con lo que era antes de las elecciones del 25 de noviembre, se juega ahora su futuro en el terreno independentista, que le resulta mucho más cómodo a ERC. A su vez, la oposición queda dividida en fracciones menores del Parlamento catalán (PSC, PP, ICV, Ciutadans), de difícil entendimiento entre sí, ninguna de ellas con peso bastante como para imponerse a las demás.

Tanto las voces que se escucharon desde la parte del Gobierno del PP, como sin duda desde el PSOE, llamaron a rebajar la tensión rupturista y a reiniciar el diálogo. No será fácil ni siquiera para los que buscan una revisión del pacto constitucional: Antoni Zabalza, catedrático de Hacienda, recordó la existencia de los conciertos vasco y catalán que, aunque nacidos de la Constitución, son un elemento de inestabilidad a efectos fiscales, “una asignatura pendiente”. Antoni Castells, exconsejero en los Gobiernos de Pasqual Maragall y de José Montilla, tampoco se hace ilusiones: “Hay un antes y un después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que dejó el encaje de Cataluña en España en la pura provisionalidad”. En todo caso, “pacto es entender las razones del otro, la diversidad”, pero “el Estado español está más acostumbrado a imponer que a pactar”, y pactar es difícil “cuando los que mandan en Madrid creen que lo que es bueno para Madrid lo es para toda España”.

Rubio Llorente cree imposible que se llegue a un bloqueo: “Me resisto a creer que hombres civilizados de la Europa del siglo XXI sean incapaces de encontrar una solución”. Al menos está claro que habría que combatir el cansancio mutuo. Y por lo tanto que conviene practicar aquello del “parlem-ne”; es decir, “hablemos”.