Montoro evita señales de tranquilidad para que las autonomías sigan recortando

El descenso generalizado de los ingresos de las Administraciones, las exigencias del Ministerio de Hacienda y el escenario de “necesidad nacional” que ha dibujado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, son el marco de la primera petición de ayuda de una autonomía. La Generalitat valenciana se ha convertido esta mañana en la primera comunidad en solicitar un rescate al Gobierno. Lo ha anunciado el Consell, que ha puesto en marcha ese mecanismo al aprobar su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Valencia es una de las ocho comunidades amonestadas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro y, junto con Extremadura, Murcia y Cataluña, lo admitió públicamente tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada.

Después de que el titular de Hacienda sembrara el martes inquietud con sus referencias a la viabilidad de los servicios públicos y las nóminas de los funcionarios, la mayoría de comunidades aseguraron que pueden mantener al día el pago de las nóminas, aunque todas estudian cómo seguir recortando ante la falta de fondos que afecta a todas las Administraciones. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, fue muy claro al pedir directamente al Gobierno una relajación del objetivo de déficit y al recordar que ya no le queda margen para acometer nuevos ajustes.

Responsables de otros Gobiernos autónomos admiten, en cualquier caso, que la dificultad es real y, si bien algunos disponen de mayor margen, la situación de dependencia de las condiciones del Ejecutivo central y la falta de ingresos han disparado todas las alarmas. El propio Montoro ha evitado hoy lanzar un mensaje de tranquilidad a este respecto.  "La valoración de esa bilateralidad en la relación con las comunidades es positiva, pero no quiero mandar un mensaje excesivamente tranquilizador no vayamos a relajar", ha destacado.

La petición del Consell, que ha revolucionado los mercados a unas horas del cierre y ha disparado la prima de riesgo, culmina una semana que inició con la revisión por parte de los técnicos del Ministerio de Hacienda en una ronda de reuniones con las ocho comunidades que pueden incumplir este año el objetivo de déficit del 1,5% marcado por el Ejecutivo.

Ante el malestar de algunas autonomías, incluso por la descoordinación en los trámites de comunicación del apercibimiento, Hacienda aclaró que no había iniciado ningún proceso de intervención y hoy, preguntado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha negado que se haya producido un rescate y que solo se trata de unas nuevas condiciones tras pedir una ayuda.

La intención de Hacienda sigue consistiendo en “chequear” la ejecución presupuestaria de esos Gobiernos regionales y ahondar en las causas de la amonestación. En realidad, el aviso responde al incumplimiento de una exigencia del Gobierno. Antes de la reunión, el Ministerio había pedido a las comunidades información sobre la reordenación del sector público empresarial, la desviación presupuestaria en 2011, el grado de ejecución de los planes de reequilibrio y el funcionamiento de la llamada cuenta 409, que incluye los gastos no presupuestados. Ningún Gobierno regional contestó a los cuatro requisitos, y las ocho autonomías amonestadas solo ofrecieron datos sobre uno.

Al Gobierno le preocupa especialmente la ejecución de los planes de restructuración de las empresas públicas, según lo acordado por el Consejo de Política Fiscal, porque de eso depende el cumplimiento de uno de los compromisos adoptados con la Unión Europea. Tras fijar un recorte de 514 "entes" de los casi 2.300 existentes, las comunidades habían efectuado a finales de febrero una reducción de 126. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró la semana pasada que en el último trimestre solo se habían eliminado dos entes públicos regionales, aunque desde su departamento evitaron precisar cuáles. Beteta animó a las comunidades a acelerar en este proceso.

Esta también es una de las razones que motivó la negativa del Ejecutivo a compartir con las autonomías la relajación del objetivo de 5,3% a 6,3% concedida por Bruselas. Esas exigencias provocaron la rebelión algunas comunidades que, como Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias votaron en contra. Pero incluso Administraciones del PP, como Extremadura y Castilla y León manifestaron su rechazo a través de su abstención.

Pese a eso, fuentes de la dirección nacional del PP negaron que se vaya a producir una rebelión de algunos barones. La secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, insistió además en que pese a la demanda Monago, el Gobierno de Mariano Rajoy ha marcado unas condiciones muy concretas para las autonomías y en "esa dirección hay que trabajar". En este sentido, la dirigente popular repitió el lunes el mensaje que sobrevuela las reuniones entre Hacienda y los consejeros autonómicos desde el pasado enero: para salir de la crisis y generar confianza y credibilidad, las comunidades tienen que cumplir con la meta fijada.