Balance de Moncloa de sus primeros seis meses: “El Gobierno hace sus deberes”

Aparentemente el Ministerio de la Presidencia, que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho un balance aséptico de los primeros seis meses de Gobierno de Mariano Rajoy con una mera recopilación de decretos, anteproyectos, informes y hasta del número de comparecencias de jefe del Ejecutivo solo o en compañía de otros. Toda la acción del Gobierno en su primer semestre de andadura se compila en 55 páginas de las cuales, en efecto, se desprende una actividad frenética con la adopción de medidas “excepcionales para situaciones excepcionales”. Todas ellas han tratado de “reducir el gasto público” y emprender reformas estructurales de la economía. “El Gobierno seguirá adoptando, con firmeza y responsabilidad, las decisiones que sean necesarias para sacar a España de la crisis económica”, dice el texto difundido por Moncloa. Lo podrán hacer porque “la estabilidad parlamentaria se configura como una garantía adicional para hacer frente con éxito a la crisis”. No duda el Ejecutivo en afirmar que “está haciendo los deberes”.

España está viviendo el período de crisis económica más grave y sin precedentes en la reciente historia de nuestro país. Esta frase introduce las páginas de enumeración de medidas del Gobierno en las que entran todos los decretos-ley aprobados en Consejos de Ministros que han valido el reproche general de la oposición por limitar la discusión parlamentaria. “El Gobierno ha puesto en marcha el 50% de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy en el debate de investidura”, se dice desde el Ejecutivo en referencia a los compromisos generales del presidente en la sesión parlamentaria del 19 de diciembre de 2011. No hubo mucha concreción de medidas, y, en todo caso, algunas de las actuaciones de mayor impacto no se anunciaron en ese debate. Rajoy, no obstante, cortocircuitó el posible reproche con una frase premonitoria pronunciada en primavera: “Haré lo que tenga que hacer, incluso lo que dije que no iba a hacer”. Eso está a punto de ocurrir con la subida inminente del IVA y la llevada a cabo ya sobre el IRPF. Se precisa que tanto la subida del IRPF como la del IBI sólo se prevé para los años 2012 y 2013.

Se cita expresamente la Reforma Laboral para afirmar que se perseguían tres objetivos: mayor estabilidad; mayor flexibilidad interna de las empresas y la formación como derecho del trabajador. Esta reforma será recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y costó una huelga general el pasado 29 de marzo; es decir, a los tres meses de formarse el Gobierno.

Rajoy ha recibido a todos los presidentes autonómicos menos a los socialistas Griñán (Andalucía) y Fernández (Asturias) y a los líderes sindicales

Hay que interpretar uno de los primeros Reales-Decretos que se citan, sobre “medidas urgentes en materia presupuestaria y financiera para la corrección de déficit público”. Se trata de las primeras medidas que se adoptaron para reducir el gasto en 8.900 millones de euros, y la previsión de ingresos de 6.275 millones de euros. Y se hizo para cubrir el “desvío del déficit público de más de dos puntos y medio: del 6% previsto al 8,5%”. Esta es la única cita a la herencia del Gobierno socialista, expresado con sobriedad y lejos de la reiteración de este argumento durante este primer semestre de gobierno como argumento para justificar todos los recortes.

A punto de que los presupuestos de este año, aprobados hace una semana, queden desfasados por los nuevos recortes que se anunciarán esta semana, se desgranan sus principales capítulos. “Mantenimiento de la congelación del sueldo de los empleados públicos y la oferta pública” y “actualización de las pensiones y prestaciones por desempleo”. Precisamente estas partidas pueden ir a la baja, según reconocen fuentes gubernamentales. En el texto de balance se recoge la adopción de “medidas tributarias excepcionales, para elevar los ingresos en 12.300 millones de euros”, y se cita la subida del Impuesto de Sociedades y la “regularización fiscal”, es decir, lo que se conoce como amnistía fiscal que también ha sido denunciada ante el Tribunal Constitucional. Junto a estas se citan las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,

La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad y seguridad de las prestaciones, tiene detrás lo que oposición y sindicatos han llamado “copago” sanitario y farmacéutico, que acaban de entrar en vigor. Sí se considera eficaz la creación de una Plataforma de Compras centralizada.

La aprobación de las medidas para el “equilibrio financiero de las comunidades autónomas” fue otro hito fundamental aunque l día de hoy se mantiene la presión del gobierno central para que lo cumplan. El plan de pago de deudas pendientes a los proveedores ha sido una de las medidas con mejor acogida por pymes, autónomos y pequeños empresarios. El Gobierno ha pagado ya facturas pendientes de las entidades locales con 106.283 proveedores.

La solicitud de asistencia financiera de la Unión Europea para la recapitalización de los bancos, de la que el Gobierno se felicitó, aún no está cerrada ya que las instituciones comunitarias europeas aún no han dicho la última palabra sobre las contrapartidas.

Aunque la economía impregna todo el balance, la educación ocupa gran espacio aunque se precisa que corresponde a las comunidades autónomas tomar las decisiones para cumplir el objetivo de ahorro. No se ponen paños calientes a las medidas en educación: ajustes en el régimen del profesorado; aumento de horas lectivas y “se limita el nombramiento de profesores sustitutos a ausencias de más de diez días del titular”. Se elimina la obligación de ofertar varias modalidades de Bachillerato y se aplaza el incremento de horas lectivas de Formación Profesional. En enseñanza universitaria se incrementa el precio de los servicios universitarios para “aproximarlos al coste efectivo de los mismos”.

En el apartado “otras líneas de actuación del Gobierno”, hechas y por hacer se condensan algunas de las propuestas más conflictivas y polémicas. “Defensa del derecho a la vida, mediante la reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo”. Se cita esta “línea de actuación”, junto al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, de Cuentas, Defensor del Pueblo y Consejo de RTVE. Los primeros han sido pactados con el PSOE y CiU, en tanto que la ruptura es total en torno a la radiotelevisión pública, por cuanto que el Gobierno cambió la ley para no necesitar el acuerdo del PSOE para elegir a un presidente de consenso.

Al margen de los recortes, Educación tiene en marcha la reforma de la enseñanza secundaria y Sanidad prepara una tarjeta única y un catálogo de prestaciones sociales básicas para toda España. El 31 de agosto los inmigrantes irregulares dejarán de tener la prestación sanitaria que siempre han tenido por residir en España y estar empadronados.

En el afán de contrarrestar las críticas al presidente del Gobierno por no comparecer cuando la oposición le reclama, se enumeran sus conferencias de prensa, comparecencias formales e informales, y actuaciones parlamentarias. No habrá debate del estado de la nación y tampoco una comparecencia específica para la situación del sector financiero español en general y el caso Bankia en particular.

En total, Mariano Rajoy ha tenido 74 comparecencias en seis meses; 16 de ellas en el Congreso de los Diputados, en las que se cuentan los quince minutos de las sesiones de control del Congreso en nueve ocasiones y cuatro en el Senado. Se ha reunido con todos los presidentes autonómicos menos con los socialistas José Antonio Griñán de Andalucía y Javier Fernández de Asturias. Sí lo ha hecho con los líderes de las comunidades autónomas de CiU, tanto con el presidente Artur Mas como con el portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida. También con el presidente del Gobierno vasco, Patxi López y con el presidente del PNV, Ïñigo Urkullu y el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Dos veces se ha reunido oficialmente con el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque el propio Rajoy desveló que, al menos, ha habido una reunión más.

En el largo listado de entrevistas con políticos nacionales y mandatarios extranjeros no figuran los secretarios generales de los principales sindicatos de España. Tanto Cándido Méndez (UGT) como Ignacio Fernández-Toxo (CC.OO) reclaman insistentemente ser recibidos por el presidente. En el balance de actividades de Rajoy se colocan también las dos únicas entrevistas que ha concedido en su primer semestre: a Efe Televisión y al periodista Carlos Herrera en Onda Cero.