Los mil escondrijos de los recortes del Gobierno

Camuflados, de tapadillo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con eufemismos... Así es como el Gobierno ha dado a conocer algunas de sus decisiones, medidas, recortes, ajustes y tijeretazos a los ciudadanos. Ni siquiera la Ley de Transparencia fue presentada con claridad: un viernes se anunció su aprobación pero no fue hasta tres días después cuando se conocieron las excepciones que incluía para el acceso a la información y el modo en el que se iba a controlar su cumplimiento.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, da a conocer, viernes tras viernes, algunas de las resoluciones aprobadas por el Consejo de ministros. Otras, se callan. O se obvian. O se esconden. Como si, poniéndolas a modo de letra pequeña, las medidas fueran a tener menos eco, fueran a pasar desapercibidas para los medios y la ciudadanía o se minimizara su importancia. Eso sí, en el momento de adoptarlas, el Gobierno no ha tenido que dar explicaciones en público, porque no se le han podido pedir. Y estas se demoran o, incluso, se evitan por completo. Esa es la estrategia de comunicación del Gobierno.

Uno de estos juegos del escondite más sonoros fue el vivido el pasado 10 de abril, cuando el Gobierno desveló un recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación en el tercer párrafo de una nota de prensa colgada en la web de Presidencia y enviada a los medios de comunicación por la tarde. Sin explicaciones, ni posibilidad de aclaración.

Aquel anuncio derivó en un decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Públicamente, el Gobierno admitió que los pensionistas pagarán sus medicamentos y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, pero nada dijo del copago para traslados en ambulancias, para prótesis o para sillas de ruedas que los ciudadanos conocieron días después, cuando el decreto fue publicado en el BOE.

De Guindos anunció la subida del IVA sin mencionar el impuesto

“Incrementar la imposición sobre el consumo”. De esa sutil manera, la semana pasada, expuso el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo que se traduce en una subida del IVA, que se llevará a cabo el próximo año. Ese mismo día, el consejo de ministros aprobó el Programa Nacional de reformas, del que también se contó solo una parte. Pero fue con el envío a Bruselas cuando los ciudadanos, a través del escrutado análisis realizado por los medios, conocieron que, entre las medidas, el Gobierno estudia que los funcionarios no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.

“Cada viernes, reformas; y el que viene, también”, dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy el domingo, adelantando que, dentro de dos días, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría volverá a sentarse para dar cuenta de lo aprobado en el consejo de ministros con más planes, medidas o ajustes. Pero, en esta ocasión, se ha adelantado ya algo porque la propia vicepresidenta desveló que el Gobierno aprobará la “liberalización” de “determinados servicios” en gestión de infraestructuras y transporte. Pero claro, lo hizo en una reunión, celebrada en Santiago, con ministros alemanes, a los que sí contó su agenda de reformas.