No llores por YPF, España

Dos semanas después de la expropiación de YPF, desencadenante de la más grave crisis diplomática desde que el PP llegó al poder, las represalias con que amagó el Gobierno parecen haber quedado en agua de borrajas. La orden ministerial que da prioridad al biodiesel europeo sobre el extracomunitario tendrá efectos muy limitados si, como materia prima, las fábricas españolas importan aceite de soja argentino; y la eliminación de los privilegios arancelarios, pedida por el Parlamento Europeo, solo afecta al 27% de las ventas de Argentina a la UE y por unos pocos meses, pues que su derogación estaba prevista para 2014.

El G-20 ha aprobado una declaración genérica en contra del proteccionismo y a favor de las inversiones extranjeras ante la que Argentina no se ha dado por aludida; y la amenaza de negociar por separado con los restantes socios de Mercosur el acuerdo con la Unión Europea, excluyendo a Buenos Aires, ha provocado de momento un cierre de filas de sus vecinos.

El Gobierno pidió a

El Gobierno ya ha empezado a replegar velas, consciente de que los intereses económicos de España en Argentina no se limitan a Repsol y de que la relación estratégica entre ambos países sobrepasa los desacuerdos entre sus Gobiernos. Ese es el mensaje que más se repitió en el desayuno que el ministro José Manuel García-Margallo ofreció el pasado jueves a sus antecesores en Exteriores y donde se escucharon dudas, aunque no críticas, sobre la estrategia seguida hasta ahora. Probablemente, el resultado final hubiera sido el mismo, pero las admoniciones lanzadas desde Madrid tuvieron el efecto de inflamar el populismo de Fernández de Kirchner, que presentó la incautación de las acciones de Repsol en YPF como una afirmación de soberanía ante la antigua metrópoli.

En todo caso, la posible sobreactuación de García-Margallo, quien convocó al embajador argentino en España, no fue fruto de un calentón. Fuentes de Exteriores sostienen que el objetivo era advertir de que la expropiación provocaría una crisis diplomática, frente a la pretensión argentina de circunscribirla al terreno económico.

Cuando el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, se reunió el pasado 22 de febrero en Buenos Aires con el canciller argentino, Héctor Timerman, este le dijo que no estaba autorizado a hablar de YPF, porque era un asunto empresarial. A su regreso, Gracia escribió una alarmante nota que llegó el viernes 24 a la mesa del Consejo de Ministros. Ese mismo día, a petición de Rajoy, el Rey llamó a Cristina Fernández y, fruto de esa conversación, el ministro de Industria, José Manuel Soria, viajó a Buenos Aires la semana siguiente. "Repsol quiere seguir en Argentina y España quiere que siga. Si por algún motivo Argentina no quiere, nos gustaría saberlo", le dijo Soria a los ministros de Economía y de Planificación, Héctor Lorenzino y Julio de Vido respectivamente. Estos guardaron silencio. Soria salió convencido de haber logrado la creación de un grupo de trabajo para debatir la situación de YPF y así lo anunció. Pecó de imprudente, pues la parte argentina lo desmintió públicamente. Fue el último contacto oficial.

Aún hubo un nuevo intento oficioso. El 15 de marzo, el expresidente José María Aznar recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Buenos Aires, y el Gobierno le pidió que hablara con Fernández para parar lo que ya parecía inevitable. No fue posible, pues ese día la presidenta argentina realizó una visita a Chile aplazada antes en dos ocasiones. A principios de abril, Rajoy remitió una carta a Fernández que esta ni contestó.

"Lo único que no se puede es no hacer nada", dijo una persona próxima a Rajoy cuando se consumó la incautación. El problema es si se ha hecho lo más útil para que Repsol obtenga un justiprecio por las acciones de YPF; y si la crisis bilateral tendrá efectos colaterales sobre la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. García-Margallo dijo que Argentina se había "pegado un tiro en su propio pie" con la expropiación. El tiempo dirá si España lo ha hecho también.