Montoro rechaza los planes de ajuste de Cataluña y Andalucía

Convergència i Unió (CiU) siempre ha presumido de facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con independencia del color político del Gobierno. Pero eso ahora puede cambiar. Oriol Pujol, número dos de la federación nacionalista, amenazó ayer al Gabinete de Mariano Rajoy con presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas —el plazo para registrarlas concluye hoy— si finalmente Cataluña no recibe las partidas que reivindica para sanear sus finanzas. El Ejecutivo de Artur Mas reclama desde hace tiempo que el Estado abone por una cuestión de “lealtad” tanto el Fondo de Competitividad (1.450 millones) como las partidas derivadas de la disposición adicional tercera del Estatuto en función de su PIB del 18,6% (219 millones este año) para invertir en infraestructuras. Pero el Ministerio de Hacienda ya ha avisado de que esta última partida, que Cataluña ha incluido en sus cuentas, no piensa pagarla.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha pedido a 16 comunidades autónomas —Madrid está excluida— que presenten antes del 30 de abril un plan de reequilibrio presupuestario para cumplir el nuevo objetivo de déficit, del 1,5% del PIB. Antonio Beteta, secretario de Estado para las Administraciones Públicas, señaló el miércoles en el Congreso que se ha instado a las comunidades que han consignado las partidas derivadas de su disposición estatutaria, inspirado en la de Cataluña, que corrijan sus proyectos. Al menos son tres las afectadas. Hacienda ha devuelto los borradores a Andalucía y Cataluña, dos de las comunidades más grandes tanto en número de población (8,5 y 7,5 millones, respectivamente) y que suman entre ambas el 32,5% del PIB español.

Beteta no señaló a ninguna comunidad en concreto pero Cataluña se dio por aludida cuando criticó que algunas habían consignado la cifra de la disposición estatutaria que no cobrarán. El secretario de Estado se amparó en la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña que libera al Estado de ese pago. No lo ve así la Generalitat, que se siente agraviada porque ha aplicado ya serios recortes en sus números y porque se sintió estafada cuando el Gobierno de Zapatero no le abonó los 759 millones por ese concepto correspondientes a 2008. Andreu Mas-Colell, consejero de Economía catalán, no tiene la menor intención de retirar la partida ni de renunciar a lo que considera una deuda. De todas formas, las dos partes no dan las negociaciones por cerradas porque por ahora están cruzando borradores (Cataluña ya ha recibido tres correcciones). Hay algunas comunidades, como la valenciana, que aún no han elevado sus previsiones. Los planes de reequilibrio se aprobarán en mayo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La postura mostrada por Cataluña de desoír la recomendación de Beteta provocó una grieta más en las relaciones entre CiU y el PP catalán. Pese a que son socios potenciales, sus relaciones no pasan precisamente por un buen momento, especialmente después de que Artur Mas haya lanzado un guiño a Esquerra al iniciar con ese partido sus contactos para sentar las bases del pacto fiscal. Enric Millo, portavoz popular en Cataluña, descalificó a Oriol Pujol por lanzar "ultimatums” y avisó de que ese camino "no favorece nada la buena relación necesaria entre Cataluña y el Gobierno de España”. Pere Navarro, líder del PSC, consideró sin embargo que todo forma parte de un juego de artificios de los nacionalistas al recordar que CiU se ha alineado sin sonrojarse con la reforma laboral o las subidas de impuestos del PP.

Mientras, Andalucía se mantiene impasible ante las exigencias de Hacienda. El Gobierno andaluz recibió anteayer la documentación para que presente su plan de ajuste de los Presupuestos, por lo que aún no tiene una cifra cerrada. El plazo concluye el día 30 pero en Andalucía el Ejecutivo está en funciones. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, alegó que su margen de actuación está limitado por la propia ley por mucho que los socialistas vayan a sumar, con el apoyo de Izquierda Unida, cuatro años más a los 30 que llevan en el Gobierno.

La Junta no sabe a qué se refiere Beteta cuando asegura que algunos planes de ajuste “contienen partidas de ingresos en sus Presupuestos que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado”. En las cuentas andaluzas de 2012 no figura ninguna cantidad en cumplimiento de su Estatuto, que fija en la disposición adicional tercera que las inversiones del Estado serán similares al peso de su población, es decir, del 17,8%. Según acordaron representantes de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Zapatero, el Estado adeuda a la comunidad 1.504 millones por no ejecutar inversiones relativas a los años 2008 y 2009. Pero ese reconocimiento no ha fraguado en un documento de pago. Aguayo afirmó que será el Gobierno andaluz “legítimamente constituido” el que deberá decir de dónde recorta. El Ejecutivo ha anunciado la congelación de 2.696 millones de euros en este 2012 —de un total de 32.020 millones— pero no ha dicho qué partidas recortará.