Mas demandará al Gobierno para cobrar los 759 millones pendientes

La Generalitat lanzó ayer un órdago para intentar cobrar antes de fin de año el dinero que el Gobierno le adeuda en concepto de infraestructuras no realizadas y que debían ayudarle a cuadrar las cuentas de este año. En un gesto inédito, el Gobierno de CiU anunció que interpondrá un recurso contencioso administrativo para reclamar el pago de 759 millones que el Gobierno comprometió a la Generalitat en los Presupuestos primero y en el Congreso después y cuyo pago no ha hecho efectivo. Además, y con la previsión de que este impago aumente aún más su ya elevado déficit, pondrá en conocimiento de la Unión Europea esta situación para dejar claro que el descuadre de sus cuentas no es producto "del derroche autonómico".

La Generalitat decidió dar ayer este paso tras constatar las dificultades para afrontar los pagos a proveedores y funcionarios previstos para diciembre. Si hasta ahora los retrasos para pagar facturas ya eran una constante, este diciembre se adivina especialmente caótico hasta el punto que el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, imploró ayer "paciencia" a los proveedores. También abrió la puerta a que la paga extra de los funcionarios de la Generalitat llegue con retraso ante la "extremas dificultades de tesorería" de esta Administración.

No está claro que la decisión tomada ayer por la Generalitat tenga consecuencias prácticas. Las dudas sobre la eficiencia de acudir a los tribunales existen incluso dentro del Ejecutivo, pero el presidente de la Generalitat ha optado por probar suerte y, sobre todo, por intentar dejar claro ante la opinión pública catalana que la Generalitat está "haciendo los deberes", mientras que el Gobierno central le pone palos en las ruedas. De hecho, Homs no vaciló ayer a la hora de calificar de "vendetta" el impago por parte del Gobierno.Los 759 millones en discordia corresponden a la inversión que el Estado comprometió pero no realizó en materia de infraestructuras en Cataluña en 2008. Por mandato del Estatuto, esta parte de inversión no materializada debía transferirse a la Generalitat. El presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometió este pago a Artur Mas en la reunión que mantuvieron el pasado mes de marzo y la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, aseguró en el Congreso que no habría problema para satisfacer este pago.

La decisión de acudir a los tribunales se tomó durante la reunión semanal del Ejecutivo catalán, que siente como una afrenta que el Gobierno haya decidido no pagar esos 759 millones al margen ya de los 1.450 correspondientes al fondo de competitividad. Pero este último impago, la Generalitat lo considera mucho más grave por las reiteradas promesas de que se pagaría la cantidad pendiente. En total, la Generalitat ha dejado de ingresar en sus arcas unos 2.200 millones de euros que, según sus cálculos, si los tuviera evitaría muchos recortes. "No había pasado una cosa así en 30 años. Emprenderemos esas acciones legales para que el Estado pague a la Generalitat y al pueblo de Cataluña lo que le debe", avisó Homs, que lamentó que se cuelgue a las comunidades autónomas el "sambenito" de que "no somos serios y malgastamos". "Esto es un problema de incumplimiento de una ley y una deslealtad".

Si la Generalitat no cobra antes de un mes el dinero pendiente no podrá cumplir su objetivo de déficit del 2,6% del PIB. El propio Homs dijo que los 759 millones implicarían aumentar esta cifra en 0,3 o 0,4 puntos, con lo que se rozaría el déficit del 3%, muy alejado de cualquier estimación. Además, la Generalitat debe presentar la semana que viene su proyecto de presupuesto para el año que viene, con un tope de déficit del 1,3%.

El Gobierno catalán tiene el apoyo del PSC en su reivindicación. El viceprimer secretario del partido, Miquel Iceta, criticó la decisión del Gobierno. "Me parece fatal. Puedo entender las especiales dificultades para contener el déficit público en estos momentos y la especial situación de un Gobierno en funciones, pero esto no puede ser en ningún caso una excusa para no cumplir con las previsiones estatutarias y los acuerdos suscritos entre los Gobiernos de Cataluña y de España", dijo.