La “amnistía” fiscal revoluciona a la oposición parlamentaria

Las medidas de reducción en casi un 17% del gasto de los ministerios, la retirada de exenciones y subvenciones en el Impuesto de Sociedades o la no subida del IVA que contienen los Presupuestos del Estado de este año no alivia la disconformidad rotunda de más de la mitad del Congreso situada a la izquierda. Lo apuntado no es desdeñable, pero no amortigua el impacto que ha producido la “amnistía” fiscal que arropa en la práctica el llamado “programa especial de regularización de activos ocultos”. La mayoría de los portavoces de la oposición, al conocer estos planes gubernamentales, han opuesto “el premio a los defraudadores” con la subida de tasas e impuestos “a las clases medias y trabajadoras”.

Si el Gobierno no hubiera sorprendido con esta medida, con la que pretende que afloren 25.000 millones de euros fuera de control, y sacar de ellos para las arcas públicas unos 2.500, los grupos de oposición también hubieran rechazado estos Presupuestos; por la subida del IRPF, de la luz y del gas. Pero a la espera de tener el proyecto en sus manos, y escudriñar todas las partidas, este regalo “a los grandes defraudadores”, como ha dicho el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sirve para la crítica política furibunda. Máxime cuando la actual clase política recuerda perfectamente la dureza de dirigentes del PP, apenas hace año y medio, ante la posibilidad de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, osara adoptar esa medida.

Y algo hubo -quizá como globo sonda o como idea de algún miembro del Gobierno socialista- porque durante unos días se especuló sobre esa posibilidad y sirvió para que el PP, en la oposición, pusiera el grito en el cielo. Y así ha quedado. “Es impresentable amnistiar a los defraudadores”, decía entonces la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con la utilización del presente verbal como si el asunto estuviera ya hecho.

La entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, negó que tuviera esos planes, y, en efecto, si alguna vez lo pensó no lo aplicó y no hubo nada. Los precedentes de amnistía fiscal pura y dura se remontan a 1984 y 1991, con gobiernos socialistas, para animar a los defraudadores a que contribuyeran al bien común. A partir de esos años se prohibió, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que envolver esta medida de gracia con una tributación del 10% de los activos que afloren; detalle que la oposición obvia. El rechazo es rotundo y sirve al PSOE para afianzar su tesis de que, con esta medida en cartera, se entiende que el Gobierno no quisiera presentar los Presupuestos hasta pasadas las elecciones andaluzas y asturianas.

Pasadas solo unas horas de la presentación de los Presupuestos, el Gobierno ya sabe, aunque no será una sorpresa, que tiene a todo el arco parlamentario en contra, aunque CiU y PNV hayan puesto el énfasis en otros apartados. Los primeros, en las cantidades pendientes, según sus cuentas, con Cataluña. Y coinciden con el PNV en que el descenso de algunas partidas es del todo equivocado. Por ejemplo, el recorte “escandaloso” de 1.557 millones de euros en políticas activas de empleo, a decir del diputado de CiU Carles Campuzano. La dirección de CiU considera que el Gobierno "ha cuadrado las cuentas públicas recortando los gastos y subiendo los impuestos”, en tanto que no ha pensado en medidas que estimulen la economía y generen empleo.

Estos presupuestos “cicateros” e “ineficaces” para la situación de crisis profunda que ahoga a España, según adjetivos del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, van a llevar inevitablemente a la presentación por parte de varios grupos de enmiendas de devolución. El PSOE, se pone ya a la obra, al igual que los grupos de la izquierda. Aunque el Gobierno tiene votos con sus propios diputados para derrotar esas enmiendas, asegura que buscará compañía y mira a Cataluña. Difícil.