El PP apuesta por que las medicinas se paguen en función de la renta

Cada día que pasa está más claro que después de las elecciones andaluzas van a pasar muchas cosas en España. Cambios muy significativos de la estructura del Estado de bienestar y de la Administración. El Gobierno está intentando frenar cualquier debate sobre los recortes hasta que pasen esas elecciones clave, a las que ahora se suman las asturianas, pero la realidad de las comunidades autónomas le impide controlarlo todo.

La decisión de Cataluña de aprobar, con la imprescindible abstención del PP, el cobro de un euro por cada receta, desató ayer un intenso debate sobre posibles reformas en la financiación de la sanidad. Todo está absolutamente abierto, aunque el PP trata de trasladar la polémica para que no afecte a la campaña electoral de Javier Arenas.

Como ha sucedido en otras ocasiones en el asunto de la sanidad, abrió brecha Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y expresidente del Insalud durante el Gobierno de José María Aznar. Feijóo planteó una fórmula distinta a la catalana. Dijo en la Cadena Ser que lo que habría que estudiar es una reforma para que los medicamentos se paguen en función de la renta. En estos momentos, todos los ciudadanos, sin diferencias de renta, pagan solo una pequeña parte de medicinas que le recetan los médicos de la sanidad pública. Los pensionistas no pagan nada. Lo que está planteando el presidente gallego, y ha dejado caer en público en otras ocasiones y sobre todo en reuniones internas del PP, es que todos los ciudadanos a partir de una cierta renta paguen más para reducir el coste farmacéutico de las comunidades autónomas, que ronda el 10%. Feijóo remató ayer su propuesta en un día especialmente relevante: con la decisión de Cataluña en las primeras páginas y poco antes de reunirse con Mariano Rajoy en La Moncloa. A la salida de esta cita, Feijóo intentó suavizar el debate, tal vez ante la evidencia de que la polémica había trastocado la campaña andaluza, pero mantuvo sus palabras de la mañana e insistió en que no hay que “criminalizar” a Artur Mas por cobrar a partir de ahora un euro por receta.

En una reunión interna del PP, la única que ha habido con la presencia de Rajoy desde que ganó las elecciones, también Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, planteó una solución similar. Feijóo fue muy claro ayer y señaló que hay que repensar la financiación de la sanidad, con medidas como la subida del coste de los medicamentos, para evitar lo que él considera el auténtico copago, esto es, que se cobre por “actos médicos”: una consulta, una prueba diagnóstica o una operación. Eso, explicó, es lo que está pasando en otros países, entre los que citó a Portugal, donde los recortes han llevado a que se paguen 20 euros por ir a urgencias. Eso es lo que todo el PP en tromba descarta absolutamente, al menos de momento. Pero en lo de cobrar más por las medicinas hay bastante acuerdo en privado.

Los populares quieren huir en lo posible de más subidas de impuestos. De hecho, el propio Feijóo ha rechazado esta misma semana la posibilidad de subir el tramo autonómico del IRPF.

Pero la mayoría de los barones autonómicos del PP no ven con malos ojos esta solución de cobrar más en función de la renta por algunos servicios, y en especial por las medicinas. Sin embargo, todos quieren evitar el coste político de ser los primeros en implantarlo. De hecho, la mayoría cree que solo podrían hacerlo si el Gobierno cambia la normativa básica y les permite que lo hagan.

Y en este juego de ver quién asume el coste político de plantearlo, si el Ejecutivo o las autonomías, va pasando el tiempo y llegan las andaluzas. “Estoy seguro de que el Gobierno sabrá liderar fórmulas que sean capaces de hacer viable el sistema sanitario español”, dijo Ignacio Diego, el presidente cántabro, que también visitó ayer a Rajoy.

Sin embargo, cada vez está más claro que esta fórmula, la del aumento del porcentaje de los medicamentos que pagan los ciudadanos directamente y no a través de los impuestos, y otras de aumento de tasas, precios públicos de todo tipo y tal vez subidas de impuestos, se va imponiendo como fórmula de recortar el déficit.

Tan evidente es que están esperando para empezar a aclarar todos estos puntos a las andaluzas que la ministra de Sanidad, Ana Mato, no descartó ayer absolutamente ninguna fórmula y señaló que las comunidades tienen un plazo, que acaba en 10 días, para presentar todas sus propuestas. 10 días es exactamente lo que queda para las andaluzas. Después, explicó, se reunirá el Consejo Interterritorial de Salud y debatirá todas esas propuestas. Esto es, poco después de las elecciones, y ya con los Presupuestos encima de la mesa, que también estarán llenos de medidas impopulares, llegarán grandes reformas de la financiación de la sanidad.

“Es verdad que tenemos que buscar mecanismos para la sostenibilidad de la sanidad pública, para la racionalización del gasto”, sentenció la ministra en línea con las comunidades del PP. Mientras, los socialistas salieron en tromba a denunciar que el Gobierno instaurará el copago sanitario en cuanto pasen las andaluzas. Mato insistió en desmentir esa idea, subrayó el compromiso del Ejecutivo con una “sanidad pública universal, de calidad y gratuita”. La ministra, eso sí, evitó criticar la decisión del euro por receta de Cataluña, que por otra parte había apoyado indirectamente su partido.