Cataluña prevé tres vías de entrada de capital para trocear la sanidad pública

El proyecto de la Generalitat de Cataluña de trocear el Instituto Catalán de la Salud (ICS), buque insignia de la sanidad pública catalana con cerca de 400 centros sanitarios y más de 40.000 profesionales, contempla al menos tres vías de entrada del capital privado en la gestión de la sanidad pública.

El plan prevé desmembrar el ICS en una veintena de empresas, una para cada uno de los ocho hospitales y una docena para agrupaciones de entre 15 y 25 ambulatorios. Este nuevo “holding” estaría encabezado por una sociedad que seguiría al 100% controlada por el Gobierno catalán, pero cada una de sus filiales tendría libertad para organizarse, competir y establecer acuerdos con el sector privado a la hora de atender a los usuarios de la sanidad pública. Bajo un paraguas de titularidad pública, que financiaría el sistema y velaría por coordinación, la asistencia a los usuarios quedaría controlada por un abanico de sociedades mixtas o privadas.

El informe interno La gobernanza del ICS. La reformulación del Instituto Catalán de la Salud , adelantado hoy por EL PAÍS y que pone de manifiesto un proyecto que la Generalitat había ocultado hasta ahora a los partidos de la oposición y a los sindicatos, destaca que el objetivo de estas filiales debe ser lograr “superávit”, es decir beneficios, como forma de asegurar su viabilidad y atraer inversiones.

La primera vía de entrada del capital privado a la sanidad pública sería la constitución de sociedades mixtas con operadores privados. El documento propone forjar “alianzas” mediante la constitución de “consorcios con otras entidades públicas y privadas” o bien a través de la constitución de “empresas mixtas con proveedores sanitarios” dentro de una Corporación ICS. El documento justifica esa apertura al capital privado por la necesidad de ganar eficiencia y facilitar la “optimización y centralización” de recursos, en especial los de alto coste.

La segunda vía de privatización apuesta por segregar servicios hospitalarios para que pasen a estar controlados por los profesionales, que se constituirían en una especie de clínica privada cuyo cliente sería el Departamento de Salud, aunque también podría ofrecer sus servicios a “terceros”.

La tercera y última fórmula de entrada de la gestión privada pasaría por abrir también los centros de atención primaria (CAP) o ambulatorios a empresas mixtas. Estas estarían participadas por los profesionales, lo que supone una extensión y profundización de un modelo que ya funciona en algunos CAP, pero que debería ser modificado. Los profesionales, ya sea personal fijo o interino, pasarán a una “situación de excedencia” cuando se cree la sociedad.

El plan del Departamento de Salud se sustenta sobre la premisa que el actual modelo de gestión del ICS se ha quedado obsoleto y necesita adoptar fórmulas de gestión más flexibles y orientadas al mercado, con el objetivo de reducir costes y funcionar con el lucro como objetivo.

Salud ya ha ensayado en el último año alguna de las fórmulas de privatización de la sanidad pública que el nuevo plan prevé extender. Se trata de una de las ‘joyas’ de los hospitales catalanes: el Instituto de Diagnóstico por Imagen (IDI), empresa pública creada hace 20 años, con 320 trabajadores y que se encarga de realizar las pruebas de radiología y medicina nuclear de gran complejidad en los ocho grandes hospitales del ICS. Según informo en mayo Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, el IDI planea crear una nueva sociedad con el sector privado en la que la Generalitat mantendrá el control del 60% y cederá el 40% restante con el objetivo de atraer inversiones, “algo que el sector privado puede hacer”, según Padrosa.

La Generalitat hizo público ayer un comunicado en el que “niega rotundamente” que contemple la entrada del capital privado en el ICS. Como en el caso del IDI, cuya privatización también negó hace cinco meses, Salud defiende que la titularidad de la cabeza del nuevo ‘holding’ quedaría bajo control de la Generalitat. Esto no contradice que bajo este paraguas públicos, toda la actividad asistencial quede en manos de varias formas de operadores privados o mixtos.

La publicación del proyecto de Salud ha obligado esta mañana al presidente Artur Mas a responder en el Parlament sobre su contenido. Albert Rivera, de Ciutadans, y Jordi Miralles, de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), le han exigido más detalles sobre el documento y han coincidido en que la intención de la Generalitat es “privatizar la sanidad”. Mas, sin embargo, ha eludido dar una respuesta clara. Se ha limitado a asegurar que no habrá "privatización" sanitaria y a insistir en la delicada situación de la economía catalana. "Hay una gran mayoría silenciosa que entiende lo que nos hemos encontrado", ha aseverado Mas.

Rivera ha incidido en algunos aspectos del informe, como el reclutamiento de líderes de opinión para defender los intereses de la Generalitat. "¿Cuánto pagará la Generalitat por ello? Eso es un escándalo, señor Mas", ha lamentado. Miralles ha visto el troceo del ICS como "un paso más" en el proceso de "privatización" de la sanidad. "Le están diciendo que no: los profesionales y usuarios de la sanidad, las entidades del tercer sector, el síndic de greuges. Quizás las paredes del Palau de la Generalitat son demasiado altas y no ve el efecto de los recortes", le ha espetado el portavoz adjunto de ICV-EUiA. Mas ha retado a los diputados a "leer entero" el documento, pese a que los grupos no disponen de este texto.