Las mujeres de Castilla-La Mancha ya tienen que pagar para abortar

Las mujeres castellanomanchegas ya han empezado a notar los efectos del plante de las siete clínicas que practican abortos mediante concierto con su servicio de salud. Estos centros, dos de ellos situados en Castilla-La Mancha y el resto en Madrid, Valencia y Murcia, se niegan a practicar interrupciones del embarazo gratuitas a las procedentes de esta comunidad. Es su manera de protestar por los 1,3 millones de euros que aseguran que les adeuda la Junta —un portavoz del Gobierno castellanomanchego rebajó ayer la cifra hasta los 1.017.680 euros—, que no paga los abortos que deriva a las clínicas concertadas desde hace más de un año.

A las mujeres que llamaron ayer para pedir una cita derivada desde el sistema público les explicaron que el concierto con Castilla-La Mancha se ha roto, con lo que los centros ya no pueden aceptar las cartas de pago. “Las propias mujeres preguntan si pueden hacerse la IVE si la abonan y nosotros les explicamos que les daremos factura y que tienen el derecho, por ley, a pedirle el reembolso a su servicio de salud”, aseguró ayer el responsable de dos de las clínicas, El Bosque (Madrid) y Cire (Ciudad Real), Sergio Muñoz.

Solo estos dos centros acumulan 600.000 euros de deuda. Los impagos de las Administraciones están poniendo en un aprieto a las clínicas de IVE, que desde que entró en vigor la ley del aborto, en julio de 2010, han pasado de tener un 20% de la actividad derivada del sector público a un 70% y, en algún caso, un 90%. “La situación es caótica. Llevábamos meses intentando reunirnos con Castilla-La Mancha. Teníamos dos opciones: o cerrar o hacer esto”, afirmó Muñoz. La clínica Cire tiene unas 15 mujeres citadas para la semana que viene que van a pagar de su bolsillo la intervención. “No les hace gracia tener que hacerlo, pero cuando les contamos lo que ocurre lo entienden. Y una mujer que quiere interrumpir un embarazo lo quiere hacer pronto, así que paga los 450 euros que cuesta con anestesia”.

Tanto El Bosque como Dator, en Madrid, aceptaron ayer casos de mujeres procedentes de Castilla-La Mancha a las que no cobraron. Las clínicas han acordado hacer una excepción en casos problemáticos o de precariedad económica. “Hemos intervenido una malformación incompatible con la vida de 26 semanas. No podíamos hacer otra cosa, pese a saber que quizá no lo cobraremos”, asegura Muñoz. En las salas de espera, por tanto, se da el caso de que una mujer procedente de Castilla-La Mancha tenga que pagarse el aborto y las que se sientan al lado, no. Dator recibió durante la mañana más de 20 consultas telefónicas.

“Les hemos informado de que tienen que hacerlo de manera privada, pagando, en cuyo caso estamos respetando las tarifas establecidas con la consejería. Les facilitaremos la factura para que puedan reclamar en el servicio de prestaciones que les toque, aunque también les prevenimos de que no aseguramos el pago”, explicó Olga Sancho, facultativa del centro. Un portavoz de la Consejería de Sanidad afirmó que el convenio “no contempla el cobro”, que son las clínicas las que lo han denunciado unilateralmente y que por tanto “no deberían cobrar a las mujeres”. El portavoz no contestó a la pregunta de si garantiza el abono de las facturas que puedan presentar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha las mujeres. “El ministerio se pondrá en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha para conocer de primera mano la situación y trasladar que la prestación debe estar garantizada, como lo ha hecho en todas las situaciones en las que ha habido dudas sobre alguna prestación o servicio sanitario”, aseguró ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara.