Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“¿Verdad que hay dos lenguas en la calle? Pues también en la escuela”

Una de las familias que denunció la exclusión del castellano pide que algunas asignaturas se impartan en este idioma

Consuelo Santos lleva cuatro años arrastrando la polémica sobre la inmersión lingüística que ahora ha reabierto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este organismo ha fijado un plazo de dos meses a la Generalitat –exigencia ahora suspendida de forma cautelar- para implantar el castellano como lengua vehicular. Pero esta reclamación se originó en 2006 por la demanda judicial de tres familias: una de Barcelona, otra de Tarragona y la de Santos, en Sabadell (Barcelona).

Santos, que se hace llamar Cuca, es una madrileña de 42 años que se instaló en esta localidad barcelonesa en 1999. Trabaja como administrativa del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento y fue la número cuatro de las listas de esta formación en las pasadas elecciones municipales. Es madre de dos niñas que estudian en el centro privado Escolàpies-Josep de Calassanç de esta ciudad catalana, donde pueden adoptar el castellano como lengua vehicular junto al catalán, tal y como establece el departamento de Enseñanza. Santos justifica su decisión de interponer la denuncia para aumentar la presencia del castellano en las escuelas públicas y concertadas, donde el uso del castellano se reduce a la asignatura de esta lengua. “¿Verdad que hay dos lenguas en la calle? Pues también debe haberlas en la escuela”, señala.

La exigencia de reforzar la presencia del castellano en las escuelas la comparte una minoría que, en cualquier caso, existe y se siente marginada por “la omnipotencia de lo catalán”, como define Francisco Caja, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana y representante legal de las tres familias que presentaron el recurso contra la Generalitat. Algunos creen que todo está muy bien, que aquí no pasa nada y solo somos unos pocos desafortunados que queremos romper la cohesión social. Por eso no salimos en los periódicos”, dice. “Pero tenemos derecho a defender nuestras opiniones”.

Caja sostiene que el desagravio que sufre el castellano en Cataluña puede igualarse al que sufrió el catalán durante la dictadura franquista. “Excluyen el castellano con el mismo argumento que usaba Franco para excluir el catalán: la defensa de la unidad social”, señala tras precisar que no puede ser sospechoso de simpatizar con aquella dictadura. “Soy víctima del franquismo: fui condenado por el tribunal de orden público. Me considero de izquierdas”. Su oposición a la inmersión lingüística obedece a que la considera perjudicial. “Es un factor de desigualdad: No es lo mismo aprender matemáticas en una lengua materna que hacerlo en otra lengua que no dominas”, señala. “Los factores socioeconómicos son muy determinantes para aprovechar el conocimiento escolar. Los niños castellanohablantes tienen el doble de riesgo de fracaso escolar. Eso debería ser un factor a tener en cuenta”, asegura. “El sistema no garantiza resultados escolares iguales para catalanohablantes que para los demás”, concluye.

 Santos, por su parte, lamenta la polémica que ha generado el auto del tribunal y considera que es una “cortina de humo” política que se ha acrecentado por el hecho de estar en precampaña electoral. La polémica “interesa a muchos partidos”, añade. Después de este periplo judicial de cinco años, tan solo pide que la sentencia del TSJC se cumpla. La madre no especifica si se deben separar los alumnos en dos grupos por motivo de lengua y se conforma con que se impartan un par de asignaturas en castellano. El centro Escolàpies no ha querido hacer declaraciones sobre el caso.

“No se introduce el castellano porque no les da la gana”, se molesta Caja por las sentencias del Tribunal Supremo que piden a la Generalitat que refuerze la presencia del castellano según los criterios que decida el Gobierno catalán y sin reclamar que lo haga en un plazo de tiempo determinado. “Hay cinco sentencias firmes del Tribunal Supremo, irrecurribles, no se pueden ignorar las sentencias”, asegura. “¿Cómo se puede tolerar eso en un Estado de derecho?”, pregunta.

Otro de los colegios afectados es la Escola del Carme de Barcelona, donde estudiaba el hijo de Feliciano Sánchez, otro de los padres denunciantes, pero que ya ha acabado los estudios. Montserrat Pinyol, directora del centro, recuerda que nunca tuvo problemas con la familia, que hablaba perfectamente el catalán, igual que su hijo. “Era un niño brillante que sacaba notas excelentes tanto en castellano como en catalán. Un alumno que no requería proceso de inmersión”, asegura la docente.

Pinyol explica que cuando les llegó el requerimiento de la familia, trasladaron la queja al departamento de Enseñanza, que les ordenó “no hacer nada”, ya que había un recurso de la Generalitat en marcha. Con la sentencia, si el alumno todavía continuara en la escuela, la directora asegura que no harían ningún cambio en su método de educación “a no ser que lo ordenara explícitamente el departamento”.

 

Más información