Los recortes de Trump privan a miles de refugiados de Myanmar de agua, alimentos y medicinas

Ni Ni Aung es una refugiada de Myanmar de 62 años que vive en el campamento de Mae La, uno de los nueve campamentos de refugiados en la vecina Tailandia. Una cánula la conecta a dos tanques de oxígeno apoyados contra la pared. Mientras jadea y hace pausas para respirar profundamente, explica que un problema pulmonar congénito, agravado por una insuficiencia cardíaca el año pasado, hace que su supervivencia dependa por completo de un suministro de oxígeno. Sin embargo, en estos momentos el abastecimiento es precario. El destino de Ni Ni Aung, y el de muchas de las 100.000 personas que viven en estos campos, está en manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La congelación y revisión de la ayuda humanitaria durante 90 días significa que muchos refugiados ya no tengan acceso a alimentos, agua y medicinas.

El Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés), el principal proveedor de atención sanitaria de estos campos, recibió en enero una orden de suspensión de actividades de USAID, la agencia de cooperación estadounidense y uno de sus principales donantes, y The Border Consortium (TBC), responsable de proporcionar alimentos y combustible a los campos, está funcionando con sus reservas, ya que se han suspendido los 1,3 millones de dólares (1,19 millones de euros) mensuales que recibe de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado. A otras ONG se les están agotando también los suministros.

Después de su insuficiencia cardíaca, Ni Ni Aung y su familia se mudaron a una casa improvisada cerca de una de las clínicas financiadas por el IRC en Mae La. Tiene movilidad reducida y prefiere estar cerca de la clínica en caso de que suceda otra emergencia. La clínica cerró en enero y volvió a abrir temporalmente durante 90 días, pero nadie sabe qué pasará después. “Estoy muy preocupada por mi madre”, explica Paing Paing, la hija de Ni Ni Aung. “Aquí [en la clínica] veo a muchos pacientes. Están desesperados. Me preocupa que pueda ver morir a gente delante de mí”.

La suspensión de la financiación estadounidense está abandonando a personas que ya son víctimas de la guerra, explica Leon de Riedmatten, director ejecutivo de TBC, organización nacida hace 40 años para apoyar la afluencia de refugiados birmanos como resultado del conflicto en esa época. En medio del conflicto más reciente, desencadenado por un sangriento golpe de Estado militar en Myanmar en 2021, más personas se han aventurado a cruzar la frontera en busca de seguridad.

Sin embargo, el Gobierno tailandés impide la integración, lo que obliga a los refugiados a depender por completo de la ayuda internacional, que está constantemente sujeta a los altibajos de la geopolítica. Con el comienzo del segundo mandato de Trump, los efectos de esa geopolítica se sienten en ambos lados de la frontera entre Tailandia y Myanmar, y generan una creciente preocupación acerca de cómo podrán sobrevivir esas personas.

“La situación de nuestro país depende de la estabilidad política de otros países”, afirma Thara Bew Say, secretaria general del Comité de Refugiados Karen (KRC por sus siglas en inglés). “Si su economía no está bien, si enfrentan a una guerra o sufren inflación, no podrán apoyarnos”, agregan. Esto pone en peligro vidas como la de Ni Ni Aung.

Estados Unidos ha sido históricamente el mayor financiador de la crisis humanitaria de Myanmar, con una aportación de 114 millones de dólares (104 millones de euros) en 2024. Este país, junto con el Reino Unido, otras Estados occidentales y las Naciones Unidas, también se ha opuesto con vehemencia al régimen militar de Myanmar y ha impuesto sanciones con la esperanza de frenar su “campaña de violencia”. La suspensión de la ayuda representa una postura diferente, que podría costar vidas. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anunció que se reanudaría la ayuda para salvar vidas si las organizaciones solicitaban una exención, pero ese proceso parece haber estado plagado de burocracia.

Como resultado, hay miles de personas a lo largo de la frontera que no están recibiendo sus medicamentos, ya sea para la malaria, la tuberculosis o el VIH/sida, cuenta Meredith Bunn, fundadora de la ONG Skills for Humanity, que proporciona ayuda en Myanmar. En febrero, la agencia Reuters informó de la muerte de una mujer de 71 años después de que el cierre de las clínicas del IRC dentro de los campamentos le impidiera acceder al oxígeno vital que necesitaba para una afección pulmonar. Y hoy, fuera de la clínica del campo de refugiados, Nyo Nyo Win, de 62 años, explica que, mientras la clínica estaba cerrada, dejó de tomar su medicación para la hipertensión porque no tenía otro lugar donde acceder a ella de forma gratuita. “La asistencia sanitaria y alimentaria son grandes retos aquí”, denuncia. “Tengo miedo de tener una emergencia sanitaria”.

Desde que el IRC recibió sus órdenes de suspensión, Kanchana Thornton, directora de la Burma Children’s Medical Fund, una ONG que ayuda a pacientes birmanos de todas las edades a acceder a atención quirúrgica en hospitales tailandeses, explicó que había recibido una gran cantidad de solicitudes para ayudar a transferir pacientes a instalaciones tailandesas, pero que sin más apoyo tendrían dificultades para lograrlo.

La situación, explica un trabajador humanitario de alto rango con sede en Myanmar que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, obligará a los trabajadores humanitarios a tomar decisiones imposibles sobre a quién pueden ayudar y a quién no. Refugiadas embarazadas como Naw Mu Khu, de 26 años, pueden verse obligadas a dar a luz en una clínica improvisada en lugar de en un centro de salud más limpio. Aún faltan seis meses para ese momento y mientras tanto, la preocupación por tener suficiente comida para ayudar a llevar su embarazo a término inquieta a esta mujer. “De cara al futuro, [mi] única esperanza es conseguir comida rica en nutrientes para tener un bebé saludable”, explica a EL PAÍS.

Si TBC, el principal proveedor de alimentos y combustible de los campos de refugiados tailandeses, no recibe apoyo pronto, tendrá que empezar a considerar a quién dar prioridad, cuenta De Riedmatten, el director ejecutivo de TBC.

En Myanmar también se siente el impacto de la congelación de fondos

Los birmanos que viven en el lado tailandés de la frontera no son los únicos que sienten el impacto de la agenda de “Estados Unidos primero”. En Myanmar, donde las organizaciones étnicas armadas intentan arrebatar el control a los militares, la violencia se ha convertido en algo habitual, lo que ha hecho que comunidades enteras se vean obligadas a abandonar sus hogares. Se estima que cerca de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Myanmar. “Cuando decimos que la gente tiene necesidades humanitarias, significa que, si no hay medios, no pueden sobrevivir. Es así de simple”, explica un trabajador humanitario de alto rango en Myanmar que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Este giro de los acontecimientos significa que la comunidad internacional les va a fallar y “dejará morir a la gente”, añade. “Tenemos decenas de miles de personas que ya no tienen acceso a agua potable y niños que necesitan asistencia médica urgente”.

Cuando decimos que la gente tiene necesidades humanitarias, significa que, si no hay medios, no pueden sobrevivir. Es así de simple

Trabajador humanitario en Myanmar

Si se mantiene de forma continuada el acceso deficiente a alimentos y agua, esto provocará el deterioro de la salud de los desplazados internos y, dado que hay pocos lugares a los que puedan acudir en busca de atención médica, las tasas de mortalidad podrían aumentar, explican las organizaciones humanitarias. Las instalaciones de salud en Myanmar que no han cerrado sus puertas desde el golpe de Estado, están en su mayoría gestionadas por militares, lo que disuade a quienes temen al brutal régimen. En su lugar, la principal fuente de apoyo médico son las entidades locales, que operan ilegalmente y con escasez de suministros.

La organización de Bunn, Skills for Humanity, está recibiendo una avalancha de solicitudes de otras entidades que necesitan suministros médicos, ya que se les ha detenido la financiación. “Estamos abrumados por la cantidad de gente asesinada o que muere de hambre cada día… Ya no damos para más”, explica la fundadora de la ONG.

Posibles soluciones

La esperanza es que, tras la revisión de 90 días de la ayuda exterior del Departamento de Estado, se reanude el apoyo a los refugiados y desplazados afectados por el conflicto de Myanmar, pero incluso en ese “escenario ideal”, el daño ya está hecho, dice Bunn. “Vamos a ver a personas en una situación desesperada si se levanta la congelación, y si la gente puede volver a trabajar y ayudarles, van a necesitar mucha más financiación que antes para intentar recuperarse”, explica.

Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas no se muestran optimistas en cuanto a la posibilidad de que el actual Gobierno de EE UU reanude su apoyo al pueblo de Myanmar. El Departamento de Estado ya ha recortado oficialmente más del 80% de los programas. Si eso ocurre en este lugar, las agencias de ayuda y las ONG tendrán que encontrar otros medios para apoyar a los migrantes birmanos.

Estamos abrumados por la cantidad de gente asesinada o que muere de hambre cada día… Ya no damos para más

Meredith Bunn, fundadora de la ONG Skills for Humanity

Pero, al igual que las ONG de Myanmar y Tailandia buscan otros donantes para compensar su déficit, otras organizaciones de todo el mundo también lo hacen, explica De Riedmatten. Esto ocurre en un momento en el que el Reino Unido, Suecia y Alemania también han reducido su gasto en ayuda exterior durante el último año. “De ese 75% restante, el 50% va directamente a Ucrania. Así que solo queda un 25% para el resto del mundo y, seguramente, Oriente Próximo será una prioridad mayor que Myanmar”, añade de Riedmatten.

De Riedmatten insta al Gobierno tailandés a que permita a los refugiados de este lado de la frontera trabajar en el país. Así podrían generar sus propios ingresos para poder comprar comida, eliminando la necesidad de ayuda, explica.

“Queremos el estatus de refugiados para poder valernos por nosotros mismos”, incide Thara Bew Say, y añade que eso es mejor que la alternativa de depender de otras naciones y líderes como el presidente Trump: “Si queremos conseguir algo de él, tenemos que arrodillarnos”.