Golpe de Estado en Myanmar: el ejército asegura que ocupará el poder hasta nuevas elecciones en un año

Myanmar, la antigua Birmania, comienza esta semana con incertidumbre y volviendo una década atrás en el tiempo. De madrugada, su Ejército, que había ocupado el gobierno entre 1962 y 2011 y aún mantenía grandes cotas de poder, ha perpetrado un golpe de Estado para zanjar su desacuerdo con el triunfo electoral del 8 de noviembre de la jefa del gobierno de hecho, Aung San Suu Kyi, de 75 años, y de su partido, la NLD (siglas en inglés de la Liga Nacional por la Democracia). Los líderes civiles, incluida la propia premio Nobel de la Paz; el presidente, Win Myint, y los gobernadores de las distintas regiones, se encuentran detenidos. El estado de emergencia, que deja el control del país al jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlain, se prolongará al menos un año, hasta la celebración de nuevas elecciones. El país regresa así a la situación de gobierno militar en la que estuvo antes de que comenzase el lento e incompleto proceso de transición democrática en 2011.

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En un comunicado distribuido por redes sociales, con el nombre pero no la firma de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, la NLD ha condenado el golpe como un regreso a la dictadura y ha pedido a la población que “resista con firmeza” a la acción militar.

Las calles de las principales ciudades, Yangón -la capital económica- y Naypidaw -la capital política- se encontraban en tensa calma este lunes, según varios testigos y vídeos que circulaban por las redes. Las banderas que en los últimos días habían ondeado en apoyo a la NLD de Suu Kyi habían desaparecido de las calles. Aunque en un primer momento se interrumpieron las comunicaciones telefónicas e Internet funcionaba de manera esporádica, la situación se corrigió a las pocas horas. Aun así, los bancos suspendieron sus operaciones. Las embajadas de los países occidentales recomendaban a sus ciudadanos residentes que permanecieran en sus domicilios y no salieran a la calle si no resultaba imprescindible.

“Había colas muy largas en los bancos y los supermercados, no queda mucho que poder llevarse en las tiendas. Se está comprando compulsivamente”, apunta Arpita H Kolb, una ciudadana singapurense que reside en Yangón desde hace cinco años junto a su marido y dos hijos pequeños. Asegura que, de momento, la situación es de aparente tranquilidad, pero sabe que puede cambiar en cualquier momento. Sin acceso a líneas telefónicas, la única manera de estar comunicada y recibir noticias sobre lo que ocurre es tener una conexión wifi. Al no haber vuelos comerciales disponibles, la única opción es quedarse en Yangón y ver qué sucede. “La gente está muy decepcionada y sorprendida de que los militares hayan dado un paso tan drástico. Las cosas han cambiado literalmente de la noche a la mañana”, apunta.

El Tatmadaw, el Ejército birmano, ha justificado su asonada apelando al artículo 417 de la Constitución vigente, de 2008 y redactada por los militares antes de comenzar el proceso de cesión parcial del poder. Ese apartado autoriza a las fuerzas armadas a hacerse con el poder si consideran en grave peligro la unidad del país. El “grave peligro”, en este caso, era el resultado de las elecciones que se habían celebrado en noviembre, las segundas en la era de transición democrática: la NLD de Suu Kyi había repetido la avalancha de votos a favor que ya logró en las de 2015. En noviembre, esta formación se hizo con el 83% de los 476 escaños en el Parlamento, mientras que el partido de los militares, el Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP) solo consiguió 33 escaños. Un golpe al difícil equilibrio entre el gobierno civil y los mandos militares, que planificaron la transición con la idea de mantener siempre su importante cuota de poder.

El resultado dejaba claro que, pese a su desprestigio en el exterior por la represión contra la minoría rohinyá —entre otros factores—, Suu Kyi, hija del líder de la independencia birmana Aung San, mantenía su inmensa popularidad incólume en Myanmar.

Desde entonces, y en unas maniobras llamativamente similares a la respuesta de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, el estamento militar y su formación política, el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), habían rechazado aceptar el resultado, alegando que se había cometido un inmenso fraude. Más de 10,5 millones de votos, alegaban, eran sospechosos.

“Aunque el Ejército anticipó que podrían perder comicios contra la NLD —y con ello en mente redactaron la Constitución actual, que impide a Suu Kyi ser presidenta oficialmente—, después del humillante resultado que obtuvieron en las últimas se han dado cuenta de que puede que no ganen nunca más unas elecciones”, apunta Aaron Connelly, director del programa del sureste asiático del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Pese a que la Comisión Electoral Nacional aseguró que la cita con las urnas se desarrolló de manera perfectamente legítima, el tira y afloja fue en aumento entre la NLD y las fuerzas armadas. La semana pasada, unas declaraciones de un portavoz militar hacían surgir el espectro de un golpe, al apuntar la posibilidad de suspender la Constitución si no se tomaban medidas para corregir el supuesto fraude. No obstante, el fin de semana, un comunicado del Tatmadaw aseguraba que el Ejército acataría la Carta Magna y negaba que quisiera obstaculizar la transición democrática, en lo que parecía una rama de olivo al gobierno civil.

Las detenciones de los líderes en sus residencias de Naypidaw durante la madrugada ocurrieron solo horas antes de que el Parlamento tuviera prevista su sesión inaugural. “Es un intento de golpe militar, aunque el Ejército birmano puede afirmar que no lo es”, había declarado tras las detenciones al periódico de Yangón The Irrawaddy el portavoz de la NLD, Myo Nyunt.

En la legislatura que se iniciaba, Suu Kyi y su partido tenían como objetivo promover la reforma constitucional. También era clave el proceso de reconciliación con las decenas de guerrillas que luchan por la autonomía dentro del país.

Pese a la celebración de elecciones, y los triunfos sucesivos de la NLD, el Ejército ha retenido un importante control del país, amparado por las provisiones en la Constitución. La ley birmana reserva el 25% de los escaños en el Parlamento a los militares, que cuentan con poder de veto sobre las enmiendas legislativas. Las fuerzas armadas también se reservan los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras.

Al declarar el estado de emergencia, el Tatmadaw ha asegurado que, transcurrido un año, se celebrarán nuevas elecciones y entonces entregará el poder al vencedor de esos comicios. Una promesa acogida con escepticismo entre quienes reclaman menos poder para el estamento militar.

“Se acaban de abrir las puertas a un futuro muy distinto”, opinaba el historiador y escritor de origen birmano Thant Myint-U. “Tengo el inquietante sentimiento de que nadie podrá controlar de verdad lo que ocurra a partir de ahora. Y recuerden que Myanmar es un país con abundancia de armas, con profundas divisiones entre grupos religiosos y étnicos, donde millones de personas apenas se pueden alimentar”.

Connelly, por su parte, es algo menos pesimista. Advierte que, a diferencia de hace diez años —cuando Myanmar inició su transición democrática—, el país ya no se encuentra aislado del mundo y el Ejército puede infravalorar el poder de las redes sociales y el apoyo popular a la NLD. “Podría haber protestas, pero las personas que podrían dirigirlas están siendo detenidas también”, apunta el experto.

De momento, y a la espera de ver qué medidas exactamente toma el nuevo Gobierno militar, numerosos países occidentales, con Estados Unidos y la Unión Europea al frente, han exigido la puesta en libertad de los líderes políticos civiles y la vuelta al proceso democrático. “El resultado de las elecciones debe respetarse y el proceso democrático ha de recuperarse”, ha declarado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El Gobierno británico ha convocado al embajador birmano en Londres. Por su parte, Naciones Unidas ha declarado su temor a que el golpe militar deteriore la situación de cientos de miles de rohinyás.

Entre sus vecinos asiáticos —algunos de ellos, también bajo gobiernos militares o dictaduras de hecho—, la respuesta fue mucho más contemporizadora. Y China, la gran potencia regional, que mantiene importantes intereses económicos en Myanmar —desde oleoductos y gasoductos a proyectos de redes de transporte—, se limitó a pedir que las partes implicadas resuelvan sus diferencias “bajo el manto de la Constitución” y mantengan la estabilidad del país.

Pekín mantuvo buenas relaciones con la junta militar birmana durante los tiempos de la dictadura, pero también entabló lazos muy cordiales con Suu Kyi y su Gobierno, especialmente después de que Occidente le diera la espalda a raíz de la represión militar contra los rohinyás en 2017 que obligó a 730.000 miembros de esta minoría a huir a Bangladés. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visitó Myanmar hace solo tres semanas, en una estancia en la que su agenda de reuniones incluyó tanto a la consejera de Estado como al nuevo líder militar, Min Aung Hlain.