La crisis humanitaria de Yemen se agudiza con la salida de las organizaciones de ayuda de las zonas controladas por los hutíes

Hisham Al-Hakami tiene 45 años y gana menos de tres euros al día en un lavadero de coches de Saná, en Yemen, con los que no logra alimentar correctamente a sus seis hijos. Hace más de dos meses que la familia no recibe la cesta de alimentos de harina, aceite de cocina y arroz suministrada por organizaciones internacionales, que han reducido sus programas de asistencia al país, sobre todo en las zonas controladas por los rebeldes hutíes. Las nuevas sanciones de Estados Unidos, la escasez de fondos internacionales y la inseguridad general, que se ha saldado con detenciones de varios trabajadores humanitarios en los últimos meses, explican esta disminución de la presencia de entidades humanitarias.

Sin embargo, las necesidades en este país, inmerso en una guerra civil desde 2014, van en aumento y la compleja crisis humanitaria del país sigue siendo calificada como una de las peores del mundo. Según la ONU, 4,5 millones de personas (el 14% de la población del país) han debido desplazarse, 18,2 millones necesitan urgentemente ayuda humanitaria y más de 17 millones padecen inseguridad alimentaria. Casi la mitad de los niños yemeníes menores de cinco años registran un retraso en el crecimiento de moderado a grave.

La ONU previó para 2024 un plan de respuesta humanitaria para Yemen de 2.700 millones de dólares para atender a más de 11 millones de personas, de los que se han logrado alrededor de un cuarto. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha reunido solo el 7% del dinero que necesita para el periodo de junio a noviembre de este año, que eran 1.290 millones de dólares (1.200 millones de euros). Zaid Al-Alaya, responsable de Relaciones con los Medios y Comunicaciones de la ONU en Yemen, garantiza que los organismos de ayuda están haciendo esfuerzos significativos para entregar ayuda vital a millones de personas en todo el país. “A lo largo de 2023, estas agencias proporcionaron ayuda humanitaria a una media de 8,4 millones de personas al mes”, apunta a este diario.

Casi la mitad de los niños yemeníes menores de cinco años padecen un retraso en el crecimiento de moderado a grave

La situación en el país se ha deteriorado aún más desde la escalada militar en el Mar Rojo a finales de 2023, cuando el movimiento Huthi, cuyo nombre verdadero es Ansar Allá (Partidarios de Dios), atacó buques mercantes que se dirigían a Israel como respuesta a los incesantes bombardeos de este último sobre la Franja de Gaza. En represalia, Estados Unidos y el Reino Unido atacaron en enero más de 60 objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen y Washington lanzó una misión naval internacional que incluye a una veintena de países, para defenderse de los ataques, que han interrumpido las rutas comerciales mundiales cerca del golfo de Adén.

Cuando en enero, EE UU volvió a incluir a los hutíes en la lista de grupos terroristas y les impuso sanciones para evitar que sigan financiándose, los dirigentes hutíes dieron un mes para que el personal estadounidense y británico de la ONU y de las organizaciones humanitarias con sede en Saná salieran del país. A finales de febrero, diversas organizaciones humanitarias trasladaron sus proyectos de las regiones del sur gobernadas por los hutíes a zonas bajo el control del Gobierno reconocido internacionalmente con sede en Adén, a instancias de este Ejecutivo y porque no lograban un entendimiento con los insurgentes para seguir prestando ayuda a la población. Otras organizaciones locales no tuvieron opción e interrumpieron por completo sus operaciones al cortarse la financiación extranjera.

La situación, ya de por sí inestable, se vio agravada en estos días con la detención de unos 13 trabajadores de Naciones Unidas. Entre ellos, según la ONU, se encuentran miembros del PMA, la Organización Mundial para la Salud (OMS), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Unesco, Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Esta inquietante noticia aumenta la preocupación sobre el compromiso de los hutíes en una solución negociada al conflicto”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. El responsable se refería a los compromisos asumidos por las partes beligerantes en diciembre, entre ellos un alto el fuego en todo el país y un proceso político inclusivo bajo los auspicios de la ONU. Pero estas detenciones, sumadas a los anuncios del movimiento Huthi de ampliar la envergadura de los ataques contra la navegación en el Mar Rojo, obstaculizan estos esfuerzos y erosionan la confianza.

Daños colaterales

La situación no siempre ha sido así, afirma Al Hakami, el padre de familia que no logra alimentar a sus hijos. Hasta 2016, cuando una coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una intervención militar en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente liderado por el entonces presidente, Abdrabbuh Mansour Hadi, Al-Hakami era director general de la editorial Al Thawra, que editaba el periódico oficial yemení Al Thawra, en la provincia de Amran, a 50 kilómetros al norte de Saná. Ganaba el equivalente de unos 1.000 euros al mes. Cuando el Gobierno de Hadi trasladó el Banco Central de Saná a Adén, tras la toma de la capital por los hutíes, estos ya no pudieron pagar los salarios públicos a personas como Al-Hakami. Durante años, este hombre, al igual que millones de personas, dependió en gran medida de la ayuda que recibía de organismos humanitarios locales, hasta que se impusieron las sanciones.

“Muchas organizaciones locales han cerrado sus sedes en las zonas controladas por los hutíes, y otras han comenzado a reducir sus operaciones y han despedido a muchos empleados”, explica Angela Abu Asba, directora de Angela por el Desarrollo y la Respuesta Humanitaria, una iniciativa de ayuda local financiada por organizaciones de Naciones Unidas. “Si las organizaciones internacionales están pasando apuros, imagínense la situación de las locales. Muchas han cerrado, y sus fundadores se han dedicado a pequeños proyectos privados para ganarse la vida”, agrega la responsable, explicando que ella también ha tenido que detener proyectos de ayuda en provincias controladas por los hutíes debido a la falta de financiación.

“El PMA ha recortado su apoyo y financiación a proyectos en Yemen, especialmente en el norte, ”, explica Dunia Al-Anssy, directora de seguimiento y evaluación de la Fundación Benéfica, Social y de Desarrollo Mozn, una organización sin ánimo de lucro creada en 2015. “Esto ha provocado graves déficits en algunas organizaciones internacionales y locales asociadas con el PMA”, explica

Contactado por este diario, el PMA subrayó que este año ha prestado ayuda a un total de cinco millones de yemeníes. La institución suspendió temporalmente en noviembre de 2023 el programa de asistencia alimentaria en las zonas controladas por el Gobierno con sede en Saná “debido a la falta de fondos y de acuerdo con las autoridades sobre a quién debía beneficiar dicho programa. Esto afectó a la prestación de asistencia a 9,5 millones de personas, la mayor interrupción de la asistencia en los 56 años de historia del organismo en Yemen, lamenta la institución de la ONU en su informe anual de 2023.

“Se están celebrando deliberaciones con las autoridades y los principales donantes sobre el camino que hay que seguir para reanudar la ayuda”, informa el PMA en su informe del mes de abril. Paralelamente, y “para mitigar los impactos más graves de la pausa en la asistencia alimentaria, el PMA ha diseñado una Respuesta Rápida de Emergencia dirigida a 1,7 millones de personas en ocho gobernaciones del norte de Yemen, en zonas donde se ha observado un grave deterioro de la seguridad alimentaria”.

El PMA alerta de que también en el sur del país, “el empeoramiento de la situación económica está ejerciendo una presión al alza sobre los precios de los alimentos y el combustible”.

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