La encrucijada wayuu: respeto a los derechos frente a energías limpias

A mediados de diciembre, la Unión Europea llegó a un acuerdo importante para el futuro del respeto de los derechos humanos en el mundo de la empresa. Las instituciones europeas se ponían de acuerdo sobre el texto definitivo que tendrá la nueva directiva europea sobre la debida diligencia en la sostenibilidad corporativa.

A unos 8.100 kilómetros de distancia, en La Guajira colombiana, la situación es complicada desde que muchas empresas energéticas, varias de ellas europeas, comenzaron a llegar con la intención de desarrollar proyectos de energías renovables, muy necesarios para el abastecimiento energético del país. La región colombiana de La Guajira es el territorio ancestral del pueblo wayuu y de comunidades afrodescendientes asentadas siglos atrás. Se habla de un total de 29 empresas registradas en el país pertenecientes a 17 casas matrices para desarrollar 57 parques eólicos en el territorio wayuu de La Guajira.

La llegada e instalación de las empresas de energía a La Guajira no está resultando fácil. En pocos años se ha generado un escenario bastante complicado para el desarrollo de cualquier proyecto energético ante las malas prácticas de las empresas, la desconfianza generada entre las comunidades wayuu y la conflictividad provocada en diversas comunidades. Ejemplos no faltan. Solo en 2023, la empresa ENEL anunció la suspensión de la construcción del parque Windpeshi ante los retrasos provocados por los cortes de vías y los conflictos con las comunidades. Ese mismo año, la empresa EDPR decidió suspender la construcción de los parques Alpha y Beta; y la empresa CELSIA anunció que prefiere desarrollar proyectos eólicos en Perú mientras la situación en La Guajira mejora. Por su parte, la empresa GEB, que lleva el proyecto Colectoras, sigue acumulando retrasos.

La falta de conocimiento de la realidad y del contexto cultural en la que van a instalar sus proyectos ha generado una situación generalizada de vulneración de derechos y de desconfianza entre las autoridades tradicionales wayuu y los representantes de las empresas. Pero esta situación se ha agravado también por la arrogancia de quien se cree que está salvando al mundo y no entiende que las comunidades Wayuu llevan siglos viviendo en su territorio y la impunidad de quien pensaba que al desarrollar proyectos de energías limpias de interés general para el Estado no necesitaba respetar los derechos humanos de las comunidades del pueblo wayuu.

Desde las organizaciones y comunidades wayuu se denuncia de manera clara las vulneraciones de derechos humanos y se plantea la necesidad de promover nuevos modelos de negocio. En 2022, un grupo de 105 autoridades tradicionales de los wayuu emitieron un comunicado contra las estrategias de diálogo social de las empresas en la región. En noviembre de 2023, el informe Reflexiones de mujeres wayuu frente al cambio climático, elaborado por la Fuerza de Mujeres Wayuu con el apoyo de Oxfam Colombia, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia y Akuaipa Transformation, presentaba un panorama complejo desde el punto de vista de los derechos de las comunidades y muy especialmente de los derechos de las mujeres wayuu.

En el informe se denuncia que las empresas no están realizando los procesos de consulta previa con las autoridades tradicionales dueñas de los territorios y que han provocado conflictos dentro de las comunidades para dividir a los grupos de oposición y tener más facilidad de entrada. Asimismo, denuncian que se han producido muchos incumplimientos de acuerdos entre empresas y comunidades; que no se ha aplicado la debida diligencia en derechos humanos ni se han realizado estudios de impactos en derechos humanos y un plan de mitigación y resolución de los impactos negativos. Las empresas no están respetando el derecho a la participación en beneficio de las comunidades y, en cambio, les ofrecen planes de inversión social con trampa, ya que solo pueden ejecutar dichos planes con las mismas empresas que los proponen.

Las empresas con su sede matriz en Europa deben hacer una reflexión profunda sobre cómo deben modificar sus formas de desarrollar los proyectos en relación con los nuevos marcos normativos. En la actualidad, ninguna de las empresas europeas que opera en La Guajira cumpliría con los parámetros que establece la Directiva Europea que se va a adoptar durante este 2024. No se han visto análisis de los riesgos y estudios de impactos en derechos humanos con participación de las comunidades. Tampoco se ven planes de resolución y mitigación de los impactos adversos. Y, a juzgar por las denuncias que llegan desde las comunidades y organizaciones wayuu, tampoco se están respetando los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas ratificados en Colombia.

Paradójicamente, muchas comunidades wayuu no se oponen al desarrollo de los proyectos si se respetan sus derechos. Para favorecer esta situación, las empresas deben asumir que los recursos naturales son parte de los territorios indígenas y, por consiguiente, son propiedad de los pueblos indígenas. Deben modificar sus formas de relacionarse con las comunidades indígenas en La Guajira, aplicando la debida diligencia en derechos humanos en todos los proyectos. Deben promover un diálogo genuino con las autoridades tradicionales y alianzas con las comunidades para mejorar las condiciones de vida. Se debe reconocer que el derecho a la participación incluye el reparto de beneficios y entender que las compensaciones económicas tienen que ser ajustadas a la resolución de los impactos que han provocado, tienen que contar con la aprobación de las comunidades y no deben estar condicionadas de ninguna manera por la empresa.

La situación en La Guajira resulta un ejemplo paradigmático de los cambios que la debida diligencia en derechos humanos está provocando en el mundo de los negocios, así como de la utilidad preventiva que puede tener. Este caso demuestra las dificultades que tienen que enfrentar las empresas que quieren operar fuera de este nuevo marco jurídico. Nos demuestra las capacidades de incidencia que pueden tener los grupos de interés exigiendo el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos en el desarrollo de proyectos empresariales.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.