“Lo único que faltaba era un látigo”: las denuncias ignoradas de abusos de los trabajadores migrantes en granjas del Reino Unido

En una granja de Herefordshire (Oeste de Inglaterra), Julia Quecaño Casimiro, a miles de kilómetros de su hogar en Bolivia, se declaró en huelga por primera vez en su vida. Ya había trabajado en granjas de Chile durante varios años, pero afirma que nunca había sufrido acoso, discriminación o descuentos salariales hasta que trabajó en Reino Unido. “Nada más empezar, vi que era explotación”, declara. “Era esclavitud moderna”.

Un reclutador en Chile había prometido a Quecaño, de 23 años, que ganaría hasta 500 libras (574 euros) a la semana recogiendo fruta durante los cinco meses que duraba el visado de trabajadora temporera que le había concedido el Gobierno británico. Pero durante su primera semana a finales de junio en Haygrove, uno de los mayores productores de fruta del país, no le dieron turnos ni sueldo, asegura. La semana siguiente ganó menos de 150 libras (172 euros).

Para Quecaño y algunos de sus compañeros, el punto de inflexión llegó el 19 de julio, cuando les dijeron que debían devolver a la granja 1.500 libras (unos 1.720 euros) por los vuelos que les habían llevado a Reino Unido. Ya les habían avisado de que tendrían que hacerse cargo del coste de los billetes, pero les habían informado de que el precio sería de unas 1.000 libras y además los recibos mostraban que algunos de los pasajes habían costado mucho menos de lo que les reclamaban. Hoy Haygrove reconoce que se trataba de un error y asegura que está investigando el sobrecoste con sus agencias de viajes.

De ninguna manera habría venido a Reino Unido si hubiera sabido lo que iba a pasar

Julia Quecaño Casimiro, temporera chilena

A los trabajadores se les dijo que tendrían que devolver 250 libras (287 euros) cada semana durante seis semanas, además de las deducciones por alojamiento. En el caso de Quecaño, eso significaba quedarse con solo 16 libras (18,3 euros) en las semanas en las que se le concedían las horas garantizadas por la empresa. La noticia llevó a los empleados a convocar una reunión urgente, en la que elaboraron una lista de reivindicaciones sobre el trato que recibían. A la mañana siguiente, al no recibir respuesta, unos 90 trabajadores, entre ellos Quecaño, organizaron un paro no oficial, que comenzó el 21 de julio. Su acción fue una de las primeras huelgas por personas acogidas al programa del Gobierno británico para trabajadores temporeros. “De ninguna manera habría venido al Reino Unido si hubiera sabido lo que iba a pasar”, declara Quecaño a The Bureau of Investigative Journalism (la Oficina de periodismo de investigación, TBIJ por sus siglas en inglés).

Las alegaciones de malos tratos como las de Haygrove son habituales en muchas granjas de Reino Unido, según ha constatado TBIJ. También hay pruebas de que el Ministerio del Interior británico conocía las denuncias, no actuó al respecto y más tarde intentó impedir que esa información se hiciera pública.

Haygrove asegura que la falta de turnos mencionada se debía a “condiciones meteorológicas adversas”, pero que todos los trabajadores cobran al menos 32 horas semanales según el salario mínimo, con anticipos de 100 libras en efectivo a los recién llegados que no consiguen trabajo inmediatamente. La empresa también rebate las acusaciones de explotación laboral, añadiendo que la mayoría de sus temporeros “tienen una experiencia muy positiva”, con una tasa media anual de retorno del 64%. La empresa agrega que es auditada periódicamente por organismos como el Consorcio Británico de Minoristas y afirma que las recientes inspecciones del Ministerio del Interior y de la Autoridad para la Lucha contra la Explotación Laboral (GLAA, por sus siglas en inglés) no han encontrado pruebas de irregularidades.

TBIJ tiene conocimiento de que el Ministerio del Interior no ha ultimado sus conclusiones, y la investigación de la GLAA sigue en curso. De los 134 trabajadores latinoamericanos que TBIJ ha averiguado que fueron contratados, 85 siguen en la granja, según Haygrove.

Cobro de comisiones ilegales

Tras cinco meses de intentos, TBIJ tuvo acceso a 19 informes de inspecciones agrícolas elaborados por Interior entre 2021 y 2022. Los documentos resumen las entrevistas y los hallazgos de inspectores en granjas que empleaban a personas con el mismo visado que Quecaño y sus colegas —no hay pruebas que indiquen que alguno de los informes esté relacionado con Haygrove—. Casi la mitad (44%) de los 845 trabajadores entrevistados en estas inspecciones expusieron problemas como racismo, sustracción de salarios y amenazas de devolución. En la mayoría de las explotaciones inspeccionadas hubo denuncias de malos tratos o discriminación, y en las tres explotaciones con más quejas, más del 80% de los trabajadores entrevistados plantearon algún tipo de problema.

Una mujer ucrania contó a los inspectores que estuvo recluida en su caravana sin acceso a asistencia médica ni alimentos durante 11 días cuando contrajo la covid-19

Una mujer ucrania contó a los inspectores que estuvo recluida en su caravana sin acceso a asistencia médica ni alimentos durante 11 días cuando contrajo la covid-19. Relató que estaba “muerta de hambre” y que el operador de su programa, una de las pocas empresas de contratación autorizadas por el Gobierno para tramitar visados de temporeros, no le proporcionó ninguna ayuda. Otra persona denunciaba que a un compañero se le negó atención dental, lo que le llevó a arrancarse su propio diente. En otra granja, donde más de una docena de personas se quejaron de haber sido maltratadas, un trabajador denunció que una encargada había gritado: “¡Soy una inglesa de pura cepa, me quedaré a vivir aquí y vosotros os volveréis a vuestros países mediocres!”.

Los documentos también revelan que el cobro de comisiones de contratación (ilegal en el país) es más común de lo que se pensaba: trabajadores de seis países declararon haber pagado a reclutadores hasta 7.500 libras (8.600 euros) por puestos de trabajo en Reino Unido.

Los informes contradicen las afirmaciones de los ministros del Gobierno y de los operadores del programa de visados sobre el trato que reciben los trabajadores temporeros en las granjas británicas. Dos operadores del sistema de visados declararon pocos días antes del inicio del paro de los temporeros y después de elaborados los informes de los inspectores que sólo el 1% de sus trabajadores habían presentado reclamaciones; y el pasado septiembre el ministro británico de Agricultura, Mark Spencer, afirmó que los trabajadores de este régimen están “muy bien atendidos” y que los empresarios “se aseguran de que se satisfacen sus necesidades en materia de bienestar”. Pero ni el Ministerio del Interior ni los operadores del sistema de visados investigaron ninguna de las denuncias conocidas durante estas inspecciones, según un informe del inspector jefe independiente de inmigración.

Los operadores de los sistemas de visados están obligados a garantizar que los participantes reciben una remuneración adecuada y un trato justo, y que viven en alojamientos higiénicos. A pesar de los numerosos casos que llegaron a los inspectores, ningún operador del programa autorizado por el Gobierno ha perdido su licencia ni ha sido sancionado por incumplir estas normas. Algunos sí han sido sancionados con la suspensión de sus licencias para patrocinar visados cuando los trabajadores permanecían en Reino Unido después de que sus permisos hubieran expirado. “Creo que es muy preocupante que [el Gobierno] esté más preocupado de si las personas han abandonado el país que de si han sido tratadas de forma adecuada, justa y con la dignidad que se merecen”, declara Sara Thornton, excomisaria independiente contra la esclavitud (IASC, por sus siglas en inglés) del Gobierno.

Tras un informe oficial en el que se afirmaba que el programa piloto de visados de 2019 había puesto de manifiesto condiciones “inaceptables”, Thornton escribió a los ministros para expresar su preocupación. Recomendó reformas, como indemnizaciones para quienes hubieran pagado tasas de contratación ilegales y un medio para resolver litigios de forma independiente. Las recomendaciones no se aplicaron y, tras la marcha de Thornton, el puesto de IASC quedó vacante durante más de un año hasta que se nombró un sustituto a principios de este octubre, a pesar de que su ocupación es un requisito legal.

Ante las presiones del Sindicato Nacional de Agricultores, una asociación del sector que representa a los propietarios de explotaciones agrícolas, el Gobierno amplió el plan de visados para trabajadores temporeros de 2.500 trabajadores en 2019 a un máximo de 55.000 este 2023. Simultáneamente, Interior subió 50 libras la tasa de los visados, hasta las 298 libras, más del doble de lo que cuesta tramitarlo.

“Con el conocimiento [del contenido de los informes], cabría pensar que esto habría frenado al Gobierno, pero no ha sido así”, señala Jamila Duncan-Bosu, abogada de la Unidad de Lucha contra la Trata y la Explotación Laboral, una organización benéfica que presenta demandas en nombre de las víctimas de la esclavitud moderna. No investigar los abusos señalados en los informes, asegura, puede significar que el Gobierno ha incumplido su obligación de impedir el trabajo forzoso en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. “En esencia, se trata de una explotación patrocinada por el Estado”, añade.

En respuesta a las conclusiones de TBIJ, el Ministerio del Interior declara que “cada año se han introducido mejoras para poner fin a la explotación y tomar medidas drásticas contra las malas condiciones de trabajo”. Añade que se había creado un nuevo equipo para salvaguardar los derechos de los trabajadores mediante “la mejora de la formación y los trámites de los inspectores encargados del cumplimiento normativo, y orientaciones claras y publicadas para que los operadores de los sistemas tomen medidas contundentes cuando los trabajadores corran riesgo de explotación”. Según lo expuesto por la directora de la Oficina de Aplicación de la Ley Laboral ante los Lores el pasado mayo, ese nuevo equipo cuanta con media docena de empleados para hacer una vigilancia de los cientos de explotaciones que contratan temporeros en Reino Unido. Al mismo tiempo, la GLAA, el organismo gubernamental encargado de conceder licencias a los proveedores de mano de obra y de luchar contra la explotación en el sector agrícola, ha tenido que plantearse recortes de plantilla después de que el Ministerio del Interior redujera en un millón de libras (1,15 millones de euros) sus siete millones (ocho, de euros) de financiación.

En Haygrove, los propios trabajadores han interpuesto quejas: denunciaron la explotación ante la policía de West Mercia, que remitió el caso a la GLAA. TBIJ tiene constancia de que la GLAA entrevistó a cuatro trabajadores a finales de septiembre, dos meses después de que se presentara la denuncia inicial y después de que decenas de los empleados hubieran abandonado la granja.

La policía chilena también está llevando a cabo una investigación. Quecaño y una compañera están tramitando demandas ante el tribunal de trabajo de Reino Unido.

Haygrove niega todas las acusaciones de irregularidades en los “términos más enérgicos” y dice que no tenía conocimiento de ninguna investigación en curso.

“¿Quieres irte a casa? Pues entonces, cállate”

Los trabajadores de Haygrove cuentan que cada día abandonaban sus caravanas poco después de las cuatro de la madrugada para emprender un viaje de hasta dos horas en autocar hasta los campos de Haygrove situados en la frontera con Gales. Denuncian que no se pagaba nada de ese tiempo, ni tampoco el viaje de vuelta. La empresa asegura que los trabajadores podían evitar ese viaje diario pues disponían de alojamiento in situ.

Uno de los compañeros de Quecaño declaró a TBIJ que había días en los que los trabajadores pasaban 12 horas en el campo, pero solo se les pagaban ocho. Llegaban a la caravana a las ocho de la tarde, se duchaban y cocinaban, de modo que solo tenían cuatro o cinco horas para dormir antes del siguiente turno. Haygrove refutó la insinuación de que les pagaran menos de lo estipulado, afirmando que las horas trabajadas se auditaban externa e internamente.

Las horas no pagadas son habituales, según los informes del Ministerio del Interior. En casi dos tercios (12 de 19) de las granjas inspeccionadas en 2021 y 2022, los trabajadores señalaban que no siempre se les pagaban las horas que trabajaban, ni las bajas por enfermedad o los viajes, o que se les deducía más del máximo permitido por la ley. Una granja había sido denunciada por la agencia tributaria por no pagar el salario mínimo.

En la mayoría de las inspecciones de las granjas, los trabajadores también afirman haber sido maltratados con intimidaciones, humillaciones públicas y racismo por parte de los supervisores

Durante el paro en Haygrove, los trabajadores recibieron la visita de Justin Emery, director gerente de Fruitful Jobs, una de las seis empresas autorizadas para ofrecer visados de temporeros para el sector agrícola y, aunque no patrocinaba los visados de latinoamericanos, había sido contratada para ciertas funciones de recursos humanos. En una grabación de aquella visita se oye a Emery advertir: “Si decidís no trabajar, estáis protestando y estáis incumpliendo las normas del patrocinio”. También se le escucha responder a una mujer: “A ver, ¿quieres irte a casa? Pues entonces, cállate”. A continuación, se le oye decir que más de 400 trabajadores estaban pidiendo traslados. Fruitful Jobs declaró a TBIJ que las peticiones de traslado se debían a que las horas de trabajo eran inferiores a las esperadas y no tenían que ver con las condiciones laborales. Afirmó que Emery estaba en la granja para intentar resolver los problemas y realizó esos comentarios porque la trabajadora estaba interrumpiendo. Y señaló que los patrocinadores de los visados tienen la obligación legal de notificar al Ministerio del Interior los cambios que se produzcan en la situación de un trabajador temporero.

Los trabajadores de Haygrove habían comentado a Emery que tenían miedo de los supervisores de la granja. Contaron a TBIJ que no les daban agua durante todo el día y que les gritaban que recogieran más rápido y que, cuando no alcanzaban los objetivos o cometían errores, les obligaban a tomarse días libres no remunerados. Haygrove afirmó que no había encontrado pruebas de gritos, intimidación o discriminación por parte de sus supervisores y que siempre se les proporcionaba agua. Subrayó que los objetivos de recogida no se utilizaban para “castigar”, sino para identificar a los trabajadores con mayor rendimiento y así poder ofrecerles horas adicionales.

En la mayoría de los informes de las inspecciones de las granjas, los trabajadores también afirman haber sido maltratados con intimidaciones, humillaciones públicas por parte de los supervisores y racismo. “Los empresarios te tratan como a una mierda. Siempre se meten contigo y te dan [sic] más trabajos cuando ya estás ocupado. Hay racismo”, aseguraba un trabajador de Barbados.

Una mujer embarazada de Barbados tuvo que dormir en la litera de un niño mientras trabajaba en una de las granjas y no disponía de cuarto de aseo privado, por lo que tenía que caminar hasta uno común, a veces bajo la lluvia

Según un inspector del Ministerio del Interior, también se obligaba a la gente a trabajar jornadas de 12 horas o turnos seguidos durante un máximo de dos semanas, y sin haberlo acordado. Cuando decían a sus jefes que necesitaban un día libre, la respuesta era: “Habéis venido aquí a trabajar, así que tenéis que trabajar”, escribía el funcionario. Una trabajadora moldava citada en el mismo informe se echó a llorar cuando explicó que solo tenía un descanso de 15 minutos y que se le impedía hacer otro, incluso para ir al baño, beber agua o comer, hasta que cumplía sus objetivos. “Lo único que falta es un látigo para pegar a la gente”, señalaba.

Los informes del Ministerio del Interior se hacen eco de una investigación de TBIJ que descubrió maltrato generalizado a trabajadores migrantes en más de 20 granjas, viveros y centros de embalaje de todo Reino Unido en 2022. Las personas denunciaban que las condiciones de vida eran inseguras e insalubres, a pesar de pagar a los propietarios de las granjas hasta 2.000 libras al mes (unos 2.300 euros) por el alquiler entre seis personas.

Un análisis de los informes de las inspecciones realizado por TBIJ revela que los problemas de alojamiento son una de las quejas más comunes de los beneficiarios del programa, y que casi una cuarta parte de ellos plantearon sus quejas a los responsables del cumplimiento normativo. En muchas granjas, la gente no tenía duchas ni aseos en sus caravanas. En otras, había ratones, cucarachas o chinches. Algunos afirmaban que tenían que compartir la cama con un extraño o se veían obligados a vivir en espacios reducidos que a menudo eran fríos o tenían moho. Una mujer embarazada de Barbados tuvo que dormir en la litera de un niño mientras trabajaba en una de las granjas. No disponía de cuarto de aseo privado, por lo que tenía que caminar hasta un baño común, a veces bajo la lluvia.

También hubo quejas sobre la privacidad y la seguridad. En varias granjas, los gerentes o el personal administrativo entraban en las caravanas sin avisar o sin permiso, y en otras, los trabajadores tenían que compartir una llave con hasta seis personas. En el peor de los casos, no había ninguna cerradura.

“Se permite la explotación laboral”

Cerca de 90 chilenos, peruanos y bolivianos se sumaron a la huelga no oficial de Haygrove durante tres días; 30 de ellos continuaron el paro durante casi una semana. Aislados en la campiña británica, lejos de casa y con sus visados en peligro, muchos acabaron volviendo al trabajo sin haber conseguido ninguna de sus reivindicaciones. Desde entonces, decenas de trabajadores han abandonado la granja. Ahora se cobra a cada trabajador el valor real de su billete de avión, pero otras condiciones apenas han mejorado.

Petros Elia, secretario general de Voces Unidas del Mundo, sindicato que ayuda a algunos de los antiguos trabajadores de Haygrove a presentar demandas ante los tribunales, afirma que el régimen de trabajadores temporeros es una “estafa” que debe rediseñarse desde cero con protecciones laborales y una ejecución adecuada. Calcula que los trabajadores tardarán más de 18 meses en recibir cualquier indemnización. Para entonces, sus visados de seis meses habrán expirado hace tiempo. “A todos los efectos, a la mayoría de los trabajadores les resulta imposible, incluso en caso de infracción, exigir responsabilidades a sus empleadores”, afirma.

Pero Quecaño denuncia ahora para evitar que otros caigan en la misma trampa, dice. “En este país se permite la explotación laboral. El Gobierno tolera que suceda y es cómplice”.

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