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“Un retroceso de 30 años” en Gambia: líderes religiosos y políticos quieren despenalizar la mutilación genital femenina

La condena a tres mujeres por practicar ablaciones a ocho bebés genera un intenso debate en el país africano, donde la práctica está prohibida desde 2015 pero el 75% de las adolescentes ha sido sometida a esta práctica

Gambia Genital Mutilation
Niñas de uniforme en Banjul (Gambia), en enero de 2020.Ercin Top (Anadolu Agency via Getty Images)
José Naranjo

Líderes políticos y religiosos de Gambia han puesto en marcha una intensa campaña para despenalizar la mutilación genital femenina (MGF), prohibida en este país africano desde 2015, pero que se sigue practicando en la clandestinidad. El detonante ha sido la reciente detención y encarcelamiento de tres mujeres tras haber mutilado a ocho niñas de entre cuatro meses y un año de edad en el pueblo de Niani Bakadagi (en el centro del país), lo que supone la primera condena desde que la ley entró en vigor. Los promotores de esta iniciativa son el imam radical Abdoulie Fatty, defensor de la ablación, y el diputado Sulayman Saho, que ha pedido en el Parlamento su despenalización. El debate divide a Gambia, un pequeño país de 2,7 millones de habitantes en el que el 75% de las adolescentes entre 15 y 19 años han sido sometidas a esta práctica, según un informe publicado el año pasado por Unicef.

A finales del pasado mes de agosto, un juez de la región de Central River condenó a tres mujeres, una circuncidadora y dos madres, por practicar la mutilación a ocho bebés. La pena impuesta a cada una de ellas fue el pago de 15.000 dalasis (unos 217 euros) o un año de cárcel. Días más tarde, el imam radical Abdoulie Fatty, conocido entre otras cosas por haber sido el asesor religioso del dictador Yahya Jammeh, por su homofobia y por su defensa de la ablación como parte de la religión musulmana, pagó la multa de las tres mujeres para sacarlas de prisión y animó a los gambianos que continuaran con esta práctica sin esconderse. “Si todos acuerdan hacerlo abiertamente, el Gobierno no puede encarcelar a un pueblo entero y mucho menos a todo un país”, aseguró.

A raíz de estas declaraciones, Isatou Touray, directora de la asociación Gamcotrap que lucha contra la MGF, pidió públicamente la detención del imam Fatty. “Esto es una incitación a la violencia y, por lo tanto, un asunto urgente. Pido al Gobierno, a los ministros de Género y Salud, al presidente del Tribunal Supremo y al inspector general de la Policía que detengan al imam Fatty porque si alguien va en contra de la ley, la ley debe seguir su curso. Esto es inaceptable y hago un llamamiento a las mujeres para que sepan que se trata de sus vidas y del futuro de sus hijos”, dijo Touray.

Estas declaraciones, entendidas como una provocación a los líderes religiosos y al islam, generaron un debate que saltó inmediatamente a las calles del país y llegó incluso al Parlamento. El lunes de la semana pasada, el diputado opositor Sulayman Saho, elegido por el distrito de Central Baddibu, utilizó su turno de palabra en la Asamblea Nacional para pedir la derogación de la ley que prohíbe la mutilación genital femenina, propuesta que fue recibida con gestos de apoyo por parte de un grupo de diputados. Saho se mostró preocupado por las detenciones de “madres y hermanas” y vinculó la mutilación genital femenina al derecho a preservar las costumbres y religiones propias. En este sentido, señaló: “La prohibición infringe esos derechos y ampara la violencia en nuestro país (…) Debemos ponernos manos a la obra para revisar la ley que criminaliza la circuncisión femenina”. Su propuesta es que exista libertad en la toma de decisión sobre la MGF.

“Si todos acuerdan hacerlo [practicar la mutilación genital] abiertamente, el Gobierno no puede encarcelar a un pueblo entero y mucho menos a todo un país”
Abdoulie Fatty, imam defensor de la ablación

Para Adriana Kaplan, responsable de la ONG Wassu Gambia Kafo (que lleva décadas luchando contra la ablación en este país), que en este momento haya líderes en Gambia que planteen una posible despenalización representa “un retroceso de 30 años” con respecto a los derechos conseguidos para las mujeres gambianas. “Muestra que esta lucha no ha terminado, que el camino es largo y que se ha de trabajar desde una perspectiva de respeto y conocimiento”, asegura. A su juicio, el balance de la actual ley es positivo porque crea un marco jurídico dentro del que trabajar. “Es cierto que la ley no funciona, pero es por la dificultad que conlleva su aplicación. La policía o los profesionales sanitarios también forman parte de la comunidad”, considera.

“Cuerpos reducidos a herramientas políticas”

La iniciativa de Gambia para despenalizar la mutilación genital ha tenido una rápida respuesta por parte de las asociaciones que luchan contra esta práctica. La Coalición de la Sociedad Civil y ONG ha recordado al Gobierno que tiene la obligación legal de proteger los derechos y la salud de las mujeres y niñas. “También condenamos en los términos más enérgicos las acciones de los detractores [de la ley] que aprovechan la devoción social y religiosa para promover sus agendas personales en detrimento del bienestar de las mujeres”, aseguraron en un comunicado. “Sus vidas llevan cicatrices indelebles mientras sus cuerpos son reducidos a herramientas políticas. Lamentablemente, miles más en Gambia siguen siendo vulnerables a ser víctimas de esta terrible experiencia”, expresaron las ONG.

En diciembre de 2015, el Parlamento de Gambia aprobó una modificación de la Ley de Género (Women’s Act) de 2010 para incluir dos artículos que tipifican como delito la mutilación genital. De esta manera, se fijaron penas de hasta tres años y una multa de 50.000 dalasis (unos 773 euros) tanto para quien la practique como para quien “la solicite, incite o promueva proporcionando herramientas o mediante cualquier otro medio”, así como la cadena perpetua si dicha ablación conduce a la muerte. Finalmente, se estableció una multa de 10.000 dalasis (unos 154 euros) para quien, teniendo conocimiento de la práctica de la mutilación genital, no lo denuncie.

En los últimos años, las tasas de mutilación genital femenina han descendido considerablemente en niñas y adolescentes de todo el mundo, según distintos estudios. No obstante, unos cuatro millones de jóvenes todavía sufren MGF cada año, según datos de Unicef, y unos 200 millones de niñas y mujeres actualmente vivas han sido sometidas a la mutilación genital. Gambia es uno de los que menos ha avanzado en la erradicación de esta práctica en la última década, según un informe de Unicef.

La mutilación genital femenina se practica sobre todo en el África subsahariana y algunos países árabes, pero también hay casos en Estados de Asia, Europa oriental y América Latina. Instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Unicef y el Fondo de Población de la ONU (UNFPA, por sus siglas en inglés) han puesto en marcha en los últimos 25 años distintas acciones para erradicar la mutilación genital femenina.

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Sobre la firma

José Naranjo
Colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas migratorias africanas. Sus últimos libros son 'Los Invisibles de Kolda' (Península, 2009) y 'El río que desafía al desierto' (Azulia, 2019).

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