Gambia aprueba su primera ley contra la ablación

Someter a una niña gambiana a una mutilación genital se empezará a castigar en el país africano. Hasta tres años de prisión, multas de 50.000 dalasis —unos 1.130 euros, cuando el salario mínimo es de 45— o cárcel permanente en caso de fallecimiento de la menor son las penas que contempla la primera ley del país contra la mutilación genital femenina (MGF) aprobada el pasado diciembre. Se trata, según los expertos, de "un gran paso adelante" en el país africano, sobre todo, teniendo en cuenta que la práctica afecta al 75% de las mujeres del país y que, hasta hace 12 años, estaba prohibido hacer trabajos de sensibilización sobre el tema. 

La evidencia científica y el trabajo de campo que ha hecho la fundación española Wassu-UAB desde 2008 han sido el germen de todo este proceso que culminó con ley contra la ablación. En un país donde la práctica está fuertemente arraigada, vinculada a la tradición y a los lazos familiares, de poco o nada servía el discurso del miedo que lanzaba Occidente para erradicar la MGF. Los investigadores de la fundación Wassu-UAB, auspiciados por la propia vicepresidenta del país, Isatou Njie-Saidy, dieron una vuelta de tuerca al enfoque tradicional con el que se abordaba el asunto y comenzaron un trabajo de investigación sobre el terreno. Su objetivo era demostrar, con la evidencia científica bajo el brazo, que la ablación tiene consecuencias negativas muy graves para la salud.                   

Tres años de prisión, multas económicas o cárcel permanente en caso de fallecimiento de la menor son las penas que contempla la nueva ley

Ha sido "un trabajo de hormiguitas", recuerda la antropóloga Adriana Kaplan, directora de Wassu-UAB. La investigadora, una de las expertas mundiales en MGF, preparó minuciosamente una metodología específica para penetrar con efectividad en las comunidades más herméticas. A través de un observatorio transnacional con sede en Barcelona y en Gambia, los investigadores aplicaron "la transmisión del conocimiento en cascada". El plan pasaba por realizar estudios clínicos in situ que probasen el daño que provoca la MGF y mostrar los resultados a todos los estratos sociales. Y lo consiguieron. "Queremos preservar también el valor cultural que tiene esta práctica para ellos, pero les ofrecemos una alternativa, un rito de iniciación que no implique la mutilación", sostiene Kaplan.

Fueron muchas reuniones con las autoridades gubernamentales, encuentros con los líderes religiosos y visitas continuadas a los poblados para hablar con las comadronas y las mujeres más ancianas. El primer estudio clínico requería radiografiar el país, ver quién practicaba la mutilación, dónde se hacía y qué tipo de ablación se realizaba. El 66% de las mujeres sufrían una ablación de tipo I —la circuncisión, que implica la eliminación del prepucio clitorídeo pero conservando el clítoris—. El 7% era del tipo III, la más agresiva, que consiste en sellar la abertura vaginal, a veces, con reseción del clítoris incluida. Ante los datos que presentaron los investigadores de la prevalencia de la práctica, el gobierno gambiano dio luz verde para seguir investigando.

"Luego descubrimos que el 42% de los profesionales de la salud apoyaban la MGF y el 47% someterían a sus hijas a esa práctica", explica Kaplan. Los sanitarios tampoco vinculaban las complicaciones que veían en partos u otros problemas de salud con las consecuencias de la mutilación. Pero los investigadores, otra vez con la evidencia en la mano, probaron que las mujeres mutiladas tenían cuatro veces más posibilidades de presentar problemas durante el alumbramiento y de sufrimiento de los fetos.

"Desplegamos un curriculum académico para que los profesionales de la salud que estaban estudiando la carrera en ese momento tuviesen un bloque de estudio sobre la MGF. No podíamos dejar que acabasen la carrera sin reconocer los tipos de MGF y sin saber las consecuencias para la salud de esta práctica", apunta la antropóloga. Desde 2008, el equipo de Wassu-UAB formó a 1.280 profesionales de la salud, a 1.464 estudiantes del área sanitaria, a 1.293 comadronas tradicionales y a 995 líderes comunitarios de todo el país.

Los últimos estudios de la fundación auguran un futuro prometedor para la ley y la erradicación de la práctica. En 2014, sólo el 25% de los profesionales de la salud apoyaban la MGF y, además, se plasmó una mejora en el conocimiento de las consecuencias que tiene la ablación en la salud: un 62% de los profesionales sabían de los riesgos a largo plazo en 2014 —en 2009 sólo eran el 41%—.

El número de sanitarios gambianos que apoyan la mutilación se ha reducido a la mitad entre 2009 y 2014

Kaplan reconoce que la promulgación de la ley supuso "una sorpresa" para los gambianos. La penetración de la norma será difícil, avisa la investigadora, en algunas etnias pero apuesta por continuar con el trabajo de sensibilización sobre el terreno. La antropóloga advierte de que hay que prestar especial atención a la "medicalización de la práctica" porque, pese a las cifras favorables en otros ámbitos, el porcentaje de profesionales de la salud que realizan la MGF durante su práctica profesional han pasado del 7% en 2009 al 10,5% en 2014.

El gran reto que queda pendiente en Gambia, asegura Kaplan, es que "se reconozca la MGF como un problema de salud pública en el país". Y puestos a pedir, también sería necesaria la creación de un gran sistema de control epidemiológico para monitorizar las tendencias de la ablación en el país.