La comunidad q’eqchi’ contra Guatemala, un precedente en la lucha de los derechos indígenas

¿Qué relación puede haber entre su vehículo eléctrico y la vida de un líder comunitario en una pequeña población guatemalteca? Tal vez no mucha a simple vista, pero el auge de este medio de transporte está suponiendo un aumento de la demanda de materias primas como el níquel, imprescindible para las baterías de muchos aparatos que funcionan con electricidad. Solo hasta 2040, se prevé un aumento en la demanda de este mineral de hasta 2,6 millones de toneladas en todo el mundo. El níquel es uno de los muchos recursos naturales que se extraen en países latinoamericanos como Guatemala.

Es en este país donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado este miércoles una investigación que promete hacer justicia a más de una decena de comunidades mayas, cuatro décadas después de que el Gobierno abriera por primera vez su tierra natal a la extracción de níquel. En su fallo, la Corte se pronunciará sobre el derecho de las comunidades indígenas a controlar las riquezas minerales en el subsuelo de sus tierras.

Por un lado, es el primero en que se reconoce el derecho a los pueblos indígenas a participar en el proceso donde se debate la soberanía de sus recursos naturales. Por otro, dada la alta demanda de minerales que se prevé para los próximos años en el mercado de las renovables, la decisión de la CIDH puede afectar directamente a muchas empresas mineras situadas en territorios pertenecientes a comunidades indígenas.

La comunidad maya q’eqchi’ de Agua Caliente es la que lleva litigando contra el gobierno de Guatemala y la protagonista de este histórico proceso judicial en el que tiene depositadas sus esperanzas. Desde hace 40 años, diferentes pueblos originarios en Guatemala están pidiendo la clausura de una mina de níquel a cielo abierto en El Estor, operada por una filial del grupo suizo Solway Investment y a la que acusan de contaminar las aguas, el aire y el suelo. El Estor es una pequeña localidad junto al lago Izabal, la mayor extensión de agua dulce de todo el país y una parte fundamental de la vida de muchos de los clanes que siempre han vivido allí.

Desde hace 40 años, diferentes comunidades indígenas en Guatemala reclaman la clausura de una mina de níquel a cielo abierto en su territorio

Este caso es de especial relevancia por ser el primero que reconoce el derecho de los nativos a participar en el proceso de decisión de la soberanía sobre los recursos naturales de los lugares que habitan desde tiempos ancestrales. Asimismo, les reconoce también sus derechos colectivos, el ser partícipes en el desarrollo de sus comunidades y el poder luchar contra el cambio climático.

El objetivo de la demanda presentada ante el tribunal internacional, en palabras de Leonardo Grippa, parte del equipo jurídico del Centro de Recursos Jurídicos para Pueblos Indígenas (ILRC por sus siglas en inglés), no es solo asegurar la titulación colectiva de las tierras. Se trata, también, de denunciar los efectos nocivos de la minería sobre el medio ambiente cuando no se respetan los derechos de quienes tradicionalmente han vivido en esos territorios, un aspecto muy relacionado con las decisiones que se alcanzaron en la pasada COP26 de Glasgow. En esta reciente cumbre por el clima, por primera vez, los representantes de etnias nativas se sentaron como uno más en la mesa de negociaciones para reivindicar su papel fundamental como guardianes de la naturaleza y garantes de la biodiversidad.

“Por primera vez, este caso brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de estas sociedades a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, como un principio del derecho internacional público”, insiste Grippa. También destaca la importancia de este proceso alegando que, a nivel mundial, muchos de los financiadores internacionales e inversores actuales se van a ver afectados por la resolución de la corte: “Ahora tenemos un nuevo y poderoso aliado, un influyente público mundial que exige el fin de las inversiones de empresas, bancos multilaterales, gobiernos y otros inversores que dañan el planeta y violan los derechos humanos”, explicaba este miércoles en una rueda de prensa desde Costa Rica, donde se encuentra la sede de la audiencia.

Aparte de su relevancia internacional, la decisión que adopte finalmente la corte también tendrá efectos en las vidas diarias de los habitantes de la zona. Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente y ganador en 2017 del Premio Goldman, considerado el Nobel del Medioambiente, sabe bien los riesgos que implica alzar la voz por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Es uno de los pocos miembros de Agua Caliente que es bilingüe (habla q’eqchi’ y español) y su voz es pausada, pero firme, cuando recuerda que en 2012 unos desconocidos subieron al autobús donde viajaban dos de sus hijos y su nieto, disparándoles a bocajarro. A consecuencia de ello, uno murió, el otro sufrió heridas de gravedad y el niño, de ocho años, tuvo que recibir tratamiento psicológico por el trauma ocasionado.

Actualmente, su familia y él siguen recibiendo amenazas y presiones de todo tipo. “En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar”, explica Tot.

Un derecho violado a los pueblos indígenas

Este caso es una situación que se repite con relativa frecuencia. Puede cambiar el nombre de los actores involucrados, pero los hechos pueden ser los mismos en muchas zonas del planeta: derechos que se solapan. Por un lado, unas zonas habitadas por aborígenes desde tiempos inmemoriales, y, a la vez, un permiso de explotación que otorga derechos sobre esos mismos terrenos a empresas extractivas, generalmente de capital extranjero.

La historia se remonta alrededor del año 1870, cuando numerosos colonos alemanes y guatemaltecos de otras partes del país vinieron a la zona del lago Izabal donde históricamente vivían las comunidades mayas q’eqchi’. Tal y como explica Victoria Sandford, profesora de antropología y directora fundadora del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Paz en Lehman College (Estados Unidos): “Hasta la entrada en el mercado internacional del café había muy poca interacción entre la gente q’eqchi’ y el Estado de Guatemala, pero vinieron colonos de fuera a trabajar y querían la mano de obra de los habitantes”.

Sin derechos reconocidos y obligados a trabajar gratis esos cultivos durante tres meses al año, la situación no mejora en el siglo XX. Durante la Guerra Fría, Guatemala es escenario de numerosas masacres, y el conflicto armado interno se ha alargado durante más de 36 años en los que la población está sufriendo una represión muy fuerte en sus propios territorios. Aunque la situación ha mejorado en parte, Sandford reconoce que las estructuras que orquestaron muchos de los crímenes y masacres se han reorganizado. “Yo le tengo mucho respeto a Rodrigo Tot y a otros miembros de su comunidad. Tienen mucho valor para levantarse y decir lo que está pasando”, insiste.

Es también a finales del siglo XIX cuando se crea el Registro General de la Propiedad de Guatemala y comienzan a inscribirse las diferentes fincas. A pesar de estar habitadas por indígenas, a los q’eqchi’ no se les reconoce ninguna titularidad sobre ellas.

En 1953, los latifundios pasan a ser parte de la nación y es cuando las comunidades comienzan a iniciar su reivindicación sobre las mismas, pero el conflicto interno vivido en Guatemala hace que no sea posible retomar este problema hasta comienzos del siglo XXI. Después de un largo y duro proceso, los pueblos originarios pagan el precio total para recomprar los territorios, pero no se puede proceder a la inscripción por diferentes negligencias burocráticas y del catastro. En un contexto de violencia continua, amenazas y asesinatos de líderes y numerosos intentos de desalojo, a pesar de que hay varias sentencias que dan la razón a los nativos, el Estado guatemalteco no cumple y por eso se pone en marcha el caso ante la CIDH.

“Toda Latinoamérica tiene problemas y crisis sobre tierras habitadas por etnias locales. Guatemala reconoce la jurisdicción de la CIDH desde 1987, por lo que está sometida al hecho de que sus decisiones tienen valor, son vinculantes”, explica Carlos Pop, abogado guatemalteco y miembro del equipo legal que presenta la causa ante el tribunal, incidiendo en la importancia que puede suponer la resolución judicial.

El derecho de consulta libre, previa e informada

En octubre de 2021 hubo una serie de protestas pacíficas en El Estor llevadas a cabo por miembros de comunidades originarias y vecinos del municipio. Estos solicitaban el cumplimiento de una decisión judicial que ordenaba realizar un proceso de consulta sobre otro proyecto de minería que se viene realizando en la zona. Estas protestas provocaron que el Gobierno declarase durante 30 días la situación de Estado de sitio y posteriormente el de prevención una quincena más.

La petición ante la CIDH es que el Estado de Guatemala debe garantizar la convivencia y armonía de vida de las comunidades indígenas

Carlos Pop, abogado de la comunidad q’eqchi’

“[Los pueblos indígenas] siguen avanzando pese a todos los obstáculos a los que se han enfrentado. Estas tienen su origen en la historia colonial de discriminación y violencia. Hasta el punto en que las decisiones judiciales obligan a reconocer los derechos bajo normas nacionales e internacionales”, explica Pop. “La petición ante la CIDH es que el Estado debe garantizar la convivencia y armonía de vida de las comunidades tal y como las regulaciones nacional e internacional establecen, a la vez que respeta los derechos de consulta libre, previa e informada a los nativos”, añade.

El siguiente paso será que la CIDH estudie en profundidad la situación de este caso para poder tomar una decisión respecto el fondo de la cuestión, algo en lo que previsiblemente tardará entre unos siete y 11 meses. Una vez dictado, el fallo final será inapelable. Mientras tanto, los líderes tienen claro que van a seguir luchando por sus derechos y los de sus comunidades.

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