El Sahel: más allá de los conflictos climáticos

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El desierto del Sáhara se expande inexorablemente por el embate del cambio climático, provocando hambrunas, conflictos y migraciones en países como Níger, Mali y Burkina Faso. Este discurso frecuente sobre la región del Sahel central es efectivo, pero matizable. La creciente desertificación no está contrastada de forma genérica, solo en zonas concretas como consecuencia de factores humanos no tanto climáticos, relacionados con el uso y conservación de las tierras o el crecimiento poblacional y urbano. De hecho, en las últimas décadas, se ha registrado un reverdecimiento importante, que podría incrementarse fruto del retorno de las precipitaciones y las actividades de recuperación de vegetación.

Las proyecciones climáticas difieren sobre lo que sucederá y el único consenso reside en que esta zona a caballo del desierto del Sáhara y la sabana africana sufrirá un aumento de las temperaturas 1,5 veces más rápido que la media global, una mayor variabilidad de las lluvias en tiempo y espacio y más fenómenos meteorológicos extremos como sequías y lluvias torrenciales. Esto podría repercutir negativamente en poblaciones básicamente dedicadas a la agricultura y el pastoreo, perturbando la producción agrícola y perjudicando a las comunidades más vulnerables, especialmente mujeres y grupos históricamente excluidos como los pastores, según concluye nuestro proyecto CASCADES.

El desplazamiento de las poblaciones trashumantes podría verse afectado, incrementando el riesgo de tensión inter e intracomunitaria por el acceso a los recursos naturales. Las pérdidas económicas inducidas por el clima y un posible incremento de la inseguridad alimentaria podría facilitar el reclutamiento de los grupos armados, aunque no se establece una causalidad directa entre cambio climático y proliferación de la violencia. Nuestra investigación entre más de 200 expertos de la región sugiere en realidad que las intervenciones militares extranjeras, las reivindicaciones religiosas o la marginación de comunidades pastoriles serían elementos determinantes en el incremento de la inseguridad, por delante de los factores climáticos.

El calentamiento global podría provocar más desplazamientos forzados, incrementar la migración del campo a la ciudad e incluso intensificar la migración regional. Sin embargo, la migración hacia otros países africanos superaría con creces la dirigida hacia Europa, rebatiendo así narrativas hegemónicas sobre supuestas invasiones africanas hacia la Unión Europea. Algunas poblaciones quedarían atrapadas por falta de medios para desplazarse como demuestran algunas comunidades de pastores que reducen sus desplazamientos durante periodos de sequía extrema.

La probabilidad y gravedad de estos impactos dependerá en todo momento de la evolución de las condiciones socioeconómicas y políticas que determinan la vulnerabilidad y resiliencia. Así, la productividad agrícola, la existencia de instituciones eficaces e inclusivas, la mejora de infraestructuras o la promoción de sistemas de gestión de recursos y conflictos eficientes serán claves para decantar la balanza. Nada está decidido y todo obedecerá a lo que se haga en cuanto a mitigación de un sistema socioeconómico que vive por encima de sus posibilidades y en cuanto a la mejora de debilidades existentes locales que han derivado en inseguridad alimentaria, inestabilidad y violencia.

Si la UE quiere ser creíble en su voluntad manifiesta de fomentar la adaptación y resiliencia en el Sahel debe levantar de forma urgente la aplicación de las políticas de contención migratoria que obstaculizan la movilidad

Lo prioritario en cuanto a adaptación en la zona es mejorar la complementariedad entre agricultura y pastoreo. Es imprescindible aumentar la productividad del suelo agrícola para evitar la expansión de cosechas en los pastizales, lo que conlleva más tensiones entre comunidades. Asimismo, deben prevalecer iniciativas de riego a pequeña escala, más eficaces y sostenibles, y fomentar el conocimiento local sobre mantenimiento y rotación de tierras combinándolo con la difusión de semillas adaptadas al clima. En relación con el pastoreo, deben aplicarse los tratados que ya reconocen esta actividad como modo de vida esencial y actividad económica productiva y sostenible. También deben definirse mejor los corredores de trashumancia y abordar la exclusión histórica de las poblaciones móviles.

Para todo esto, deben mejorarse iniciativas ya existentes como la Gran Muralla Verde, liderada por la Unión Africana, aunque imaginada por un explorador europeo, que podría matizar sus discursos sobre desertificación y abrirse a la posibilidad de un resurgimiento del verde. Este macroproyecto debe esforzarse en incorporar de forma prioritaria al pastoreo y repensar el papel de los agentes forestales, encargados de la conservación medioambiental pero mal percibidos por la población al ser acusados de extorsiones y abusos repetidos. En relación con la Agricultura Climáticamente Inteligente, supone un enfoque interesante para el desarrollo sostenible y la integración de técnicas agrícolas modernas y tradicionales, pero debería también evitar relegar la ganadería extensiva y optimizar la apropiación local de la perspectiva.

Por último, si la UE quiere ser creíble en su voluntad manifiesta de fomentar la adaptación y resiliencia en el Sahel debe levantar de forma urgente la aplicación de las políticas de contención migratoria que obstaculizan la movilidad como forma de diversificación económica y estrategia primordial para hacer frente al cambio climático. Eso significa respetar los protocolos existentes de libre circulación de la zona CEDEAO, una especie de espacio Schengen en África Occidental, debilitados por acuerdos bilaterales con países como Níger para que ejerzan de gendarmes de la migración.

De la misma manera, las instituciones comunitarias tienen que redefinir su estrategia securitaria y dejar de priorizar únicamente el aspecto militar para frenar el terrorismo. Nuestro estudio evidencia un cansancio de las poblaciones sahelianas respecto a estas intervenciones por sus efectos contraproducentes y las vulneraciones repetidas de derechos humanos. En 2020, las fuerzas y cuerpos de seguridad mataron a más civiles que los propios grupos yihadistas, según ACLED, el Proyecto de Datos sobre Localización de Conflictos Armados; una circunstancia que implora la necesidad de redimensionar estos enfoques y priorizar formas de desarrollo no condicionadas a la restricción migratoria que pongan los derechos y necesidades de las poblaciones sahelianas en el centro.

En definitiva, es imprescindible que los líderes africanos y mundiales no usen el cambio climático y la meteorología para eximir sus responsabilidades y asuman que el hambre y los conflictos, también la emergencia climática, son esencialmente políticos y desde esta perspectiva deben abordarlos.

Oriol Puig es investigador del CIDOB. El proyecto Cascades está financiado por el programa Horizonte 2020 de la UE. Este artículo refleja la opinión del autor.

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