La primera ley de asilo de Egipto se tramita en un contexto cada vez más hostil para los refugiados

La concesión del estatuto de refugiado a las personas solicitantes de asilo es una competencia que por lo general asumen los gobiernos de cada país. Egipto, en cambio, destaca por haberse desmarcado de esta norma internacional pese a ser un país que, por su ubicación geográfica y su papel en la región, ha acogido tradicionalmente a muchos refugiados. Y en los últimos 70 años optó por ceder esta sensible tarea al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Esta orden, sin embargo, dio finalmente un vuelco en diciembre cuando El Cairo ratificó su primera ley de asilo, que traspasará el registro de las solicitudes y su resolución a un órgano del gobierno.

La decisión de asumir esta responsabilidad, después de un proceso de transición aún por definir, ha sido criticada por grupos de derechos humanos por condicionar el estatuto de refugiado a ambiguas consideraciones de seguridad y orden público que aumentan la arbitrariedad del proceso y la desprotección del solicitante. El Parlamento egipcio aún no ha aprobado los reglamentos que deben acompañar la ley para empezar a desplegarla, así que ACNUR sigue encargándose de las solicitudes de asilo. Sin embargo, la norma no define cómo debería llevarse a cabo esta transición, incluidos los casos de los solicitantes ya registrados y de los expedientes que están siendo examinados.

El cambio planteado por Egipto en su gestión del asilo se produce después de que en los dos últimos años haya recibido un importante flujo de refugiados huidos de la guerra en Sudán y en menor medida de Gaza en medio de un auge de los discursos racistas y antiinmigración. En la última década el país también había acogido un número destacable de personas de Siria y de Yemen, así como del turbulento este de África, incluidos Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea.

El número de solicitantes de asilo y refugiados registrados con ACNUR era en enero superior a 900.000, el 70% de Sudán

Las cifras exactas, no obstante, son difusas, algo que El Cairo ha aprovechado a su favor. El número de solicitantes de asilo y refugiados registrados con ACNUR era en enero superior a 900.000, el 70% de Sudán. Pero muchas personas no están registradas y Egipto alude regularmente a la ambigua cifra de nueve millones de “huéspedes” extranjeros, que mezcla a refugiados y solicitantes de asilo con otros migrantes, incluidos los residentes permanentes.

La aprobación de la ley de asilo coincide además con un fuerte aumento de la retórica antiinmigración en Egipto, promovida en parte desde sectores oficialistas y en campañas coordinadas online, según han revelado medios locales. Estos discursos, sobre todo dirigidos contra sudaneses, coinciden con una grave crisis económica que muchos imputan en parte a los refugiados pese a una década de políticas de desarrollo económico consideradas ampliamente insostenibles.

“Antes y después de que se aprobara esta ley ha habido un cambio en el discurso [público]; se ve a la gente hablar de los refugiados sudaneses de una forma que nunca había visto antes, [un] tipo de lenguaje hostil que hasta cierto punto ha estado fabricado”, considera Karim Ennarah, director de la unidad de investigación de la Iniciativa Egipcia para los Derechos de la Persona (EIPR).

Ahondando en esta tendencia, la ley de asilo criminaliza acciones de solidaridad con personas refugiadas, como por ejemplo ofrecer refugio y asistencia, sin habérselo notificado antes a las autoridades, lo que se teme que pueda llegar a afectar a actos individuales, pero sobre todo a ONG e iniciativas de la sociedad civil. Recientemente, El Cairo ha restringido la entrada de ciudadanos sudaneses, palestinos, sirios, libios, yemeníes y ucranios.

“Por mucho tiempo Egipto se conformó con relegar este asunto a ACNUR. Y esto ocurría en un contexto en el que muchos países del Sur Global no se preocupaban por el tema de los refugiados mientras ACNUR se ocupara”, asegura Ennarah. “Pero la forma en que gobiernos y sociedades han empezado a ver la cuestión de los refugiados ha cambiado mucho en los últimos 10 años”, observa. Así que Egipto “en realidad llega bastante tarde”, concluye.

Securitización del proceso

La nueva ley de asilo permite que los refugiados obtengan la ciudadanía, lo que podría contribuir a que más personas conviertan a Egipto en su destino final en lugar de un país de tránsito. La norma también consagra otros derechos como trabajar y acceder a la educación y a la sanidad, según una copia del texto obtenida por EL PAÍS.

“El refugiado gozará de muchos derechos al adquirir este estatus”, asegura el diputado Tarek Radwan, presidente de la comisión de derechos humanos del Parlamento, que cita, además, la posibilidad de obtener documentos de viaje, de crear empresas y de regir asuntos de estatus personal —como el matrimonio— a la ley del país de origen.

Sin embargo, hay zonas grises. Uno de los primeros motivos de alarma entre grupos de derechos humanos fue la rapidez y la opacidad con la que fue adoptada. El texto fue aprobado por la comisión de defensa y de seguridad nacional del Parlamento a finales de octubre, luego pasó atropelladamente por su asamblea general al mes siguiente y fue finalmente ratificado por el presidente, Abdelfatá al Sisi, en diciembre.

Una de las críticas que se dirige a la ley es que su definición de refugiado añade el término “grave” a los simples “temores fundados” que establece la convención de la ONU para obtener asilo por miedo a ser perseguido, a un conflicto armado o a la violencia. Grupos de derechos humanos señalan que esto aumentará la carga de los solicitantes a la hora de probar su derecho a la protección y deja un amplio margen a la arbitrariedad interpretativa.

Antes denunciábamos que las deportaciones violaban el derecho internacional, pero ahora la ley permite hacerlo y otorga amplios poderes para criminalizar a los refugiados y a quienes los apoyan

Nour Khalil, director ejecutivo de la Plataforma de Refugiados en Egipto

La ley no define qué criterios se considerarán para conceder el estatuto de refugiado, pero en cambio prevé criterios vagos para denegarlo. Estos incluyen haber cometido un “delito grave” antes de entrar en Egipto, sin excluir aquellos de naturaleza política, así como “cualquier acto que perjudique la seguridad nacional o el orden público” o la “omisión de cualquier información o dato esencial” en el proceso de solicitud.

Otro elemento que genera preocupación es que la ley discrimina entre solicitantes de asilo en función de si llegan a Egipto por vías regulares o irregulares, y adopta un enfoque punitivo con los segundos, a quienes exige presentar su solicitud en un plazo máximo de 45 días desde su entrada o enfrentarse a multas y penas de cárcel. La norma prevé además unos plazos de resolución más largos en su caso y no aclara qué ocurre si alguien se encuentra fuera de plazo.

Por otro lado, la ley presenta lagunas que dejan margen a la deportación y a la devolución de solicitantes de asilo en caso de que su petición sea rechazada o sobre la base de un acuerdo de retorno “voluntario”, aunque en los últimos años ya se han documentado casos en los que solicitantes de asilo fueron forzados a firmar deportaciones que en ocasiones ni entendían.

La norma también define un contorno restrictivo para la vida de los refugiados en Egipto. Por ejemplo, criminaliza participar en actividades que dañen la seguridad nacional o el orden público, que en Egipto suele abarcar cualquier tipo de acción política, así como las que representen un “acto hostil” contra otros países, incluido el de origen. La afiliación sindical, obligatoria en algunas profesiones, y los “trabajos políticos” están prohibidos.

“Desde la perspectiva egipcia, la ley de asilo [era] un paso que tenían que dar, así que lo están haciendo a su manera”, nota Nour Khalil, director ejecutivo de la Plataforma de Refugiados en Egipto. “Antes denunciábamos que las deportaciones violaban el derecho internacional [y egipcio], pero ahora la ley permite hacerlo y otorga amplios poderes para criminalizar a los refugiados y a quienes los apoyan”, desliza.

La ley de asilo criminaliza acciones de solidaridad con personas refugiadas, como por ejemplo ofrecer refugio y asistencia, sin habérselo notificado antes a las autoridades

“ACNUR ha presentado un plan de transición inicial al Gobierno a través del Ministerio de Exteriores, con el objetivo de apoyarlo en el establecimiento de un sistema de gestión de asilo en línea con las normas internacionales y regionales”, afirma un portavoz de la agencia, que señala que no formaron parte del proceso de redacción de la ley.

La tarea para Egipto será mayúscula, ya que la Administración no está capacitada para asumir automáticamente esta competencia. Turquía, un país con el que se traza un cierto paralelismo, aprobó una ley de asilo en 2013 y el traspaso con ACNUR se completó formalmente en 2018, aunque la agencia de la ONU siguió activa porque la Administración turca aún no estaba preparada.

Cooperación europea

Pese a estas vulneraciones, la UE firmó un acuerdo de cooperación con Egipto en 2022 de 80 millones de euros que incluía reforzar las capacidades de la guardia de fronteras egipcia. Y en marzo de 2024, Bruselas y El Cairo firmaron un acuerdo de asociación que, entre otros ámbitos, perseguía profundizar su cooperación en materia migratoria y control de fronteras. La Comisión Europea anunció el desembolso de 1.000 millones de euros en préstamos de ayuda macro financiera a Egipto cuatro días después de que El Cairo ratificara su ley de asilo.

Khalil, de la Plataforma de Refugiados en Egipto, considera que la gestión actual de asuntos migratorios podría ser contraproducente. “Esta situación de desinformación y de discursos de odio en las redes sociales y en la vida real, las campañas de seguridad, las detenciones y deportaciones, [todo mientras la UE] guarda silencio, [hacen presagiar] que la gente continuará moviéndose, porque hará que la situación no sea segura para ellos”, apunta.

“Históricamente Egipto ha sido relativamente abierto a la entrada de refugiados, al margen de la protección y la calidad de vida que tengan. Es un país que solía ser accesible a muchos refugiados y tenía la ventaja de permitir la libre circulación, sin campos de refugiados”, nota Ennarah. “[Pero] no sé si este régimen relativamente abierto cambiará”, lamenta.