El Gobierno mexicano promete investigar las responsabilidades de los implicados en los ‘Papeles de Pandora’

Negocios opacos lejos del control fiscal de las autoridades mexicanas. Los Papeles de Pandora, una filtración de casi 12 millones de documentos que EL PAÍS ha empezado a publicar este domingo en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha desnudado inversiones y transacciones offshore de más de 3.000 mexicanos. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha movido ficha, ha asegurado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para investigar las responsabilidades de los implicados. Se trata de una élite en la que destacan figuras que tejen las relaciones de poder político y económico en el país, del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Schrerer, al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, el entorno del exmandatario Enrique Peña Nieto o los empresarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.

La UIF, un organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “ya inició la investigación en México”, ha afirmado Nieto en su cuenta de Twitter horas después de conocerse los nombres de los señalados. El responsable de la unidad ha vinculado la necesidad de esclarecer el caso con el mismo proyecto político de López Obrador, que aún no se ha pronunciado, y su “compromiso” contra la corrupción, convertido en una bandera de su Gobierno. “Por ello”, ha agregado, “insistimos en que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”.

La fórmula empleada por Nieto, “beneficiarios finales”, una traducción del inglés ultimate benefitial owner, hace referencia al dueño efectivo de una sociedad constituida en un paraíso fiscal como Panamá, las Islas Vírgenes o las Bahamas. Esa es solo una pieza del rompecabezas que revelan los Papeles de Pandora, un ecosistema donde operan con ejecutivos, proveedores, intermediarios, accionistas, fideicomisos o contratos de cesión a terceros. En cualquier caso, los documentos filtrados de 14 despachos de abogados como el bufete panameño Alcogal implican tanto a figuras próximas al Ejecutivo como a la oposición.

Scherer, vinculado a empresas fuera de la jurisdicción fiscal de México y un departamento en Miami, no respondió a las preguntas formuladas por este periódico y se escudó en que esas inversiones se remontan a una época en la que no tenía responsabilidades como funcionario público. El exconsejero jurídico de Palacio Nacional dimitió el pasado 2 de septiembre. Hasta entonces era considerado uno de los hombres que le hablaba al oído al presidente, uno de sus colaboradores más influyentes.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, tampoco aclaró su relación actual y si declaró su participación en una firma con sede en las Islas Vírgenes Británicas en la que tuvo un poder general hace dos décadas. Otro nombre de la llamada Cuarta Transformación, el senador del partido oficialista Morena Armando Guadiana también aparece en los Papeles de Pandora. Fue, al igual que Arganis, cliente de Allen Stanford, un operador financiero condenado a más de 100 años de cárcel en Estados Unidos por estafa. El legislador afirma que se equivocó al afirmar contar, en un primer momento, con un patrimonio de 28 millones de dólares que luego no figura en su declaración oficial. Lo atribuye a un error de sus asesores fiscales.

Las transacciones de Allen también involucran al antiguo secretario de Agricultura durante el mandato de Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y exgobernador del Estado de Coahuila. Entre los empresarios aparecen Germán Larrea, presidente del Grupo México, y segundo hombre más rico del país, según la lista Forbes, y María Asunción Aramburuzabala, descendiente del cofundador del Grupo Modelo y la mujer más acaudalada del país. Ninguno de los dos empresarios contestó a las preguntas ni ofreció comentarios solicitados por EL PAÍS.

Todos los focos están ahora dirigidos a lo que diga el presidente. López Obrador aún no se ha pronunciado al respecto y la apertura de la investigación de la UIF puede ser tanto una actuación de oficio como una movimiento acordado con el jefe de Estado. Este lunes el mandatario ofrecerá su habitual conferencia de prensa matutina en Puebla, donde se espera que tome una posición ante la filtración de los documentos y su alcance. La lucha contra la corrupción que siempre ha defendido se sustenta en buena medida en la política fiscal. Según la organización Tax Justice Network, México pierde cada año unos 9.000 millones dólares de impuestos en los paraísos fiscales.