Las fortunas ocultas en paraísos fiscales de los aliados de Enrique Peña Nieto

Empresarios y familiares de las figuras políticas más cercanas al expresidente de México Enrique Peña Nieto crearon complejas estructuras en paraísos fiscales que les permitieron resguardar sus bienes con la garantía de la máxima secrecía. Esta maniobra en algunos casos estuvo diseñada de la mano de prestigiosos despachos especializados que asesoran a sus clientes para aprovechar estos agujeros financieros y capitalizar sus ingresos. La identidad de las personas que están detrás de estos sociedades o fideicomisos —que en algunos casos tejieron redes por varios países— ahora sale a la luz tras una revisión a los millones de documentos que forman parte de la investigación global de los Papeles de Pandora, de la que EL PAÍS forma parte.

En los documentos figuran nombres de empresarios como Juan Armando Hinojosa Cantú, el polémico constructor de la llamada Casa Blanca que golpeó la popularidad del entonces presidente; Ricardo Pierdant, el empresario amigo que pagó los impuestos de un departamento en Miami que pertenecía a la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera; y Carlos Peralta Quintero, un magnate que presumió su voto a favor de Peña Nieto en las elecciones de 2012 y que fue uno de los contratistas del gobierno del priista. También aparecen estructuras vinculadas a familiares y figuras políticas con estrechos lazos con el mandatario, como su primo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y la esposa de éste, Fernanda Castillo Cuevas; así como Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jesús Murillo Karam, uno de los funcionarios más controversiales del Gobierno de Peña Nieto. El círculo político también se compone por Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas, un antiguo líder priista acusado de corrupción que fue el mentor de Peña Nieto.

La mayor parte de las estructuras vinculadas a los allegados del expresidente mexicano se estableció en las Islas Vírgenes Británicas, un pequeño territorio en el Caribe que se ha consolidado como uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Esta jurisdicción se vende en su sitio oficial como “un centro financiero offshore exitoso y de buena reputación”. Los inversionistas extranjeros encuentran ahí confidencialidad y beneficios fiscales que no tienen en sus países. El registro comercial de este territorio no puede hacer público quién dirige ni quién es dueño de una empresa e incluso contempla multas para quien divulgue esta información. Trident Trust, uno de los despachos de servicios offshore que promueve los servicios de ese paraíso fiscal, destaca para sus clientes que una de las facilidades de las Islas Vírgenes Británicas es que la constitución de la empresa puede completarse en uno o dos días y que se ofrece “exención de todos los impuestos”.

Uno de los clientes de Trident Trust que optó por registrar sus entidades allí es Carlos Peralta Quintero, presidente y director de Grupo IUSA, una empresa dedicada a la fabricación de productos eléctricos en el país. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la compañía recibió contratos para suministrar medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según reveló en 2017 una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Peralta Quintero aparece en los Papeles de Pandora relacionado a tres empresas. Con dos de ellas pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario, según los documentos.

La primera estructura offshore denominada Cogent Developments Limited la constituyó en septiembre de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas y él quedó inscrito como director. En los documentos que forman parte de la filtración no hay mayor rastro que permita conocer los propósitos de la empresa y el valor de sus activos. Un mes después de que Peralta Quintero creó esta entidad en el extranjero, en México perdió una batalla legal en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a quien le reclamaba la devolución de 1.675 millones de pesos del pago de impuesto sobre la renta. En un comunicado emitido en octubre de 2005, el SAT reiteró que la devolución reclamada por el empresario era improcedente y que tras un largo litigio la Suprema Corte de Justicia así lo había determinado.

El 11 de septiembre de 2006 el magnate constituyó Hideaway Enterprises Limited en Liechtenstein, un minúsculo territorio situado entre Suiza y Austria que durante años operó como un popular paraíso fiscal donde prevalecía la opacidad hasta que en octubre de 2014 acordó tomar medidas para mejorar su transparencia fiscal. En febrero de 2015 el empresario mexicano movió su sociedad mercantil a las Islas Vírgenes Británicas. En el formulario de inscripción anotó que el propósito de la firma era poseer en “outsourcing” un yate de cinco millones de euros llamado Moon Goddess fabricado por la empresa danesa Danish Yachts y con bandera en Países Bajos. Esta operación se realizó con el apoyo de la financiera suiza Credit Suisse Trust Limited, que fungió como intermediaria, con domicilio en la isla de Guernsey.

La existencia del yate de Peralta Quintero ya había sido revelada en 2014 por el portal Aristegui Noticias, pero no se conocían los detalles del entramado que hubo detrás de su adquisición para que el nombre del magnate no apareciera en los registros como dueño. Aunque él era el beneficiario final de Hideaway Enterprises, inscribió como accionista de la empresa a otra sociedad de papel incorporada en Amsterdam, Holanda y como director registró a una segunda sociedad pantalla con dirección en las Bahamas. La tercera empresa vinculada a Peralta Quintero es Belliza Services Limited, creada en junio de 2016, donde él y su esposa Mariana Tort aparecen como accionistas y directores. El objeto de la sociedad era detentar las acciones de otra empresa que a su vez poseería un bien inmobiliario valuado en seis millones de dólares en Florida, Estados Unidos.

El hijo del empresario, Juan Carlos Peralta del Río, vicepresidente de Grupo empresarial IUSA, recurrió al mismo paraíso fiscal que su padre para constituir el 18 de abril de 2008 Stargate Partners Ltd. La sociedad creada con su esposa, Greta Jacobson Verla Pindtet, tenía como fin controlar un bien inmobiliario en Estados Unidos de un valor de 2,5 millones de dólares. La maniobra financiera les permitiría no aparecer como dueños directos de las propiedades en los registros mercantiles. En respuesta a un cuestionario que se les hizo llegar el 30 de agosto de 2021, Carlos Peralta y su hijo Juan Carlos se opusieron a la publicación de la información y anunciaron que el 28 de septiembre de 2021 presentaron una denuncia por el delito de extorsión e informaron a los periodistas autores de esta investigación que podrán proceder con una demanda civil por daño moral.[1]

Ricardo Pierdant, empresario y amigo del expresidente Peña Nieto desde que cursaron juntos la universidad, constituyó el 21 de junio de 2012 dos empresas a las que denominó Hesperos Marketing Limited y Hamza Development Limited. En esos días, en México se vivía un tenso ambiente político: faltaba poco para que se celebraran las elecciones donde Peña Nieto ganaría la presidencia de la república. En el formulario de inscripción de las entidades de Pierdan en las Islas Vírgenes Británicas quedó asentado que ambas firmas serían utilizadas como un “vehículo de inversión”. El único accionista y director era Pierdant, a quien se le emitió un certificado de 1.000 acciones. No eran las únicas sociedades en paraísos fiscales que tenía el empresario: el 19 de febrero de 2009 había establecido ahí mismo Thassos Holdings Limited. Además, en 2016 los Bahamas Leaks revelaron que Pierdant había constituido en ese paraíso fiscal otras dos empresas a las que denominó Crimson Worldwide y Grantley Ventures a finales de 2012.

Ricardo Pierdant estuvo envuelto en una polémica en agosto de 2016 cuando The Guardian dio a conocer que dos años antes, en 2014, había pagado el predial de un departamento en Miami que era propiedad de la entonces esposa del presidente Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera. Lo paradójico es que mientras el empresario pagaba los impuestos en Estados Unidos como un favor a la familia presidencial, en México él adeudaba los suyos, según documentó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En octubre de 2019, Hacienda solicitó que se congelaran sus cuentas bancarias y de inversión a causa de sus deudas con el fisco, según el reportaje. Consultado sobre sus sociedades offshore, Pierdant confirmó que fueron creadas por él, pero aseguró que nunca fueron utilizadas y que ninguna está relacionada al expresidente o a su familia. “Jamás han tenido actividad ni movimiento económico alguno”, reiteró.

Otro polémico empresario ligado a Peña Nieto que aparece en la filtración internacional es Juan Armando Hinojosa Cantú. Cuatro de las cinco empresas —Cabbits Marketing Limited, Noble Advisors Limited, Afrika Ventures Limited y Notable Worldwide Limited— ya habían sido exhibidas en los Panamá Papers. Las firmas fueron parte de una estructura financiera que le permitió al constructor mover parte de su fortuna a Nueva Zelanda. Las compañías creadas en las Islas Vírgenes Británicas con el apoyo del despacho Trident Trust poseían los activos financieros del empresario, gran parte de ellos depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos.

El empresario es dueño de Grupo Higa, un conglomerado de empresas con objetos comerciales diversos que van desde la construcción hasta el diseño gráfico. Una de sus principales compañías, Constructora Teya, fue una de las beneficiadas con contratos para la construcción de tramos carreteros y hospitales en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador (2005-2011). Una vez que el priista llegó a la presidencia, la compañía fue contratada para remodelar el hangar presidencial y en 2014 se vio envuelta en el escándalo cuando una investigación periodística reveló que el consorcio de Hinojosa Cantú, quien en esas fechas había ganado la licitación para la construcción del tren México-Querétaro, había construido para la familia presidencial una lujosa residencia apostada en una de las zonas más exclusiva de la capital.

La reestructuración financiera de los activos de Hinojosa en paraísos fiscales, con la que buscaba borrar su rastro de las entidades, se dio unas semanas después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciara una investigación para determinar si Peña Nieto había incurrido en conflicto de interés en la trama de la llamada Casa Blanca, como se reveló en el marco de los Panama Papers. En esta nueva filtración global se da a conocer la existencia de una quinta empresa ligada a Hinojosa Cantú creada el 19 de abril de 2010 y denominada Paradice Services Limited. En la firma aparece el empresario como director y otra de sus empresas —Bienes Raíces H&G— como accionista. El objetivo de la compañía era la compra, venta y tenencia de valores financieros. En una publicación de la gaceta oficial de las Islas Vírgenes se incluye entre un listado de empresas dadas de baja del Registro Mercantil por falta de pago en noviembre de 2013. Una serie de correos de octubre de 2016 dirigidos a los agentes de Trident Trust dicen que Hinojosa Cantú quiere cancelar sus sociedades offshore a excepción de Noble Advisors Limited.

Entre los allegados a Peña Nieto que aparecen en los Papeles de Pandora figuran personajes de su bastión político. El hijo de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México (1999-2005) y considerado padrino político de Peña Nieto, creó en septiembre de 2005 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho panameño Alcogal. Arturo Montiel Yáñez, primogénito del político priista, transfirió 3,5 millones de dólares para que quedaran bajo el resguardo del fideicomiso, donde registró como beneficiarios a los dos hijos de su primer matrimonio. En los documentos no se menciona el origen de los fondos que se depositaron. Esta transacción se dio justo unos días antes de que su padre concluyera su mandato como gobernador y cuando sus adversarios políticos comenzaban a divulgar una serie de señalamientos de desvío de recursos y compras de propiedades y transferencias millonarias.

En los documentos de la filtración también hay rastros de Alfredo del Mazo, primo del expresidente mexicano. En julio de 2019 EL PAÍS reveló que el actual gobernador del Estado de México ocultó en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra —un país blindado entonces por el secreto bancario— usando una firma holandesa en la cual él aparecía como “representante”. La justicia de ese país también investigó a Brookside Foundation por su relación con la cuenta andorrana. Esta sociedad aparece en los Papeles de Pandora y fue creada por Daniel Madariaga, un contratista y amigo de Del Mazo. En un documento elaborado tras una reunión del consejo de la fundación, se lee que se le autorizó a Madariaga para abrir cuentas bancarias, así como para firmar, girar y cobrar cheques: “En general realizar cualquier transacción bancaria relacionada con la fundación”.

La esposa de Alfredo del Mazo aparece vinculada a cuatro fideicomisos constituidos en 2004 y 2008. Fernanda Castillo Cuevas figura como fideicomisaria de tres de las cuatro estructuras. En dos de ellas sus dos hijos son los beneficiarios. En una cuarta entidad creada por su madre Laura Guadalupe Cuevas Morán, ella y su hermana Regina Castillo Cuevas aparecen como beneficiarias. Los documentos no mencionan el valor de los activos administrados por los fideicomisos. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación, Fernanda Castillo reconoció la apertura de tres fideicomisos que fueron creados para “generar un ahorro”. En uno de los fondos, los recursos se encuentran en proceso de litigio derivado de la intervención a Stanford International Bank, una filial de Stanford Financial Group que quebró cuando su matriz fue incautada por las autoridades estadounidenses a principios de 2009. “El recurso de éstas cuentas fue declarado ante las autoridades correspondientes”, aseguró Castillo Cuevas en una carta enviada a este medio.

Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador de justicia durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, constituyó en Panamá junto a su entonces esposa una empresa denominada Sweet Land Ltd el 24 de marzo de 2014. En México, Murillo Ortega es director y fundador de Kouro Construcciones, una empresa que en 2016 fue exhibida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como una firma beneficiada con contratos por 1.437 millones de pesos en los tres primeros años del gobierno de Peña Nieto y mientras Murillo Karam era un alto funcionario federal. El propósito de la offshore eran los “bienes raíces” y los activos estimados de la firma eran de un millón, aunque los documentos no precisan si se trata de pesos mexicanos o dólares. La fuente de los ingresos, según el formulario de inscripción de la sociedad, eran sus ahorros personales. En una respuesta enviada por escrito, Murillo Ortega aclaró que la compañía nunca tuvo actividad u operación y ni siquiera abrió alguna cuenta bancaria. “Incluso fue disuelta prácticamente desde su inicio, derivado del término de mi vínculo matrimonial con mi entonces socia y pareja”, dijo EL PAÍS.

Constituir sociedades en paraísos fiscales no es ilegal, siempre y cuando ese dinero haya pagado impuestos en México y no provenga de actividades delictivas, explica Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Uno de los propósitos para crear estas estructuras puede ser simplemente una protección del patrimonio ante la delincuencia. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para encubrir actos ilícitos. “Puede que los recursos provengan de evasión fiscal o de actos de corrupción, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ahí ya es lavado de dinero propiamente”, explica. El problema es que en caso de tener esos indicios seguirle la pista al dinero se vuelve complicado debido al secreto bancario que opera de forma infranqueable en esos países.

Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) colaboraron en la elaboración de este reportaje.