Apertura forzada en Cuba

Tras más de una década de tensiones, sanciones endurecidas y un aislamiento que parecía irreversible, Cuba y Estados Unidos vuelven a explorar un camino de diálogo. El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado contactos entre ambos gobiernos en medio de una crisis económica y energética que golpea con fuerza a la isla. La noticia no debería leerse como una simple maniobra táctica ni como un episodio más del largo pulso ideológico entre Washington y La Habana. Si algo ha demostrado la historia de estas relaciones es que cada gesto de deshielo, tiene consecuencias profundas para millones de personas que viven entre dos orillas separadas por apenas 150 kilómetros y por más de seis décadas de desconfianza.

En demasiadas ocasiones, Cuba ha sido tratada como un tablero donde otros juegan sus partidas. Para algunos sectores en Estados Unidos, la isla ha servido durante décadas como símbolo político doméstico. Para el régimen cubano, el enfrentamiento con Washington ha sido una fuente constante de una legitimidad revolucionaria insostenible. En medio de esa dinámica, los ciudadanos han quedado atrapados entre sanciones externas y un sistema político incapaz de ofrecer prosperidad, libertades plenas y oportunidades. Hoy la situación es más dramática que en muchos años. El colapso del suministro energético, los apagones y la escasez han vuelto a colocar a la sociedad cubana ante una realidad de supervivencia cotidiana. En ese contexto, cualquier gesto de diálogo debe evaluarse solo como el inicio de un camino de mejora para la vida de los cubanos. Ese debería ser el verdadero punto de partida.

La tentación de convertir esta negociación en una pugna entre el trumpismo y el castrismo sería un error. Ni el interés electoral de Washington ni la preservación del poder en La Habana pueden marcar la agenda de una relación bilateral que afecta directamente al bienestar de once millones de personas. El precedente del acercamiento iniciado en 2014 entre Barack Obama y Raúl Castro demostró que es posible abrir cauces de diálogo en una relación congelada durante medio siglo. Aquella etapa permitió reabrir embajadas, ampliar los viajes y facilitar intercambios económicos y culturales. Pero también dejó claro que el deshielo, por sí solo, no produce transformaciones profundas si no va acompañado de reformas internas y de una estrategia sostenida en el tiempo. El diálogo no puede limitarse a un alivio coyuntural ni a un arreglo táctico. Cuba necesita algo más que oxígeno económico momentáneo. Necesita un horizonte político. La apertura que se explore ahora debería tener como objetivo final una transición pacífica hacia una democracia plena, con libertades políticas, pluralismo y respeto a los derechos fundamentales.

Ese camino, sin embargo, no puede imponerse desde fuera. La historia de América Latina demuestra que los cambios duraderos solo son posibles cuando nacen desde dentro de las sociedades y cuando respetan la soberanía de los países. Un acuerdo que aspire a estabilizar el poder sin abrir espacios reales de participación política —una especie de salida “a la venezolana”— solo prolongaría el problema. Washington debe evitar el error de pensar que la presión máxima por sí sola producirá resultados sostenibles. La Habana, por su parte, debería comprender que el aislamiento permanente tampoco ofrece futuro. El reto es enorme, pero también lo es la oportunidad. Cuba necesita un porvenir. Y este solo será creíble si el centro de cualquier acuerdo deja de ser la confrontación entre gobiernos y pasa a ser, por fin, la dignidad y la libertad de los cubanos.