El castigo colectivo no democratiza

El estrangulamiento económico de Cuba difícilmente contribuirá al establecimiento de una democracia en la isla, por una simple razón: los embargos económicos rara vez cumplen ese objetivo.

Una vasta literatura académica ha demostrado que las sanciones económicas suelen devastar las economías nacionales y detonar profundas crisis humanitarias, sin que ello se traduzca en la instauración de regímenes más democráticos. En algunos casos, incluso producen el efecto contrario: terminan fortaleciendo a las élites gobernantes, ya que amplios sectores de la población cierran filas en torno a sus líderes al percibirlos como víctimas de agresiones externas.

Como ha documentado el Instituto Peterson para la Economía Internacional, entre 1970 y 1990, las sanciones impuestas por Estados Unidos a distintos países solo fueron exitosas en el 21% de los casos. Otros estudios hablan de un tercio.

El ejemplo más ilustrativo de la ineficacia de las sanciones para promover transformaciones políticas profundas es el embargo impuesto por la ONU a Irak durante la década de 1990. Este derivó en una crisis humanitaria que en su momento llegó a ser comparada con un genocidio, sin que ello condujera a la democratización del país.

El caso cubano resulta particularmente complejo porque la isla carece de una oposición política organizada y el régimen no enfrenta fracturas evidentes. La evidencia empírica apunta a que cuando la movilización social es limitada y los liderazgos son sistémicos, las sanciones son aún menos efectivas en promover un cambio de régimen.

Quizá más importante, el principal arquitecto del actual estrangulamiento económico de Cuba, el presidente Donald Trump, no tiene el menor interés en fomentar las democracias. La isla bien puede transitar de un régimen autoritario a otro.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, avalada por Trump en noviembre del año pasado, deja en claro que el país no busca democratizar otras naciones, sino expandir su huella comercial. El documento incluso plantea que, para Estados Unidos, fue un error histórico el tratar de imponer sistemas democráticos en Oriente Próximo.

Ningún caso es más evidente de este nuevo desdén democrático que Venezuela, donde el presidente de Estados Unidos abiertamente aceptó que su intervención no tuvo por objetivo un cambio de régimen, sino extraer recursos petroleros para el beneficio de empresas mexicanas.

Pero Venezuela no es el único caso. Trump ha sugerido intenciones de convertir a la Franja de Gaza en un complejo turístico, ha minimizado el asesinato de periodistas bajo el argumento de que “esas cosas pasan,” y ha amenazado con invadir Groenlandia.

Resulta ingenuo pensar que el actual liderazgo estadounidense busca democratizar Cuba cuando Trump ha respaldado abiertamente la idea de que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente de la isla; cuando ha manifestado su deseo de convertir a Canadá en un Estado subordinado, e incluso de invadir México. Trump no es ningún demócrata.

Aquí no caben confusiones. Es evidente que la política de estrangulamiento económico impulsada por Estados Unidos no constituye una vía hacia la democratización cubana, sino un mecanismo de imposición de sufrimiento humano indiscriminado con fines políticos. Un cruel castigo colectivo que llevará al sufrimiento y la muerte a miles de personas en la isla.

Hay quien justifica las terribles sanciones estadounidenses bajo la premisa de que solo así se logrará derrocar al régimen cubano, que también le ha causado enorme sufrimiento de su gente. Tal argumento es un falso debate. No hay razón alguna por la cual debamos hacer escoger a los cubanos entre dos formas de sufrimiento. Estados Unidos no tiene el derecho a someter a los cubanos a un concurso de torturas con el fin de impulsarlos en la dirección política que a él le place.

La única salida verdaderamente democrática para la isla es eliminar por completo todo tipo de sanciones y permitir que, sin presiones externas, el liderazgo cubano demuestre si puede o no darle un buen nivel de vida a su gente, algo que le ha sido impedido desde 1962. Una vez hecho eso, le tocaría a los cubanos y a nadie más decidir si desean o no continuar con ese régimen.

Por lo pronto, las acciones de apoyo humanitario encabezadas por México y Chile no deben leerse como un respaldo político al Gobierno de Díaz-Canel, sino como un esfuerzo legítimo y valiente por evitar una crisis de sanidad y hambre en Cuba. Más países deben acompañarlos.

Si como humanidad aspiramos realmente a promover la democracia y los derechos humanos, debemos abandonar políticas que generan sufrimiento masivo y apostar por estrategias que coloquen la vida, la dignidad y el bienestar de la población civil en el centro de cualquier acción diplomática. No podemos normalizar el castigo colectivo como herramienta de presión política.