Brasil tiene una oportunidad histórica para consolidar su democracia

El juicio contra Jair Bolsonaro marca un momento sin precedentes en la historia de Brasil. La Fiscalía General lo acusa de haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, entre otros. En conjunto, los cargos podrían traducirse en décadas de prisión. Nunca antes un exmandatario brasileño había comparecido ante la justicia por intentar un golpe.

Desde el siglo XIX, la historia política de Brasil estuvo marcada por la indulgencia hacia quienes amenazaban el orden democrático. Tras las numerosas conspiraciones fallidas durante los siglos XIX y XX, los responsables fueron generalmente perdonados o reincorporados a la vida política. Y en los casos en que los golpes triunfaron — tres veces solo en el siglo XX, en 1930, 1937 y 1964 — los líderes no enfrentaron castigo alguno, sino que consolidaron su poder. El intento golpista de 2022-2023 es, por tanto, el primer episodio en que el Poder Judicial busca crear un precedente claro: que no habrá tolerancia con quienes pretendan subvertir el orden democrático. Después del Plano Real (que estabilizó la economía y frenó la hiperinflación), la creación del Sistema Único de Salud (SUS) (que garantizó el acceso universal a la sanidad) y Bolsa Familia (que transformó la política social con transferencias condicionadas de ingresos), este podría ser uno de los mayores pasos en una generación para hacer de Brasil un país más justo, democrático, estable y próspero.

La condena de Bolsonaro es considerada por juristas como altamente probable. Pero el desenlace judicial no cierra por sí solo la cuestión política. El Congreso brasileño, dominado por grupos de derecha, conserva la facultad teórica de aprobar una ley de amnistía —un escenario hoy improbable, aunque políticos bolsonaristas ya discuten fórmulas intermedias, como permitir que Bolsonaro cumpla condena en un régimen menos estricto o quede en libertad sin recuperar sus derechos políticos. Tales hipótesis podrían ser cuestionadas por el Supremo Tribunal Federal, que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de cualquier amnistía.

El proceso también tiene una dimensión internacional innegable. Donald Trump ha expresado su apoyo a Bolsonaro, en parte porque ve en él un espejo de su propia estrategia tras perder la reelección: sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, movilizar a sus bases con acusaciones de fraude inexistente y alentar la resistencia institucional. Una condena ejemplar en Brasil enviaría un mensaje claro más allá de sus fronteras de que las democracias pueden defenderse de quienes buscan socavarlas desde dentro. Sería, por tanto, no solo una buena noticia para la democracia brasileña, sino para la democracia en general.

Pero incluso si Bolsonaro es declarado culpable —un proceso inevitablemente traumático, dada su condición de líder de facto de la oposición y principal figura electoral hasta antes de su implicación penal—, el desafío no terminará allí. Brasil deberá emprender un arduo camino de recomposición social y política. La polarización sigue siendo destructiva. Un indicador clave será la reacción de los políticos de derecha: si priorizan la estrategia de reclamar una amnistía (o de tachar la sentencia de ilegítima) o si optan por una postura más simbólica que denote disposición a aceptar el veredicto y mirar hacia adelante.

En este contexto, el papel del Supremo Tribunal Federal merece atención. La Corte, que muchas veces actuó de forma controvertida y cuyo papel no debe ser idealizado por observadores internacionales, se ha convertido en protagonista de la política brasileña, en buena medida porque el Congreso se ha mostrado incapaz de dar respuestas rápidas a los principales desafíos de la democracia brasileña hoy, por ejemplo en la lucha contra las noticias falsas en internet. Esta exposición del Supremo, sin embargo, erosiona la confianza de sectores de la población, sobre todo entre los seguidores de Bolsonaro, que perciben a los jueces como enemigos. Es necesario que, una vez resuelto el caso, el Supremo se retire del centro de la arena política y recupere el perfil institucional de un tribunal de última instancia, no de un actor político que aparece todos los días en la portada de los periódicos.

La condena de Bolsonaro, si se produce, debe ser celebrada como el fin de una era de impunidad para los golpistas. Es un avance necesario y largamente esperado. Sin embargo, no basta con castigar el pasado: el futuro de la democracia brasileña dependerá de la capacidad de sus instituciones para reconciliar, gobernar y ofrecer resultados tangibles a la ciudadanía.