Pedro Sánchez no tiene al Congreso amordazado

Pedro Sánchez ya ha definido qué es “gobernar sin el Parlamento”: pretende subir el gasto en defensa sin contar con los grupos; resistir en La Moncloa aun sin presupuestos; o rebajar la complejidad parlamentaria tirando de decretos ley. Su estilo es presidencialista: las Cámaras son más el precio a pagar para gobernar que la legitimación de sus políticas. Ahora bien, España no camina hacia ninguna dictadura: sus socios podrían impedir el unilateralismo de La Moncloa cuando quisieran pero, a menudo, no quieren.

De un lado, porque los aliados del Ejecutivo viven cómodos usando el Congreso como plató para exhibir sus maximalismos, antes que ceder para llegar a acuerdos. Podemos no necesita que nada de lo que exigen se aplique: de ahí que hagan peticiones utópicas como bajar los alquileres un 40%, tirando de populismo para dejar en evidencia a Sumar. Luego están Junts y ERC. Ni la Generalitat podrá deportar migrantes o negarles la nacionalidad, ni se ha cedido íntegra la gestión de Rodalies, por más que la derecha les ayude a hinchar el relato de que se está desguazando el Estado en Cataluña. Los partidos independentistas prefieren tener algo que vender en el corto plazo, sin preocuparse por la frustración a futuro. Frente a la parálisis, el PNV se conforma con vetar algunas leyes que le disgustan, como el impuesto a las energéticas. Bildu no hará ruido mientras siga en su senda de normalización institucional.

Así que los socios de Sánchez tienen pocos incentivos para salir de su virtualidad política, a sabiendas de que el presidente no piensa convocar elecciones. Esto es, que la derecha no llegará al poder a quitarles su altavoz, o su derecho a pataleta, de la que sí gozan mientras el PSOE siga. Con todo, nada de lo anterior exime al Ejecutivo. La responsabilidad de un gobernante es luchar hasta al final la aprobación de sus leyes, fondo y forma, no hacer como si gozara de una mayoría absoluta que no tiene.

Sin embargo, el Parlamento no está “secuestrado” por el Gobierno, y tampoco es cierto que los grupos no puedan hacer nada al respecto. Durante la pandemia, el Partido Popular decía que vivíamos en una “dictadura constitucional”. Curiosa dictadura aquella en la que, a cada votación, se podían dejar caer las medidas de confinamiento, como estuvo a punto de ocurrir varias veces. El problema es que los socios de investidura encontraron entonces un filón para hacer del Congreso un bazar, donde preferían exigir cosas que nada tenían que ver a cambio de aprobar las medidas, en vez de controlar su aplicación. Es más, pese a que el contexto no jugaba a favor en plena tragedia de la covid-19, ningún aliado de La Moncloa cuestionó que la figura jurídica del estado de alarma fuese insuficiente para ordenar el confinamiento, como consideró luego el Tribunal Constitucional.

En consecuencia, los grupos pueden plantarse, algo que distingue a las democracias de los regímenes que no lo son. Ahora bien, estos deben estar dispuestos a asumir también las consecuencias de sus decisiones. Por ejemplo, al Ejecutivo siempre le había valido amenazar con la “pena de telediario” para que sus socios se plegaran a la aprobación de sus decretos ley, como ocurrió con el último decreto ómnibus sobre pensiones y transporte. Aunque una vez vencido ese temor, el resultado de que Junts no cediera fue, precisamente, obligar al Gobierno a negociar para reformular la medida.

Tampoco es distinto en el caso del gasto en defensa: con una acción coordinada de toda la oposición sería muy difícil para La Moncloa aprobar el aumento de crédito a través del Consejo de Ministros, esquivando a las Cámaras. Lo trágico es que la polarización se ha cargado hasta la fiscalización política. Un partido como ERC, por ejemplo, raramente se pondrá de acuerdo con Vox para forzar al Ejecutivo a comparecer, por el qué dirán. La política de bloques también impide que Sánchez salte el “muro” y pacte con el PP en una medida, como el aumento del gasto militar, en la que el bipartidismo está esencialmente de acuerdo.

A la postre, más que “gobernar sin el Parlamento” el estilo de Sánchez es “gobernar como sea”, la última mutación ante la fragmentación que sacude España desde 2015. La prueba está en que, cuando al Ejecutivo le interesa actuar ante cualquier emergencia, se moviliza: esta semana se ha dado luz verde a una nueva Ley de Extranjería pactada con Junts. Y la prueba del algodón sobre la duración de la legislatura es que a los aliados del PSOE parece darles igual el goteo de informaciones sobre las investigaciones del caso Koldo–Ábalos: raramente piden explicaciones, no sea que caigan en desgracia a la hora de sacar acuerdos con La Moncloa, cuando les interesa. Qué decir sobre una moción de censura: Carles Puigdemont no apoya a Alberto Núñez Feijóo, de momento, porque no le conviene.

En definitiva, los socios quejan de las formas del Gobierno, pero no se atreven a explorar qué pasaría en caso contrario. Es el Congreso que nos hemos dado entre todos: que nadie llame autoritarismo a lo que es el resultado de la responsabilidad —pereza, comodidad o poca valentía— de cada uno. Pedro Sánchez tiene un Parlamento más interesado que amordazado.