Junts y la inmigración

El acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar a la Generalitat de Cataluña parte de las competencias en inmigración es uno de los más relevantes firmados hasta ahora entre el Gobierno y sus socios de investidura. Lo es desde el punto de vista de la materia delegada: la gestión de la inmigración, uno de los asuntos que —pese a que los datos reflejan que, en el conjunto de España, no es tanto un problema real como de percepción ciudadana— más tensionan las relaciones entre territorios. Sobre todo por la demagogia que le imprime la ultraderecha, tanto la estatal como la catalana. Es, por tanto, un asunto sensible que afecta además a los derechos humanos. Y lo es también por el reto que supone delegar en una comunidad autónoma aspectos de una materia que siempre ha estado vinculada de forma casi exclusiva a la administración central. Con todo, el acuerdo no contempla la delegación del control de fronteras, sino una pequeña parte, como el control documental.

También es relevante por el momento político. En un clima global de mucha inestabilidad, conseguir acuerdos entre diferentes es un ejercicio obligado, aunque sea con un socio como Junts, que tiene en sus siete votos en el Congreso su única fortaleza política actual y, por tanto, nunca entrega su apoyo total a la legislatura. Este martes ya recordó que el pacto no es la antesala de un sí a los Presupuestos.

La delegación —que no transferencia— de competencias en materia de inmigración se hará mediante el artículo 150.2 de la Constitución, por lo que no debería suponer ningún problema legal insalvable. Casi todos los gobiernos han utilizado ese artículo en el pasado para delegar competencias. Aznar lo uso, tras su pacto con Pujol, para ceder a la Generalitat las atribuciones sobre el tráfico. Será el Tribunal Constitucional quien decida sobre el encaje de la medida si el PP la acaba recurriendo, como insinuó este martes. Por otro lado, aunque sea legal, puede ser una medida reversible si no funciona o se hace un uso insolidario de ella.

Desde el punto de vista técnico, dar a la Generalitat más competencias en inmigración —ya tiene las de acogida— puede suponer un avance si el Govern actual y los que le sucedan las utilizan para responder mejor a los retos que plantea la llegada de ciudadanos extranjeros. Sería una mala noticia si un hipotético Gobierno de Junts lo utilizara para aplicar una visión restrictiva de la inmigración en detrimento de otros territorios. La reversibilidad debería ejecutarse en ese momento. El camino para resolver las cuestiones técnicas no será corto por más que Junts haya presentado el pacto como casi una solución mágica. Tampoco será fácil políticamente. El plan no tiene mayoría en el Congreso por el rechazo de Podemos, que desconfía de que una Generalitat en manos de Junts —al que considera un partido antiinmigración— garantice los derechos de los inmigrantes. Será necesaria, pues, una negociación pausada y alejada de tacticismos para llegar al final del camino.