Podemos se desmarca y pone en riesgo el acuerdo entre PSOE y Junts sobre inmigración

Frente al fragor de la batalla que la delegación de la competencia de inmigración ha suscitado ya abiertamente entre Podemos y Sumar, la mayoría de socios de la investidura guarda aún silencio mientras analizan al detalle la letra pequeña de la propuesta de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts en el Congreso. El PNV no quiere aún opinar nada y EH Bildu y BNG dicen exactamente lo mismo mientras estudian la solución planteada con detenimiento antes de fijar su posición y voto. “Nuestro trabajo no es criticar que Cataluña pueda tener más competencias, nuestro trabajo es asegurarnos de que se utilizan bien”, se ha pronunciado ERC mediante un mensaje de su portavoz, Gabriel Rufián, en redes sociales en el que ha lanzado una crítica velada a los neoconvergentes por emplear un discurso en el que vinculan el fenómeno de la inmigración con la inseguridad que a su juicio les acerca a las tesis ultras e identitarias de Aliança Catalana. “Esperamos que Junts se acuerde de la Cataluña de todos de [Jordi] Pujol y no de la Cataluña para cuatro de [Sìlvia] Orriols”, ha apostillado Rufián. El mensaje en contra de Podemos también recela de las tesis de Junts. En Sumar apoyan la solución pactada, quieren dar un voto de confianza a Junts y apelan a que los aliados de izquierdas no se dividan si la cogestión de inmigración se aplica con “orientaciones” progresistas e integradoras. Desde el Partido Popular consideran que el acuerdo “vulnera el marco constitucional” y Alberto Núñez Feijóo lo tacha de “humillación”. La Generalitat ha anunciado que preparará un grupo de trabajo formado por varias consejerías para asumir el traspaso.

Las cuentas no salen, en principio, para aprobar la proposición de ley registrada este martes temprano por el PSOE y Sumar debido a la oposición de Podemos a la delegación de la gestión de las competencias migratorias a Cataluña. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que los cuatro diputados de su partido votarán en contra de la ley que pretende delegar la gestión de las competencias migratorias a la Generalitat, presidida esta legislatura por Salvador Illa (PSC). “Este acuerdo no contará con los votos de Podemos” ha remarcado Belarra, que considera “imposible de garantizar” el respeto a los derechos de los inmigrantes. “Una vez que delegas las competencias en una institución que el día de mañana puede estar en manos de un partido antiinmigración como es Junts y una ultraderecha conservadora como es Aliança Catalana, eso no tienes forma de controlarlo y de asegurarte que se cumplen con los derechos humanos”, ha afirmado en una entrevista en Canal Red. El Gobierno alega que mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, y que, por lo tanto, podría “detraer” la transferencia de su gestión en el supuesto de que gobernase formaciones que vinculan la delincuencia con la inmigración.

Podemos defiende que se apruebe la iniciativa legislativa popular con la que se podría regularizar a cientos de miles de inmigrantes y que se encuentra encallada en el Parlamento. Tras calificar a Junts como un “partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana”, Belarra ha acusado al PSOE de “intentar lavarse la cara” aprobando una reforma del reglamento de extranjería “que no sirve para ninguno de los objetivos” que tenía la regularización extraordinaria paralizada en las Cortes. Pero el pacto en inmigración entre PSOE y Junts ha evidenciado sobre todo las tensiones entre Podemos y Sumar en una cámara en las que al Gobierno no le sobra un solo voto. “Estamos viendo una mimetización entre el Partido Socialista y Sumar, comparten Gobierno, pero cada vez tienen más puntos de sintonía y cada vez están más convencidas de que esa política del Partido Socialista es la que hay que hacer... Ahora mismo, Pedro Sánchez está ya en una posición comodísima porque tiene un Gobierno en el que sólo manda él y se hace lo que dice el PSOE”, ha cargado contra el socio minoritario del Ejecutivo, del que decidió escindirse semanas después de la investidura de Sánchez en noviembre de 2023.

La posición de Podemos choca con la de Sumar. A primera hora, poco después de conocerse los detalles del acuerdo, la vicepresidenta y líder de esa formación, Yolanda Díaz, ha remarcado que el acuerdo “garantiza el respeto de los derechos humanos y es constitucional”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha insistido así que el proyecto garantiza el respeto de los derechos humanos y se encuentra en el marco del respeto constitucional. “No se alteran las competencias que tiene el Estado. Más allá de compartir las competencias, la titularidad de la misma reside en el ministerio de origen. Vamos a avanzar en una delegación de competencias”, ha destacado en una entrevista en RTVE.

A Sumar, por tanto, la solución para un nuevo modelo migratorio de cogestión entre el Estado y la Generalitat catalana no le parece mal, la apoya y, es más, reclama a los aliados habituales de izquierdas del pacto de investidura que la respalden. El diputado de En Comú y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha comparecido en las Cortes tras escuchar a la líder de su formación, Yolanda Díaz, para calificar esa propuesta de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts como “importante” porque entiende que puede ser bueno para Cataluña y para cualquier autonomía que así lo demande “participar en la gestión de un fenómeno tan importante como el migratorio” siempre que se trate con un enfoque u orientación progresista, de diversidad e integración de la sociedad y “para ampliar la prosperidad”.

Pisarello ha valorado que gracias a esa gestión más cercana y más descentralizada de ese fenómeno que se pueda aplicar desde las comunidades autónomas se pueda también hacer un trabajo mejor en los Centros de Internamiento, para que “dejen de ser agujeros negros en lo que no entra la legalidad y se avance en los derechos humanos”, pero también para facilitar “un tejido productivo más moderno” o incluso una mejor aplicación de las peculiaridades lingüísticas. El portavoz de En Comú espera que el proyecto de ley pueda discutirse, dialogarse y mejorarse en su trámite parlamentario y apeló sobre todo a las fuerzas progresistas y de izquierdas del pacto de investidura a que la apoyen y citó ahí expresamente a todos los partidos del Congreso menos al PP y Vox.

El dirigente de Sumar realizó en ese contexto una apelación específica a Podemos, que ha mostrado su oposición de partida al acuerdo, al considerar que puede ser “complementario” apoyar esa ley sin demagogias y al mismo tiempo exigir al Gobierno y al PSOE que respalde la Iniciativa Legislativa Popular ya registrada para impulsar la regularización de inmigrantes. Pisarello hasta defiende que ambos objetivos pueden ser “factibles” e incluso que la cesión de la cogestión puede acelerar la aplicación de las regularizaciones propuestas en la ILP. El dirigente catalán mantiene que con este proyecto y otras negociaciones de las últimas semanas entre los partidos de la coalición gubernamental y otros socios de “la mayoría frágil” sí se está “encarrilando la legislatura” al margen de lo que pueda suceder con la negociación pendiente de los Presupuestos para 2025.

PNV, BNG y EH Bildu no quisieron adelantar su valoración y esperarán a un análisis más detallado del texto. En ERC sí anticiparon su respaldo y sus matices. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, siempre muy pendiente de cualquier paso que dé Junts o que la formación que lidera Carles Puigdemont negocie bilateralmente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, comentó en la red social X: “1) Nuestro trabajo no es criticar que Cataluña pueda tener más competencias, nuestro trabajo es asegurarnos de que se utilizan bien. 2) Esperamos que Junts se acuerde de la Cataluña de todos de Pujol y no de la Cataluña por 4 de Orriols. 3) Veremos cómo termina”. Rufián lleva meses advirtiendo de la deriva de Junts hacia la derecha y de futuribles pactos con el PP de Feijóo y hasta con Vox. Más contundente que Rufián fue el vicesecretario de comunicación de Esquerra, Isaac Albert, que ha definido como un “buen acuerdo” el pacto. “Cuantas más competencias para Cataluña, mejor”, ha remachado en una entrevista en Aquí Catalunya de la Cadena SER.

La consejera portavoz del Govern, Sílvia Paneque, del PSC, ha asegurado que el Ejecutivo catalán celebra la delegación de competencias. “Es una buena noticia. Y nos vamos a preparar para realizarlas con rigor, responsabilidad y máxima lealtad institucional”, ha afirmado. El Govern, de momento, creará un grupo de trabajo, liderado por la consejería de Derechos Sociales, formado por miembros de diferentes consejerías para preparar el terreno para cuando esa delegación sea efectiva, informa Àngels Piñol.

Desde la oposición, Feijóo califica el acuerdo de “humillación”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado desde Barcelona sobre el acuerdo y lo ha considerado una “humillación sin precedentes” y una forma de “seguir desmantelando el Estado” en esa comunidad. Además, Feijóo ha lamentado que la nota de prensa difundida esta mañana “reconoce que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas. Tenemos un presidente, Pedro Sánchez, que es un florero”, se ha quejado. El líder del PP se ha comprometido a revertir este acuerdo si llega al poder. “Cuando lleguemos al Gobierno, restableceremos las competencias en materia de inmigración para el Estado”, ha dicho a las puertas del Mobile World Congress.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido esta mañana que “no se puede transferir una competencia que es exclusiva del Estado”, en referencia a la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, y que “el Gobierno debería ejercer el control de fronteras de nuestro país”. “Lo que hace Sánchez es ser un pelele del separatismo”, ha zanjado, informa Elsa García de Blas.