De las palabras a los hechos, señor presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el miércoles el Observatorio de Derechos Digitales, que busca garantizar que los ciudadanos españoles tengan en Internet los mismos derechos de los que disfrutan en el mundo físico. Dentro de esa misma iniciativa, el jefe del Ejecutivo reiteró las propuestas que ya desgranó en el foro de Davos: acabar con el anonimato en las redes sociales, garantizar la transparencia de los algoritmos y hacer responsables penalmente a los altos ejecutivos de las tecnológicas.

Resulta una iniciativa loable, pero algunas de las medidas propuestas son problemáticas. Por ejemplo, es cierto que el anonimato en las redes se utiliza para sembrar desconfianza y bulos, pero también representa una protección para personas especialmente vulnerables y que tienen derecho a la participación.

Sánchez también afirmó: “No podemos permitir que las infraestructuras esenciales del entorno digital queden en manos de empresas sin ningún control democrático”. La cuenta de La Moncloa en X (antes Twitter), la plataforma propiedad de Elon Musk, un magnate residente en EE UU y que trabaja a las órdenes directas de Donald Trump, siguió el acto en directo. La cuenta personal de Sánchez publicó dos fragmentos de su intervención. En Bluesky, otra red social de rápido crecimiento, Sánchez no tiene cuenta. La Moncloa sí, pero lleva dos meses sin publicar. Bluesky también es mayoritariamente de capital estadounidense.

A estas alturas ya no cabe discusión alguna de que Elon Musk pretende utilizar su plataforma para impulsar un cambio político en los países de la UE como ha hecho en Estados Unidos. Debilitar (cuando no destruir) a la Unión Europea, la institución democrática que, con la excepción del Supremo Tribunal Federal de Brasil, más ha hecho por obligar a las grandes plataformas digitales a responsabilizarse de su comportamiento, es uno de sus objetivos prioritarios.

Resulta cuando menos chocante que Sánchez critique abiertamente a la que denomina “tecnocasta” y, sin embargo, no anuncie ninguna medida para reducir la dependencia de la política de comunicación del Gobierno de plataformas propiedad de esa misma tecnocasta.

Esto es especialmente sangrante en el caso de X. La plataforma de Musk se ha situado más allá de cualquier redención. El argumento de que el Gobierno debe estar donde están los ciudadanos puede invertirse: habría que preguntarse si no es que los ciudadanos están en X porque está el Gobierno. Que el Ejecutivo siga dándole el marchamo de ser el lugar donde ciudadanos y periodistas pueden (o incluso están obligados a) obtener información de primera mano supone obligarles a una dieta cada vez menos sutil de propaganda trumpista para simplemente saber si hay alguna carretera cortada. Si Sánchez quiere realmente debilitar el poder del tecnomagnate, anunciar que deja de publicar en X, como ha hecho, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Barcelona (gobernado por su partido hermano, el PSC), sería un buen primer paso.

Sánchez también ha dicho que la Unión Europea debería tomar la iniciativa de desarrollar protocolos abiertos que faciliten alejarse de las redes de propiedad estadounidense o china. Estos protocolos, como XMPP o ActivityPub, ya existen, y lo único que necesitan es un apoyo decidido de la UE y de sus Estados miembros. Tampoco hay que ir muy lejos para ver una historia de éxito en ese sentido: la apuesta de la UE por el estándar USB-C para el cargador único de los móviles ha logrado plegar a todos los grandes fabricantes.

En palabras del propio presidente del Gobierno: “Hay que elegir si nos dejamos llevar por lo que hacen otros o tomar la iniciativa. Creo que debemos hacer lo segundo, ser dueños de nuestro destino”. Por algún sitio se debe empezar.