Horizonte 2028: reforma de la Constitución, de desiderátum, a mandato de la sociedad

Yo no pude votar la Constitución, soy un orgulloso hijo de ella. Como yo un 75% de los habitantes actuales de España nunca nos hemos podido pronunciar en las urnas sobre ningún aspecto relativo a la norma que rige nuestras vidas y que es utilizada y manoseada una y otra vez en muchas discusiones públicas

La Constitución de 1978 es una de las mejores creaciones que la sociedad española ha hecho en toda su historia. El progreso y desarrollo social, político, económico, cultural, así como el grado de libertades alcanzado sólo ha sido posible gracias a que nos dotamos de una herramienta jurídica, ética y política, la cual recordemos supo a poco a algunos y a demasiado a otros, que incluso con sus muchas imperfecciones y contradicciones ha devenido en extraordinaria. Pero nuestra Constitución ya no sólo requiere su puesta al día, sino que la ansía como forma de construcción de un proyector regenerador de España.

¿Podemos confiar que ese proyecto de ambiciosa reforma nazca del actual ecosistema político? Rotundamente no. Es tal el grado de encarnizamiento de la lucha política actual que no hay ningún asomo de proyecto compartido de España. Ningún partido político asume como mandato de la ciudadanía la necesaria búsqueda de consensos. La mejor prueba de lo anterior es que no se ha escuchado a día de hoy ninguna voz que, apelando a que en 2028 se cumplen 50 años de promulgación de nuestra Constitución, afirme que es la ocasión idónea para emprender una reforma ambiciosa de la Ley Fundamental que ilusione y enganche sentimentalmente a las nuevas generaciones de españoles.

No podemos aceptar el argumento según el cual no hay consensos suficientes para emprender esa reforma profunda de la Constitución. Afirmamos con rotundidad que hay muchas materias donde la sociedad española ha construido un consenso tácito durante estos casi 50 años. Repasemos solo algunas:

— Inclusión en la Constitución de los avances sociales conseguidos: derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, el matrimonio igualitario, la eutanasia y la supresión definitiva de la pena de muerte.

— Convertir en derechos fundamentales el derecho a la salud, vivienda, pensión adecuada, medio ambiente y protección de los datos personales. De esta forma dejarían de ser solo declaraciones de intenciones para transformarse en mandatos jurídicos obligatorios.

— Redefinir los nuevos retos asumidos por la sociedad española en estos años: la igualdad entre mujeres y hombres, la perspectiva de género, la diversidad, la plena inclusión, la protección de los colectivos vulnerables, el desarrollo sostenible, la universalización del acceso a la tecnología definiendo el uso y desarrollo de la inteligencia artificial.

— Plasmar por escrito en nuestra Constitución nuestra identidad europea, iberoamericana e internacionalista, así como defensora de la paz.

— Abordar las indispensables transformaciones jurídicas: supresión de la discriminación de la mujer para acceder a la Corona, nueva redacción del Título VIII incorporando el nombre de las comunidades y ciudades autónomas y dando el papel que debe asumir el Senado como verdadera cámara de representación territorial.

He querido dejar para el final, unas líneas relativas a la justicia. El punto de partida es este: ¡las reformas legales no bastan para construir la justicia del futuro! Sí es una solución efectista, sí puede generar un cambio de clima de opinión pero nada más. La actual situación ha desembocado en una anemia para la justicia que la coloca en una posición de gran debilidad a la hora de enfrentarse a un mundo criminal cada vez más poderoso y sofisticado. Consagrar constitucionalmente que se deben garantizar a la justicia medios materiales, personales y tecnológicos suficientes para dar una respuesta pronta en el tiempo, eficaz y eficiente es imprescindible. Como es fundamental consagrar la autonomía del ministerio fiscal en la Constitución. La coparticipación del poder ejecutivo con el poder legislativo en el nombramiento del fiscal general del Estado se muestra como la mejor solución para que se deje de manosear de forma tan irresponsable con esta institución tan valiosa para la justicia.

Al mismo tiempo, tenemos que defender en estas líneas el control último parlamentario del Consejo General del Poder Judicial, a través de mayorías cualificadas. Cualquier reforma en sentido contrario sería un retroceso muy importante. La democracia no es la de las élites sino la de los ciudadanos gobernados por representantes responsables del mandato que ostentan y de la obligación de construir consensos. En tal sentido, ¿por qué no introducir en la Constitución la facultad de que el Tribunal Constitucional pueda imponer multas sobre los salarios de los grupos parlamentarios y sobre los sueldos de los propios diputados por cada mes que pase sin que se haya renovado cualquier órgano constitucional? Del mismo modo que los ciudadanos saben que se enfrentan a una sanción si, por ejemplo no cumplen con sus obligaciones tributarias, ¿por qué la sociedad no puede exigir lo mismo a sus representantes?

Son tantos y tan hermosos los retos que como sociedad podemos asumir en nuestra Constitución. Por eso, desde este rincón personal y generacional hago un humilde pero apasionado llamamiento a todas las organizaciones y movimientos sociales para que con el horizonte puesto en 2028 la reforma de la Constitución deje de ser un desiderátum de la sociedad y se transforme en un auténtico mandato.