La Constitución, aprobada, aunque con mayor índice de abstención de lo previsto

La Constitución fue aprobada ayer por la mayoría de los españoles, si bien se produjo un elevado porcentaje de abstenciones, que según los últimos resultados facilitados por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, superaban el 33%. Sobre el total de votos emitidos, los síes significaban un 87,16%. En definitiva, los votos afirmativos suponen un 58% sobre el total de votos que habían sido escrutados a las dos de la madrugada. Según informaciones obtenidas por EL PAÍS, la Constitución puede ser promulgada hacia el 26 de diciembre, y antes de fin de año Adolfo Suárez optará entre la votación de investidura o la disolución de las Cámaras.

A las dos de la madrugada, la proporción entre abstención y votantes, cuando se llevaba escrutado un 38,73% sobre el total del censo, era del 66,55% de votantes y de un 33,44% de abstenciones, según la información facilitada a esa hora por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Sobre el total de votos emitidos, los síes suponen un 87,16 %; los noes un 8,5 8 %; los votos en blanco, el 3,52%, y los votos nulos, el 0,72%. El señor Martín Villa comenzó su información manifestando que los españoles «estamos de enhorabuena» y que el margen de votos con el que se había aprobado la Constitución era superior al exigido por las normas legales. «Los es pañoles -dijo el ministro del Interior- hemos votado por abrumadora mayoría la Constitución». Rodolfo Martín Villa expresó su felicitación y su agradecimiento los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a las Fuerzas Arma das, que habían colaborado con el Gobierno. El ministro, a continuación afirmó que, según sus datos, en Guipúzcoa había votado el 40 % del censo y en Vizcaya algo más de esta cifra porcentual. Interrogado por el reducido porcentaje que su ponía la aprobación, con respecto al censo se sumaban votos negativos, en blanco y no emitidos, e ministro afirmó que no se podía realizar tal suma. En cualquier país y circunstancia, dijo, no se hace el cómputo que «usted me plantea» ya que la abstención se debe a múltiples circunstancias, que en muchos casos no suponen una opción política. La abstención en el País Vasco, donde sí ha propugna do esa opción un partido, tiene un sentido muy diferente a la que se haproducido ahora y en anteriores elecciones en otras regiones caso de Galicia-, donde ningún partido ha preconizado la abstención. Añadió el ministro, en relación con este tema, las diferencias que se habían producido entre el censo oficial y el censo real, al detectarse cerca de un millón y medio de ciudadanos doblemente censados oficialmente, que habría que considerar a la hora de calcular la abstención real. Al recordarle un periodista los fuertes porcentajes de participación en referendums constitucionales celebrados en Italia y Francia, el señor Martín Villa respondió que sin dudar de la veracidad de las afirmaciones que le hacía el periodista, él podía replicar con cifras de participación en muchos otros referendums. Y que, concretamente en el referéndum italiano citado por el periodista, el número de refrendos era menor proporcionalmente al celebrado ayer en España, aunque la cifra porcentual de votantes hubiera sido superior. Con respecto a esta conferencia de prensa, minutos después de ser retransmitida por Televisión, se recibieron varias llamadas telefónicas en EL PAÍS de ciudadanos que expresaban su indignación por que la misma hubiera sido «recortada» para los telespectadores. Al cierre de los colegios electorales de la provincia de Vizcaya se produjo una guerra de comunicados en la que los partidos mayoritarios (PNV, UCD y PSOE) se atacaron mutuamente entre sí. Mientras UCD y PSOE acusaban al PNV de llevar a cabo una actitud deplorable de coacción a través de los interventores de dicho partido en las mesas, UCD culpaba al PSOE por haber enviado muy pocos interventores y apoderados socialistas. A su vez, el PNV contestó a las críticas anteriores con un comunicado propio, emitido pocas horas más tarde, en que rechazaba las acusaciones «sin fundamento y sin base» realizadas contra sus apoderados e interventores, y afirmaba que se habían limitado a aplicar normas electorales vigentes.