Incompetencia y caos

LA DEMOCRACIA tiene liturgias y mecanismos que se deben cuidar. A unas generaciones que han ejercido contadas veces el derecho del sufragio general hay que darlas, cuando menos, facilidades para que tan saludable y periódíca práctica política no se convierta en un engorro. Ayer miles de ciudadanos que han querido votar no han podido finalmente hacerlo, tras alguna pequeña odisea administrativa, peregrinación por colegios electorales y discusiones con presidentes de mesas. Bien es cierto que el Instituto Nacional de Estadística puso ya el parche antes que la herida, advirtiendo en nota of icíal de las dificultades que ha ofrecido la elaboración del censo electoral. En realidad ayer se votó -increíblemente- sin un censo oficial y cerrado y en el contexto de un notable caos de listados en el que se han producido duplicidades, ausencia de bajas, injustificadas desapariciones de mu chos votantes del 15 de junio y la desordenada incorporación al censo de los nuevos electores entre dieciocho y veintiún años. Todo un ejemplo de desorden, tan rechazable si es intencionado como si no lo es.Las habilidades pára la informática aplicada del Ministerio del Interior son notoriamente reducidas y es de todo punto inadmisible la resignación del Instituto Nacional de Estadística a tropezar con, al menos, un 30% de irregularidades censarías en provincias como Orense. La elaboración constitucional ha sido lo suficientemente lenta como para permitir poner al día una lista tan elemental y necesaria para un país como la de los ciudadanos que tienen derecho de sufragio. Y si este Gobierno no es capaz ni de contar cuántos somos, va a crecer enormemente el escepticismo sobre sus otras habilidades.

En el mismo momento en que se dé estado oficial al recuento del referéndum de ayer, la Junta Central del censo, Interior, Estadística, deben poner los medios para actual izar y ordenar el listado de votantes desde los dieciocho años y someterlo a todas las comprobaciones necesarias antes de la convocatoria de unos nuevos comícios. Someter al ciudadano a una, quizá, excesiva presión psicológica sobre su derecho-deber de voto y conducirlo a una peregrinación kafkiana por mesas y dependencias en las que no se reconoce su existencia cívicaes un excelente sistema para engordar los argumentos de los partidarios de la abstención. Pero, como es lógico, todas estas innovaciones se deben hacer por personas más eficientes -si sólo fue la eficiencia lo que falló- que las responsables hoy, y más respetuosas del significado de una votación democrática.

En la noche. del 15 de junio de 1977 el Gobierno retrasó conscíenternente las informaciones sobre los resultados electorales ante el avance, para ellos imprevisible, de la izquierda. En la noche del 6 de diciembre de 1978, tres horas más tarde de ser cerrados los colegios electorales, el eficiente equipo del Ministerio del Interior era incapaz de ofrecer datos fiables sobre el porcentaje de votación en el referéndum y ofrecía informaciones obviamente mutiladas a través de televisión. La impresión generalizada en las redacciones es que la Constitución ha sido aprobada ampliamente, pero también que la abstención fue mayor de lo previsto. Esta evidentemente es una noticia que empaña en cierta medida el panorama. Pero lo que más lo empaña es el aparente deseo de esconder la cabeza como los avestruces: si la democracia tiene un valor, es porque las urnas hablan, incluso cuando no nos gusta lo que dicen.