Primera reflexión

AUNQUE LOS resultados completos del referéndum constitucional sólo se conocerán después de la aparición de este periódico, existen ya datos suficientes para hacer un primer balance de la jornada de ayer. Como cuestión previa hay que rechazar cualquier comparación, de Votos afirmativos o de participación en las urnas, entre la consulta del 6 de diciembre de 1978 y los plebiscitos del pasado realizados sin libertad de expresión y computados sin la menor garantía. El único elemento en común, como ya indicamos en su día, ha sido la abusiva utilización de los medios de comunicación estatal, especialmente la televisión, en apoyo del voto afirmativo. En la estimación de los resultados finales no se debe descartar demasiado a la ligera el efecto negativo de «boomerang» de una propaganda avasalladora, erróneamente concebida y mal instrumentada; el empleo de sistemas publicitarios del antiguo régimen para preparar el clima del referéndum merece todas las críticas inherentes al procedimiento y lleva implícito el riesgo añadido de ahuyentar de las urnas a los ciudadanos.Un análisis político de los resultados exige un comentario diferenciado sobre la especial situación del País Vasco, que sólo será posible hacer cuando conozcamos los datos concretos de afluencia a las urnas. Pero, con todas las precauciones posibles y a la espera de mayor información, sí es posible hacer una primera reflexión sobre los resultados generales conocidos hasta ahora.

En primer lugar, y aun con las lógicas y elementales desviaciones de cálculo, la distribución entre los síes y los noes pone de manifiesto los perfiles y el volumen de los españoles que rechazan las instituciones democráticas y se pronuncian a favor del restablecimiento del autoritarismo. Restando el voto negativo del País Vasco, las papeletas del no identifican prácticamente el número de electores dispuestos a apoyar a la ultraderecha en las urnas. Constituyen, pues, una clientela respetable como toda minoría -siempre que no trate de imponer por la fuerza su voluntad al resto de sus compatriotas-, pero poco importante. Por lo demás, el otoño de 1978 y las vísperas sangrientas del referéndun constitucional han marcado el momento de apogeo de la ultraderecha, cuya suerte no podrá por menos de declinar a menos que el Gobierno y la oposición parlamentaria acumulen nuevos errores.

Para la apuesta en favor del sí a la Constitución, el adversario más temible no era, sin embargo, el voto negativo, sino la abstención. Y hay que decir que el resultado del referéndum ha marcado, en este aspecto, un contratiempo para quienes creemos que la consolidación de las instituciones democráticas tiene como único valedor el apoyo popular. Una abstención estimada del 30% -fuera del País Vasco- merece una reflexión sería por parte de todos los demócratas, y muy en especial de la clase política. Las imperfecciones del censo pueden esgrimirse como factor técnico neutral de la abstención, al igual que la mala organización de los colegios y la pésima información sobre la mecánica de la votación, especialmente necesaria para una opinión pública con práctica democrática. Pero estas son causas que, como las enfermedades o ausencias, explican sólo esa abstención por así decirlo natural, que se da en todas las consultas electorales de los países democráticos y que se incrementa con ese núcleo irreductible de personas para quienes la vida pública se mueve en un planeta lejano y misterioso.

Los errores administrativos y mecánicos o la falta de entrenamiento electoral podrían, tal vez, esgrímirse para explicar que el porcentaje de abstención del día de ayer haya sido superior al previsible. Pero el razonamiento no termina de ser convincente.

Es preciso, pues, plantear la abstención en términos estrictamente políticos. La canipaña por la abstención actíva, protagonizada fuera del País Vasco por grupos situados en la izquierda extraparlamentaria, ha actuado fundamentalmente sobre los seguidores de esas siglas que votaron el 15 de junio de 1977. El arrastre de esos grupos se ha limitado a su reducida clientela que forma sólo una parte mínima de la abstención; pero además estos desertores ocasionales de las urnas volverán a ellas en los comicios municipales o generales.

El problema queda desplazado, de este modo, a los sectores de la opinión pública menos politizados, para quienes la convocatoria a refrendar la Constitución no ha sido aliciente suficiente para acudir a las urnas. La ratificación ante éstas de un nuevo sistema de libertades y de derechos tan amplio como el que establece la Constitu ción ha sido desgraciadamente contemplada con indife rencia por cientos de miles de españoles que, sin mostrar se partidarios de ese regreso dl franquismo que iba sellado con el no, tampoco han considerado de su competencia la aprobación de un régimen democrático. Todos tenemos que respondernos, como es obvio, a esa interrogante abierta por la abstención, y que señala el distanciamiento entre la clase política y las preocupaciones populares. El consenso y la política en la cúpula de los dirigentes de los partidos seguramente han sido males necesarios para el desmantelamiento del franquismo. Necesarios, pero males a los que nadie debe intentar hacer pasar por virtudes.

El resultado del referéndum, fuera del País Vasco, enseña que la nostalgia del antiguo régimen y el golpismo ensoñador no poseen definitivamente, en este país, bases populares y sociales sólidas. La cosecha de noes no ha merecido los dineros y los esfuerzos de sus sembradores. Pero la consulta de ayer también muestra la necesidad de sacar de los despachos el control de la vida pública, de vencer las tendencias a la privatización y a la indiferencia mediante el único método válido: sometiendo las grandes cuestiones de nuestro presente y de nuestro futuro al debate de la opinión pública, haciendo que los ciudadanos -y no sólo un reducido grupo de sus representantes participen en la adopción y en la realización de las decisiones, dando vida real al cuadro de nuestras proyectadas instituciones democráticas. La renovación de la vida municipal debe hacerse apurando los plazos al máximo, a fin de que los vecinos de las aldeas, pueblos y ciudades españoles puedan tocar, por fin, con sus manos la mate rialización concreta y próxima de la soberanía popular dentro del ámbito de su existencia cotidiana. Y las elecciones generales a Cortes no podrán demorarse tampoco so peligro de colocar al régimen en un proceso de deterioro respecto a su basamento popular. Exactamente el ambiente que desean las minorías desplazadas por las urnas para ganar el protagonismo de la violencia.