PP y PSOE abren la reforma constitucional entre alabanzas al consenso político

La tercera reforma de la Constitución en 45 años ilustró este martes la espiral de contrasentidos en que se enreda a menudo la política española. Después de cinco años varada, en buena medida por las reticencias del PP a tocar nada de la Ley Fundamental, la reforma del artículo 49 para cambiar el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad” se tramitará por el procedimiento de urgencia, a instancias del propio PP. En el clima político más enconado que se recuerda desde el fin de la dictadura, se entonaron dulces cánticos en el hemiciclo para ensalzar las virtudes del consenso, sobre todo en boca de los dos grandes partidos que dirimen a diario una batalla sin cuartel. El proyecto pasó el primer trámite, el de su toma en consideración, con la única disonancia de Vox, que se abstuvo frente al apoyo de todos los demás.

El pleno del Congreso para aprobar el primer trámite de la levísima reforma constitucional empezó con sorpresa. En defensa del proyecto se subió a la tribuna del Senado —la sede de la Cámara baja sigue en obras— el líder del PP en persona. Su partido, bajo el mandato de Pablo Casado, había bloqueado la reforma, reclamada con insistencia desde hace años por los colectivos de afectados, bajo el argumento de que no se podía tocar ni una coma de la Ley Fundamental para no dar satisfacción al independentismo, ni siquiera con el mero objetivo de reemplazar una palabra que los afectados consideran ofensiva.

Alberto Núñez Feijóo corrigió esa posición y pactó el pasado 22 de diciembre con el presidente Pedro Sánchez poner en marcha la reforma. Exigió, eso sí, el procedimiento exprés, a fin de no dar margen a que los nacionalistas periféricos pusiesen sobre la mesa sus demandas. Y este martes se erigió en gran artífice del proyecto. Feijóo dejó traslucir muy claramente su intención: a pesar de que sigue bloqueando la reforma del Poder Judicial, a pesar de los propósitos antidemocráticos que a diario atribuye al Gobierno, a pesar de su apuesta por la movilización continua en la calle, el líder del PP quería mostrarse como un hombre de consenso. Un dirigente que aboga por grandes acuerdos como este, en los que “la política alza el vuelo sobre la refriega cotidiana y los intereses personales”, en los que se descubre “un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido”.

Al tiempo, Feijóo quiso dejar claro que la retirada del “anacrónico” término disminuidos es solo una muestra del compromiso de su partido con la vigencia de la Ley Fundamental. El líder del PP dividió el mapa político español en tres bandos según su actitud respecto a ella. Y aunque no dio nombres tampoco dejó dudas de a quien se refería: los que quieren “romperla” (los socios del Gobierno), los que “la burlan” (el Gobierno mismo) y los que “la defienden” (su partido).

El Ejecutivo evitó devolver sus tácitos reproches a Feijóo. Y por momentos hasta parecieron oírse acordes de la vieja melodía del bipartidismo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también ensalzó las maravillas del consenso y resaltó que esta pequeña reforma sirve “para poner en valor nuestra Constitución”. “Nos gustaría que este fuese el primero de los grandes acuerdos. Este es uno de esos momentos que justifican una legislatura”, sentenció Bolaños para cerrar el debate.

La mayoría de los grupos se centró en defender la reforma como un “acto de justicia” y en considerarla un avance para lograr la plena igualdad de las personas con discapacidad. Por el medio, y un tanto de pasada, ERC, Junts, PNV, Podemos o BNG sembraron algunas alusiones a la necesidad, según ellos, de abandonar el “tabú” de las reformas constitucionales. “Tenemos una Constitución congelada”, afirmó Francesc Marc Álvaro, de ERC, quien resaltó que este retoque del artículo 49 demuestra que “el paso del tiempo impacta sobre las leyes y su vigencia”. “La Constitución alemana se ha tocado 60 veces y la cúpula del Reichstag no ha explotado”, ironizó Noemí Santana, de Podemos. Pese a eso, formaciones como ERC y EH Bildu anunciaron su renuncia a presentar enmiendas proponiendo otras reformas en la Ley Fundamental, al contrario de lo que sí hará el PNV.

Brotaron algunas quejas —por ejemplo, del peneuvista Mikel Legarda— porque la reforma se plantease como una iniciativa puramente bipartidista. En eso hasta coincidieron los nacionalistas con Vox. En lo demás, la extrema derecha volvió a situarse en un reducto al margen y detonó su habitual pirotecnia de descalificaciones, de indigno a miserable. Su diputada Lourdes Méndez Monasterio expuso la tesis de que las personas con discapacidad han sido usadas como “mercancía” para “blanquear la existencia de un continuo golpe a nuestro Estado de derecho”.

Los momentos más emotivos estuvieron a cargo del socialista Emilio Sáez, exalcalde de Albacete y con una trayectoria pasada de exitoso atleta paralímpico. Sáez, que sufrió una poliomielitis de niño, relató las sucesivas denominaciones que los documentos oficiales le han ido otorgando a lo largo de su vida: “subnormal” en los años setenta, “inválido” en los ochenta, “minusválido” en los noventa… Tanto él como Lander Martínez, de Sumar, recordaron que las personas con discapacidad suman hasta el 10% de la población.

Hace seis días, tras el tormentoso debate para la aprobación de tres decretos gubernamentales, el hemiciclo era una olla a presión. Este martes el pleno acabó con los diputados del Gobierno y del PP vueltos hacia la tribuna para ovacionar a los colectivos afectados. Allí todo era emoción y felicitaciones. Algunas expresadas con palabras y otras con lenguaje de signos.