La reforma fiscal, en el alero

La atropellada sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso en la que fracasó buena parte del paquete de reformas fiscales propuestas por el Gobierno, tras una negociación a varias bandas que se prolongó hasta la medianoche, será citada como una síntesis perfecta de todas las dinámicas que dificultan esta legislatura y que no parecen tener fácil solución a corto plazo. El Gobierno de Pedro Sánchez se sostiene en un precario equilibrio en que necesita todo el tiempo todos los votos de sus socios a la vez. Conviene en cualquier caso no dramatizar en exceso negociaciones agónicas como esta y pactos logrados en el último minuto, algo habitual en países con sistemas políticos fragmentados o en cumbres de la UE, cuando hay que ahormar posiciones muy distantes. Especialmente con algo tan divisivo e ideológico como los impuestos.

El Gobierno recalcó ayer que es consciente de la realidad de tener que negociar a múltiples bandas en un Parlamento complejo. Si es así, sorprende que los dos socios de la coalición se hayan precipitado a querer transformar una decisión imprescindible y para la que existía amplio consenso (hasta del PP), la trasposición de la directiva europea sobre la tributación de las multinacionales, en una panoplia de medidas fiscales con la que relanzar los Presupuestos. España lleva un año de retraso en la fijación de un tipo mínimo del 15% a las grandes multinacionales, una exigencia de Bruselas que debe estar aprobada antes de finales de año. Eso era todo lo que había que aprobar, y no había ninguna dificultad en ello.

La mayoría que sostiene al Gobierno progresista cuenta con los apoyos de dos partidos conservadores en materia fiscal, Junts y el PNV, reacios a crear nuevos impuestos o elevar los ya existentes, incluso contra la posición de organismos como el FMI, que recomendó hace unos meses reformas estructurales que graven más las rentas del capital para reducir la creciente desigualdad.

Aunque queda margen de negociación hasta la votación en el pleno del Congreso de mañana, debilita la imagen del Ejecutivo haber pactado una contradicción palmaria: con Junts, eliminar el impuesto a las energéticas, y con sus socios de izquierda (ERC, Bildu y el BNG), prolongarlo. La forma de cuadrar ese círculo puede ser acordar exenciones a las inversiones verdes, aunque eso puede provocar problemas con formaciones como Podemos.

El Gobierno comenzó la negociación del paquete fiscal con Junts y el PNV pensando que, desde su posición ideológica, eran los votos más difíciles de conseguir. Visto el resultado, ha sido un claro error de estrategia, pues ha dado a Junts una nueva posibilidad de presionar al Ejecutivo. El partido de Puigdemont lleva toda esta legislatura con un programa de máximos, algo que también parece querer Podemos. Resulta comprensible que quieran rentabilizar sus votos, pero no al coste de poner en riesgo políticas económicas y sociales potentes que visibilicen que la democracia mejora la vida de los ciudadanos. En el todo o nada ya se sabe históricamente quiénes son los perdedores. La cada vez más cruda batalla política entre Junts y ERC por la hegemonía en el soberanismo no puede librarse a cuenta de políticas que afectan al conjunto de los ciudadanos.

España necesita una reforma fiscal por razones estructurales y, en lo más inmediato, porque en su aprobación se juega 7.200 millones de los fondos europeos. Y necesita unos Presupuestos por estabilidad política y, de manera sobrevenida pero no menor, para abordar mejor la millonaria reconstrucción tras la peor catástrofe natural en décadas. El Gobierno debe trabajar con los mimbres que tiene con más humildad y realismo, pero todos los implicados han de ser conscientes de lo que está en juego y actuar con la consiguiente responsabilidad.