El camino para reducir la desigualdad en España

En los últimos años se está produciendo una sorprendente reducción de la desigualdad en nuestro país. La fallida estrategia de austeridad frente a la crisis de 2008 provocó una desigualación hacia abajo: a quienes más empobreció aquella crisis fue a los hogares de menor renta. En contraste, la respuesta a la pandemia y al reciente proceso inflacionario es la historia de una igualación hacia arriba: los más pobres son quienes más han incrementado sus ingresos desde 2020. Esto está permitiendo cerrar la brecha social que se abrió después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, si bien es cierto que la mayoría de las familias no han recuperado aún el nivel de vida de hace 15 años.

El incremento del salario mínimo en 2019 fue el pistoletazo de salida para una reorientación de la política sociolaboral que está transformando nuestro Estado de bienestar. El despliegue de los ERTE en pleno confinamiento previno una destrucción de empleo que hubiese derivado en una auténtica dislocación social. La aprobación de la reforma laboral de 2022 está reduciendo la precariedad de los nuevos puestos de trabajo creados. Por su parte, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV), con todas sus limitaciones, ha profundizado la capacidad de prevención de la extrema pobreza que tienen las prestaciones de la Seguridad Social. A su vez, la indexación de las pensiones contributivas al IPC y el aumento, por encima del encarecimiento de los precios, de la cuantía del SMI y de las prestaciones sociales no contributivas han supuesto una importante protección frente a la inflación.

Así, el patrón distributivo de la economía española está transitando hacia uno de menor desigualdad de mercado y, al mismo tiempo, una mayor eficacia redistributiva de las políticas públicas. Como resultado, la desigualdad de ingresos se sitúa ya por debajo de la de 2008. No obstante, España se encuentra aún entre los 10 países con mayor desigualdad de la Unión Europea, con la segunda mayor tasa de pobreza infantil y una pobreza laboral del 13%.

Esto es en buena medida consecuencia de las dificultades de acceso a la vivienda que sufren cada vez más segmentos de nuestra sociedad y que están acabando con uno de los pocos elementos diferenciales, en positivo, de nuestro patrón distributivo: históricamente, la mayor implantación del régimen de vivienda en propiedad confería a nuestro país una menor desigualdad relativa en el reparto de riqueza. Sin embargo, la reorientación de la inversión financiera hacia el sector inmobiliario ha degenerado en un nuevo rentismo que está aspirando una proporción cada vez mayor de los ingresos de las familias trabajadoras. De este modo, la desigualdad del patrimonio se está entrelazando con la de la renta, mermando un derecho, el de la vivienda, que es básico para la inclusión social.

Por otro lado, la revisión de las cifras del PIB ha dejado al descubierto la brecha de ingresos públicos que aún nos separa de Europa. Las medidas tomadas los últimos años (impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas; aumento de los tipos impositivos para las rentas del capital; destope parcial de las cotizaciones sociales, etcétera) han ampliado la progresividad del sistema tributario. Sin embargo, las limitaciones sobre el gasto público, derivadas de las nuevas reglas fiscales europeas, amenazan las inversiones indispensables para responder a problemas acuciantes, como la pobreza infantil o la necesaria transformación de nuestro modelo de cuidados.

Para afrontarlos es urgente, antes que nada, universalizar la protección social a la crianza, combinando el desarrollo de prestaciones focalizadas (como el complemento de ayuda para la infancia del IMV) con la extensión a todas las familias con hijos de las deducciones fiscales reembolsables (como la deducción por maternidad en el IRPF). Asimismo, pasados cuatro años desde su creación, es hora de emprender una reforma en profundidad del IMV, tal y como han planteado la Airef y todos los expertos en rentas mínimas.

La mejora del sistema de protección social debe ser paralela a la activación de la reforma fiscal integral que el Ministerio de Hacienda dejó aparcada después de la presentación del Libro Blanco en 2022. Para avanzar en ella, es imprescindible lograr cuadrar el círculo del acuerdo entre las distintas fuerzas parlamentarias que componen el bloque de investidura. El establecimiento de un mínimo del 15% (sobre el resultado contable) en el impuesto de sociedades, la supresión del régimen fiscal de las socimis y la aplicación de un IVA del 21% a los pisos turísticos, propuestas pactadas por los socios de gobierno, serían pasos en la buena dirección que deberían servir para compensar una posible renuncia al impuesto a las energéticas.

Por último, sería deseable establecer un mínimo no bonificable en el impuesto de sucesiones y donaciones, similar al que ha servido para frenar la competencia fiscal a la baja de las comunidades autónomas en el de patrimonio. Los ingresos logrados permitirían financiar las grandes necesidades, presentes y futuras, que tiene el sistema de atención a la dependencia.