La pobreza infantil cuesta más de 63.000 millones de euros al año en España

63.079 millones de euros. Este es el coste anual de la pobreza infantil en España, unos 1.300 euros por persona, una magnitud que equivale al 5,1% del PIB español de 2019. Estas son las principales conclusiones de un estudio, publicado este lunes y que mide, por primera vez, el impacto económico del problema. El informe, coordinado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, impulsado por Fundación “la Caixa” y redactado por la Universidad de Alcalá (Madrid) y la Pompeu Fabra de Barcelona, subraya que calcular el coste de la pobreza infantil permite “dimensionar mejor la inversión y las medidas necesarias para combatirla” y que la estimación “elevada” que desprenden sus páginas indica que los recursos destinados, “si se hace de forma eficiente y desde edades tempranas, tiene un alto retorno económico y social”. Los resultados del estudio, según las autoras, muestran que frenar la pobreza infantil, además de ser una cuestión de justicia social, también lo es de “inteligencia colectiva”, ya que “crecer en pobreza tiene costes a largo plazo, no solo a nivel individual, sino también para el conjunto de la sociedad”.

“La conclusión es demoledora”, ha lamentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la presentación del informe, en la que también ha subrayado que es una “terrible injusticia que el destino de un ser humano esté marcado de antemano por el lugar en el que viene al mundo”. Al evento, en el auditorio de CaixaForum en Madrid, también ha acudido la vicepresidenta Nadia Calviño y el alto comisionado, Ernesto Gasco.

En nuestro país, más de dos millones de niños vivían bajo el umbral de la pobreza antes de que estallara la pandemia, el 27,3% de todos los menores en España. En el ranking europeo sobre esta materia, solo están por debajo Rumania y Bulgaria. Del mismo modo, señala este estudio, casi uno de cada cuatro niños vive en una situación de pobreza crónica, problema que creció más de un 70% entre 2006 y 2016. “La pobreza infantil en España se ha vuelto, por lo tanto, mucho más crónica de lo que era a principios de este siglo”, explican las autoras del informe, Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, y Libertad González, profesora de la Universidad Pompeu Fabra.

Para extraer estos datos, el estudio ha combinado diversas bases de datos de entre 1994 y 2019 para relacionar la situación de las personas adultas de entre 26 y 40 años en 2019 con la situación económica del hogar en el que vivían cuando eran adolescentes —por ejemplo, datos de 1999 para una persona que en 2019 tenía 34 años—. “De esta manera, se construyen indicadores estándar referentes a la incidencia de la pobreza en términos monetarios: vivir en un hogar por debajo del 60% de la renta mediana de país (pobreza moderada) o por debajo del 40% si se quiere estudiar los efectos de una pobreza más severa”, destaca el documento.

Luego, para cuantificar los costes directos e indirectos de la pobreza infantil, los autores han tenido en cuenta dos indicadores: la situación laboral y el estado de salud. Para la medición del impacto de la pobreza infantil sobre la situación laboral en la edad adulta, el estudio ha englobado el empleo y los salarios de forma conjunta, para utilizar como variable principal los ingresos laborales totales.

Como primer resultado, las personas que han estado en situación de pobreza en sus primeros años de vida ganan, en promedio, 5.130 euros brutos menos al año. Resultado, señala el documento, de la falta de consolidación de los niveles de estudios y que provoca “menores ingresos laborales” en el futuro. “Las personas que en su adolescencia estuvieron en situación de pobreza tienen un 28% menos de probabilidades de alcanzar un nivel de estudios superior”, apunta el texto, que añade que esas personas también tienen un 12% menos de probabilidades de trabajar con contratos indefinidos y un 14% más de hacerlo con contratos temporales.

Esta reducción de los “ingresos potenciales” tiene un efecto negativo en la recaudación de los impuestos sobre la renta (IRPF) y las cotizaciones sociales. “El Estado recauda casi 3.000 euros menos por persona en impuestos y en cotizaciones relacionadas con el trabajo a causa de la pobreza infantil”, destaca el estudio.

En cuanto a los efectos negativos que la pobreza causa a la salud, este estudio se centra en dos problemas específicos, la obesidad y la depresión, ya que “permite una interpretación más directa de los efectos estimados sobre la salud y proyectar recomendaciones más concretas de políticas públicas”. Una de las conclusiones es que la pobreza infantil se asocia con un 30% más de probabilidades de tener mala salud en general, un 36% más de padecer exceso de peso y un 12% más de tener depresión en la edad adulta.

En cuanto al coste monetario, se incluyen las visitas médicas, diagnósticos, tratamientos preventivos o de rehabilitación, incapacidad temporal, pérdida de productividad y muerte prematura. “Sumando los costes sanitarios y los asociados a la pérdida de calidad de vida, se estima que el coste total del exceso de peso es de unos 5.500 millones de euros anuales y de unos 579 millones de euros en el caso de depresión”, muestra el informe. En total: 6.079 millones de euros, un 0,5% del PIB.

Otro dato interesante es el entorno de los niños que viven en situación de pobreza. Antes de la crisis económica de 2008, casi uno de cada dos vivía en el sur de España. La distribución ha cambiado y actualmente uno de cada tres niños viven en algunas de las regiones más ricas, como Cataluña —que ha pasado del 10% al 19%— o en la Comunidad de Madrid —del 13% al 17%—.

Políticas públicas, una herramienta fundamental

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil señala el objetivo de reducción de la pobreza infantil —que marca el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea 2022-20230— para poner una perspectiva a los datos del informe: alcanzar una reducción de nueve puntos para 2030, según los resultados de este estudio, se traduciría en ganancias sociales por valor de 21.000 millones de euros anuales, un 1,7% del PIB.

Las políticas públicas, según las autoras, “son una herramienta fundamental”. Son particularmente determinantes la eficacia y la dimensión de las políticas educativas, sanitarias, fiscales y de transferencias monetarias, tanto para el bienestar de las familias como de las diferentes entre ellas. “Las políticas de protección a la infancia, necesarias para romper el círculo de la pobreza, deben cubrir necesidades sociales básicas ligadas a bienes preferentes como alimentación, vivienda, educación y salud, fundamentales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”, especifica.

Por ello, prosiguen las autoras, conocer el valor monetario agregado de la pobreza infantil permite definir estrategias cuantificables: “¿Cuánto ganaría —o dejaría de perder— una sociedad si se llevaran a cabo políticas que redujeran o eliminaran la pobreza en la infancia y la adolescencia? Comprender tanto el problema y sus consecuencias como los costes económicos que genera facilita trabajar en su solución”.