Estar a la altura de los valencianos

Doce días después de que un episodio de gota fría sin precedentes en este siglo se llevara por delante al menos 214 vidas en Valencia, decenas de desaparecidos y dejara pueblos enteros devastados por el agua y millonarios daños materiales, la creciente indignación de la sociedad valenciana cobró forma este sábado en una manifestación en la capital que se replicó también en otros lugares como Alicante. La manifestación se celebró de forma pacífica, pero no en silencio como pedían sus convocantes. Acudieron 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno, para pedir a gritos la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su nefasta gestión de la catástrofe y los intentos de ocultar la cadena de incompetencia en la jornada del 29 de octubre y los momentos críticos en los que había que tomar decisiones ante el peligro. Los manifestantes convocados por organizaciones sociales y sindicatos exigieron la depuración de responsabilidades políticas por “una cronología contrastada por los servicios meteorológicos”, como la Aemet, que habían decretado la alerta roja por la mañana temprano mientras el Gobierno regional permitió que la vida laboral y escolar continuara sin un aviso general a la población que no llegó hasta pasadas las ocho de la tarde.

Muchos de los manifestantes habían trabajado como voluntarios por la mañana en alguno de los 80 municipios afectados por la dana que aún luchan contra el lodo y la putrefacción en las calles. Su papel está siendo decisivo en la respuesta a la crisis. La ola de solidaridad ciudadana inmediata tras las inundaciones del pasado 29 de octubre reflejan el pulso cívico de la sociedad valenciana y española, que se ha hecho cargo de la magnitud de la tragedia con mayor rapidez que sus autoridades. En el manifiesto leído al final de la manifestación se denuncia que el pueblo valenciano se vio abandonado a su suerte durante cinco días y critica al Gobierno español por no haber “presionado de manera contundente e inmediata al Ejecutivo valenciano ante su inacción”.

Las costuras de la indignación social ya saltaron hace una semana cuando los Reyes y los presidentes del Gobierno y de la Comunidad Valenciana acudieron a Paiporta. Y ese sentimiento ha ido a más al conocer que el día de la catástrofe, cuando había alertas rojas meteorológicas desde el amanecer, el presidente Mazón pasó horas comiendo en un céntrico restaurante de Valencia para ofrecer la dirección de la televisión autonómica a una periodista. Que el propio president considere que esa cita disculpa su ausencia da la medida de la distancia entre su manera de entender la responsabilidad y lo que su sociedad demanda. Cuando Mazón decidió interesarse por la emergencia, la situación ya era de colapso. En ese tiempo, la consejera responsable de gestionar la catástrofe dejó patente su desconocimiento de las competencias de su área. En su huida hacia adelante para justificarse, Mazón publicó un SMS que le envió la vicepresidenta Teresa Ribera a las 20:20 de ese día tras no lograr hablar con él por la tarde. El mensaje, en realidad, dice que el Gobierno central estaba “pendiente y preocupado” y le ofrecía toda la ayuda.

El PP no ha apoyado expresamente a Mazón pero ha puesto en marcha su conocido ventilador de acusaciones a otros en las tragedias. Es evidente que solo trata de ganar tiempo para intentar contener la profunda crisis política que afronta en la Comunidad. No sabemos aún cuantas responsabilidades habrá que depurar y harían mal todos los partidos y las instituciones en creer que la indignación ciudadana se limita a los territorios afectados. El conjunto de la sociedad española ha sufrido una gran conmoción y van a ser necesarios muchos esfuerzos y mucha clarificación para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en sus gobernantes.