Apoyo rotundo a Ucrania

El Gobierno español ha dado a Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, los máximos honores en su viaje a Madrid para firmar el acuerdo de seguridad que garantiza a Kiev el suministro de armamento y munición de fabricación española por más de 1.100 millones de euros, el mayor de este tipo que haya rubricado España. El Rey recibió en persona a Zelenski y resumió así la trascendencia del viaje: ratificar el compromiso de mantener la ayuda española “hasta que cese este ataque no solo contra Ucrania, sino contra la comunidad internacional en su conjunto”.

Es el décimo acuerdo internacional de este tipo que firma Ucrania, fruto de una recomendación del G-7, bajo el patrocinio financiero de la UE. Además de proporcionar ayuda militar urgente ante la ofensiva de primavera lanzada por Putin, sirve para estrechar las relaciones de los aliados atlánticos con su futuro socio de la OTAN. El mensaje de los aliados, al que se añade ahora España, se dirige especialmente a Rusia, justo cuando está acrecentando sus bombardeos sobre objetivos civiles. Ucrania no se quedará sola mientras se encuentre bajo el ataque ruso, ni siquiera si se produce un cambio en la Casa Blanca en noviembre que conduzca al distanciamiento de Estados Unidos.

El documento firmado tiene una vigencia de dos años prorrogables a tres. No es un tratado bilateral, sino un memorándum de entendimiento. Según aseguró Sánchez en la rueda de prensa, esta cuestión formal no resta fuerza política ni compromiso al acuerdo, pero es con lo que justifica no llevar al Congreso de los Diputados una decisión de esta envergadura. El Ejecutivo se ahorra así una nueva exhibición de las divergencias con Sumar, su socio de coalición, y el debate con una oposición que, más allá del legítimo derecho a discrepar, convierte cada cuestión en un memorial de agravios esencialista. Es un lamentable déficit más de nuestra democracia parlamentaria, ocupada siempre en asuntos a veces irrelevantes que sirven para la confrontación, en vez de la construcción de consensos sobre los temas de Estado. Si hay un territorio político especialmente necesitado del debate público y de la deliberación democrática es el de la política exterior, donde Pedro Sánchez ha invertido mucho esfuerzo, pero con el déficit de grandes debates parlamentarios y ofertas de consenso que corresponde hacer, en primer lugar, al Ejecutivo.

El Gobierno de coalición ha conseguido eficacia a costa de pasar de puntillas sobre los disensos en materias a veces muy sensibles, incluso, como ahora, sin transparencia dentro del Ejecutivo. Sumar asegura que desconocía el destino de esta partida presupuestaria. Si ha avanzado en sus propósitos ha sido gracias a la concentración casi exclusiva de la política exterior en manos del presidente, lo que no ha evitado que afloren las divisiones dentro de la coalición y de la mayoría de investidura, y a eludir la obligada oferta de acuerdo al PP en cuestiones que exigen continuidad de Estado. Y a partir de ahí que cada uno asuma su responsabilidad. Esta falta de debate y transparencia deja mermadas sus impecables posiciones multilateralistas en defensa de la legalidad internacional, tanto ante la invasión rusa de Ucrania como ante el castigo desproporcionado de Israel a la franja de Gaza, dos guerras igualmente injustas.