Más agilidad para construcción de vivienda

El problema social de primer orden en el que se ha convertido el precio de la vivienda en España, especialmente en régimen de alquiler en las grandes capitales, exige una respuesta compleja desde varios ángulos, ninguno de ellos con solución a corto plazo. Una parte del diagnóstico que admite poca discusión es la falta de oferta. En una reunión con el Gobierno en La Moncloa el pasado jueves, representantes de los profesionales de la construcción y la promoción inmobiliaria plantearon una cuestión troncal para el sector: las licencias de obra en España tardan demasiado en tramitarse. Los periodos de aprobación pueden superar un año en muchas ciudades. La lentitud burocrática se traslada a los precios, que se encarecen cuanto más tardan en ejecutarse los proyectos.

El Gobierno respondió con el anuncio de una modificación normativa para favorecer los permisos más ágiles. La competencia es fundamentalmente local y algunos ayuntamientos ya han creado nuevas modalidades de licencias de obra simplificadas. Estas no suprimen la obligación de obtener posteriormente la pertinente licencia urbanística para el proyecto, pero sí autorizan a empezar a construir mucho antes y con menos requisitos. Muchos promotores no podían conseguir financiación por no contar con la licencia urbanística propiamente dicha. En concreto, el Ejecutivo reformula la orden del Ministerio de Asuntos Económicos que regula las normas de valoración de bienes inmuebles, de 2003, para adaptarla a la realidad actual.

“El principal problema es la falta de oferta y hemos de construir”, declaraba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en EL PAÍS este domingo para explicar los cambios en la tramitación de permisos. El Gobierno asegura que al agilizar la construcción para ampliar la oferta de vivienda no se repetirán los errores de principios de este siglo que alimentaron la burbuja inmobiliaria que en 2008 se llevó por delante la economía española. Es cierto que el sector ha incorporado las lecciones aprendidas de entonces, pero no se puede relajar la vigilancia para evitar el desenfreno inmobiliario y financiero de aquel momento que tanto sufrimiento provocó después sin resolver el problema. La simplificación de la burocracia no puede conducir a la desregulación por la desregulación.

En España se acaban cada año menos de la mitad de casas que a principios de los años noventa, con un 20% más de población. Bienvenida la iniciativa de agilizar el mercado por la oferta. Pero el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional, no solo un problema de mercado. El debate está maduro y las necesidades son urgentes. Cuestiones como limitar los pisos turísticos, regular el alquiler temporal o el alquiler de habitaciones, poner en marcha los avales hipotecarios para jóvenes y desarrollar más vivienda pública son políticas que deben pasar ya de las palabras a los hechos.