El Ejecutivo agilizará la construcción de vivienda favoreciendo las licencias rápidas para promotores

El Gobierno prepara medidas para fomentar la inversión en construcción y aumentar así la oferta de vivienda. El Ejecutivo tiene diagnosticado que una parte de los malos datos de inversión están directamente relacionados con el retraso de la construcción, lo que lastra el problema de accesibilidad a la vivienda. Para abordar este y otros retos, el presidente, Pedro Sánchez, y los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y Vivienda, Isabel Rodríguez, se han reunido este jueves con representantes del sector, patronal, sindicatos y banca. Al término del encuentro, la ministra de Vivienda ha anunciado que hoy mismo saldrá a consulta pública la modificación de una orden que facilitará la tasación de activos inmobiliarios cuando se usen licencias rápidas para iniciar promociones de vivienda. En el encuentro también se han abordado otras problemáticas, como la falta de mano de obra o la proliferación de alquileres turísticos.

“Hay ayuntamientos y comunidades autónomas que ya están trabajando en la agilidad de esos trámites”, ha señalado Rodríguez en una comparecencia ante los medios para dar cuenta de la reunión. La ministra se ha referido a diferentes fórmulas de licencias básicas (aunque en algunos sitios se pueden llamar “sencillas”, “agilizadas” o términos similares) que sufren “un problema a la hora de obtener la financiación”, porque estas no existían cuando se dictó la orden, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y data del año 2003. Con la modificación de esa orden, el Ejecutivo aprovechará para que en esos criterios de valoración de los proyectos que hacen las tasadoras se contemplen también nuevas formas de construcción (como la edificación industrializada) o se incorporen factores medioambientales.

Este tipo de licencias rápidas exigen menos requisitos que las de construcción habituales, según fuentes al tanto de los planes del Gobierno. Por ejemplo, no piden en una primera instancia el aseguramiento contra incendios. Las han puesto en marcha algunos ayuntamientos, como el de Madrid, y muchos otros municipios están adoptándolas porque son una reivindicación del sector, que se queja de que el largo proceso burocrático encarece la promoción y, por consiguiente, repercute sobre los precios de las casas. Pero hasta ahora no hay unos criterios claros de cómo hacerlas. Y eso dificulta que el tasador pueda darlas por buenas para hacer su valoración, lo que a su vez es fundamental para que, con ella, el promotor acuda a la entidad bancaria y consiga la financiación para arrancar las obras. La ministra ha señalado que la orden también servirá para que Administraciones que aún no las han adoptado “tengan una base en la que inspirarse”.

El Ayuntamiento de Madrid tenía un problema de tramitación de licencias, cuya concesión conllevaba periodos de más de un año en muchas ocasiones. Por eso en 2023 estableció una licencia básica que se limita a comprobar las condiciones urbanísticas, pero que no entra en las instalaciones del edificio, lo que se deja para controles posteriores y acelera el procedimiento. La realidad, sin embargo, es que para obtener una tasación se necesita actualmente el proyecto básico y la licencia completa. Para solventar ese contratiempo, según fuentes del sector, la tasadora estaba dando su valoración condicionada a que más adelante se entregue la licencia completa, lo que permite ir al banco a solicitar financiación, sobre todo cuando se trata de un cliente asiduo. Sin embargo, hay muchos casos en los que esta tasación se considera insuficiente por la entidad.

En su tarea de agilizar la construcción, el Ejecutivo ha adoptado otras iniciativas como llevar al Congreso la reforma de la ley del suelo, que se quedó colgada la pasada legislatura. Eso, ha recordado Rodríguez, va a permitir corregir defectos formales del plan urbanístico sin que este tenga que decaer por completo y tener que iniciarse desde cero, como podía ocurrir. También se evita que cualquier ciudadano esté legitimado para denunciarlo y se elimina la posibilidad de que ese procedimiento se retire a cambio de una contraprestación económica, algo que generaba denuncias interesadas. Todo ello, cree el Ejecutivo, brindará seguridad jurídica para los promotores. Otra pata será buscar fórmulas para atraer trabajadores al ladrillo, la principal queja que ahora mismo tiene el sector. La ministra se ha referido a especialmente a la “atracción de jóvenes y mujeres”.

“Limitar” los pisos turísticos

En la reunión de este jueves también se ha puesto sobre la mesa, entre otros asuntos, la regulación de los pisos turísticos. Antes del encuentro, Rodríguez ha señalado en una entrevista en la Cadena SER que es consciente de que entre los diferentes actores que participan del sector inmobiliario existen “intereses contrapuestos”. Pero ha insistido en la necesidad de buscar puntos de encuentro para impulsar la construcción de vivienda, particularmente a precios asequibles. España queda muy lejos del 9% de vivienda social que de media tiene Europa, y el Gobierno se ha propuesto elevar ese porcentaje que hoy se calcula como máximo en el 2,5% del total del parque. La ministra ha insistido en que hay otros elementos que afectan a los precios, y se ha referido específicamente al alquiler turístico, que ha abogado por “limitar” en las zonas de precios tensionados.

El Ejecutivo creó hace meses un grupo de trabajo entre varios ministerios para estudiar medidas al respecto, aunque es consciente de que se trata de una materia transferida a las comunidades autónomas. “No quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda”, ha dicho la ministra en Cadena SER. En su comparecencia ante los medios tras la reunión, ha puntualizado que una posibilidad es llevar medidas a la próxima conferencia de presidentes, en la que participan todos los líderes autonómicos junto con el jefe del Ejecutivo.

Además, en el encuentro se ha acordado, según ha revelado la ministra, celebrar este tipo de reuniones entre el Gobierno y el sector con periodicidad semestral (aunque el presidente del Gobierno iría “al menos” una vez al año). Y también se han debatido iniciativas para agilizar la ejecución de fondos europeos de recuperación relacionados con la vivienda o para incorporar a organizaciones sin ánimo de lucro al alquiler asequible. Es decir, que asociaciones de este tipo puedan captar o ser propietarias de pisos destinados a un arrendamiento más barato que el de mercado.

El encuentro se ha demorado más de dos horas, según varios de los asistentes, en las que las organizaciones han ido desgranando su visión del sector y sus peticiones. La modificación de la orden para agilizar licencias ha sido acogida “muy positivamente” por la patronal de promotores APCEspaña, tal y como su presidente, Juan Antonio Gómez-Pintado, quien ha señalado en un comunicado que la medida “da cumplimiento a unas de las principales reivindicaciones del sector. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha asegurado que “respalda un impulso de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos”. El sindicato CC OO ha valorado las medidas como “positivas”, aunque ha señalado que se necesitan algunas “adicionales” como la regulación de alquileres temporales o la rehabilitación de viviendas vacías. El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), por su parte, ha puesto el foco “en la necesidad de grandes consensos y políticas a largo plazo para intentar paliar el problema del acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible”.

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