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Cataluña y Baleares son las comunidades que construirán más viviendas extra sobre las previstas con fondos europeos

El Gobierno ha firmado acuerdos con autonomías y ayuntamientos para levantar 24.964 casas de alquiler social, frente a las 20.000 que prometió a Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (centro), y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitan junto a otras autoridades una promoción de vivienda protegida, este lunes en Dos Hermanas (Sevilla).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (centro), y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitan junto a otras autoridades una promoción de vivienda protegida, este lunes en Dos Hermanas (Sevilla).Alejandro Ruesga
José Luis Aranda

El plan de alquiler social con cargo a los fondos europeos de recuperación está excediendo las previsiones iniciales. Sobre las 20.000 viviendas que el Gobierno prometió en el primer planteamiento remitido a Bruselas, se han firmado acuerdos (o la firma es incipiente) para levantar 24.964 casas. Es decir, un 24,8% más, pese a que el presupuesto para ello se queda ligeramente por debajo de los 1.000 millones que se habían provisionado. En concreto, los acuerdos alcanzados con comunidades autónomas y ayuntamientos conllevan el desembolso de 994,6 millones, según las cifras que este martes presentará el Ministerio de Vivienda en el Consejo de Ministros, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Dos territorios, Cataluña y Baleares, destacan sobre el resto: la primera contempla un 79% de casas extra sobre las previstas; la segunda, casi un 53%.

En total, Vivienda ha firmado 211 acuerdos con comunidades y entidades locales que se refieren a la segunda inversión del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta es la que hace referencia a la construcción de vivienda de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. El criterio medioambiental era fundamental para que Bruselas aceptara el despliegue de ayudas comunitarias en la promoción de casas. Pese a ello, inicialmente el Ejecutivo asignó 1.000 millones al plan, de los más de 6.000 que acaparaban todas las actuaciones en vivienda, mayoritariamente enfocadas a la rehabilitación. Sin embargo, la acuciante falta de alquileres asequibles que tiene España ha desbordado las previsiones.

El informe sobre la marcha de los fondos europeos destinados a vivienda, que el ministerio presentará este martes al resto del Gobierno a título meramente informativo (aunque con evidente interés ante el calendario electoral en curso), sitúa a Cataluña como la comunidad que liderará las futuras promociones. Se han firmado 93 acuerdos para levantar 5.773 casas. Esto es casi un 78,6% más de lo inicialmente previsto. La inmensa mayoría, 4.763, se ubicarán en la provincia de Barcelona, que será la demarcación que acapare más nueva promoción, aunque no más fondos (125 millones, frente a los 140 de Madrid). Con cifras más modestas, Baleares tiene en cuenta dos acuerdos que contemplan 752 viviendas, un 52,9% más de las planteadas inicialmente. Y en Aragón se levantarán casi un 40% de casas extra.

Por presupuesto, sin embargo, Andalucía es la comunidad que recibirá más fondos: 173,5 millones para levantar 3.734 casas, un 7,5% más de lo planeado. Por volumen, son las comunidades más pobladas las que lógicamente se llevan el mayor número de viviendas y los mayores presupuestos. Con Andalucía y Cataluña, destacan Madrid (ocho acuerdos para levantar 3.564 casas, un 27,2% más de las que se contemplaban en el plan remitido a Europa) y la Comunidad Valenciana (2.363 casas, un 9,2% más). En conjunto, las cuatro mayores comunidades suman un 61,8% de las casas proyectadas, ligeramente por encima de la población que representan (59,6%), según el INE.

Dos territorios más, País Vasco y Canarias, superan las 1.000 viviendas en promociones de alquiler social con cargo a ayudas europeas. Y únicamente La Rioja y Murcia se han quedado por debajo del objetivo inicial: las 125 casas que se harán en la primera son aproximadamente un 90% de las 140 que se esbozaron en los planes del Ejecutivo; en la segunda se llegará al 96%, con 568 casas. Por presupuesto, ninguna autonomía quedará por debajo de lo previsto. 794,8 millones ya han sido transferidos por el Gobierno, que es quien recibe el dinero de Bruselas, a las comunidades. Y cinco de estas (Canarias, Castilla y León, Navarra, Baleares y el País Vasco) ya han recibido el total de los fondos que les corresponden según el reparto acordado en su día.

En total, el ministerio que ahora encabeza Isabel Rodríguez ha recibido propuestas para conveniar 25.924 casas, de las que se harán las citadas 24.968. No obstante, hay margen porque hace un año el Ejecutivo ya expresó su interés de ampliar este plan con más fondos procedentes de la adenda al plan europeo. Aunque el primer paquete de 1.000 millones se considera cerrado desde el 31 de marzo, los planes pasan por destinar hasta 4.000 millones a la promoción de alquiler social y asequible, aunque con participación del ICO, lo que abre la puerta a fórmulas distintas como avales o créditos.

Con la presentación de la marcha de los fondos europeos destinados a vivienda, el Gobierno trata de sacar pecho en plena campaña de las elecciones vascas, tras las que llegarán las catalanas y, ya en junio, las europeas. Hace un año aproximadamente, en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales, el Ejecutivo agitó la bandera de la vivienda y prometió ganar hasta 183.000 casas al exiguo parque social. Con un 2,5% del total casas, según las previsiones más optimistas, España está a la cola de la vivienda pública en Europa, donde la media supera el 9%.

Las 20.000 viviendas con cargo a los fondos europeos estaban incluidas en aquel reguero de promesas. Y seguramente son la parte más exitosa porque, aunque llevará un tiempo que sean una realidad (la promoción inmobiliaria es un proceso que lleva años), la respuesta de las comunidades y los ayuntamientos ha desbordado claramente las previsiones que el Ejecutivo hizo en su día y remitió a la Comisión Europea. Esto contrasta con otras patas de aquellos planes, como la venta de inmuebles de la Sareb a otras administraciones para destinarlas a alquiler social, unos planes en los que apenas se ha avanzado pese a tratarse de viviendas que ya existen.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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